La emergencia sanitaria por COVID-19 abrió negocio para micro, pequeños y medianos proveedores en cuyas filas hay, por lo menos, un exfuncionario público relacionado con la Estafa Maestra, en un contexto en que el IMCO acusa que en México “las compras realizadas para atender la COVID-19 han sido discrecionales y opacas”.
Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno federal ejerció al menos 38 millones 959 mil 244.61 pesos en compras de emergencia por la pandemia de coronavirus en México, de acuerdo con cifras del portal CompraNet al corte del 27 de julio de 2020.
La compra de bienes y servicios incluye los gastos de 21 dependencias de gobierno, a través de 108 contratos públicos cuyo título refiere la prevención y tratamiento de casos de coronavirus, COVID-19 o SARS-CoV-2.
La información oficial indica que, más allá de las compras destinadas a las actividades normales de las dependencias del Gobierno federal, hubo seis grandes rubros de gasto en bienes y servicios por la pandemia: desinfección y sanitización, protección y prevención, laboratorio e investigación, difusión e información, alimentos y despensas, además de infraestructura.
Los casi 39 millones de pesos invertidos por las dependencias gubernamentales involucraron a 73 micro, pequeños y medianos proveedores, entre los que destacan cinco personas físicas y morales que concentraron el 63.6 por ciento del gasto efectuado (24 millones 767 mil 32.67 pesos) en compras de emergencia sanitaria.
La pequeña proveedora Suministros Barak, que se especializa en servicios industriales eléctricos, tuvo los mayores ingresos: 16 millones 116 mil 437.34 pesos por un contrato para la desinfección y sanitización de instalaciones de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).
A ésta compañía le siguió Daniel Aceves Lugo, un pequeño proveedor que vendió 2 millones 561 mil pesos en tapabocas para la AEFCM.
Además están los medianos proveedores Servicios Integrales Magavel, Servicios Integrales Hoem y la empresa Uniparts, que proveyeron servicios de limpieza, bienes de protección personal y de laboratorio al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).
Servicios Integrales Magavel obtuvo el mayor número de contratos entre los 73 micro, pequeños y medianos proveedores de bienes y servicios relacionados con la COVID-19. En total por nueve contratos, la compañía se embolsó 2 millones 362 mil 737.50 pesos. Y en el caso de Uniparts, el cuarto lugar con más número de contratos, el ingreso fue equiparable a 1 millón 744 mil 457.83 pesos.
Por su parte, Servicios Integrales Hoem, “fundada en junio de 2019 por profesionales altamente capacitados en el sector privado y sector público de los 3 niveles de gobierno”, obtuvo un contrato por 1 millón 982 mil 400 pesos relacionados con la provisión de equipo de seguridad personal “derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV-2”.
Aunque las 73 empresas involucradas con 108 contratos del Gobierno federal no cuentan con sanciones registradas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP), destaca el caso de quien se ostenta como director general de Servicios Integrales Hoem desde julio de 2019, Héctor José De la O Chi, relacionado con la llamada “Estafa Maestra” del sexenio pasado.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2017 hubo un desvío de 35.8 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a cargo de la entonces Secretaria Rosario Robles Berlanga.
En un principio, trascendió que el desfalco fue facilitado por De la O Chi, quien fungió como director general de Programación y Presupuesto de la Sedatu, y por el exvocero institucional Gustavo Rodríguez González.
Lo último que se supo al respecto es que el ahora directivo de Servicios Integrales Hoem se amparó y declaró ante las autoridades que su firma fue falsificada con la finalidad de obtener recursos de manera ilícita. Aunque Héctor José De la O Chi no fue hallado culpable y no fue sancionado, su excompañero de trabajo, Rodríguez González, sí fue inhabilitado por autorizar pagos indebidos hasta por 175.4 millones de pesos.
En el portal de declaraciones patrimoniales y de intereses de la SFP, la información acerca de De la O Chi refiere una trayectoria de ocho años de servicio en el sector público.
De noviembre de 2010 a julio de 2013, De la O Chi ocupó subdirecciones en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Entre julio de 2013 y octubre de 2015, el ahora proveedor privado trabajó para la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Robles Berlanga (2012-2015). Y a partir de entonces, De la O Chi laboró tres meses en el Registro Agrario Nacional para después, en febrero de 2016, incorporarse a la Sedatu de Robles Berlanga (2015-2018).
LOS CONTRATOS
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “la ausencia de mecanismos extraordinarios no permite monitorear el destino de los bienes adquiridos de manera oportuna”, ya que “México no cuenta con un protocolo homologado para realizar contrataciones al momento de responder a una emergencia”.
El organismo también indica que a nivel federal, “las compras realizadas para atender la COVID-19 han sido discrecionales y opacas. Más de mil 100 millones de pesos gastados no cuentan con información suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos, las cantidades requeridas y los precios unitarios”, se lee en el informe ¿Compras de emergencia o compras de pánico?
Además para el IMCO, “en Compranet no es posible distinguir entre las compras de emergencia y las destinadas a las actividades normales de las dependencias”. Un ejemplo de ello son los 108 contratos referidos en éste reportaje. Dentro de miles de licitaciones para la adquisición de material médico y de sanitización en lo que va de 2020, dichos contratos son los únicos relacionados, expresamente, con la prevención y tratamiento de casos de coronavirus en México.
La mayor parte (103 de 108) de los contratos analizados por la Unidad de datos de SinEmbargo fueron adjudicados de manera directa, gracias a un decreto (DOF: 27/03/2020) de la Presidencia de la República que autoriza a las dependencias gubernamentales para “adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel nacional o internacional, entre los que se encuentran, equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla”.
En total fueron adjudicados 34 millones 140 mil 757.90 pesos. El resto del dinero (4 millones 818 mil 586.71 pesos) fue ejercido a través de cinco procedimientos de invitación restringida.
La desinfección y sanitización de instalaciones gubernamentales fue la mayor inversión en lo que va de éste año, con un monto acumulado de 18 millones 709 mil 821.83 pesos.
A esta inversión siguió el gasto en bienes y servicios de protección y prevención por 10 millones 988 mil 482.94 pesos, que incluye erogaciones para la compra de tapabocas (4 mdp), equipo médico no especificado (6.5 mdp), así como tapetes sanitizantes (230.8 k), gel antibacterial (121.7 k) y guantes (54 k).
En la siguiente tabla, en los apartados de “Tipo de bienes/servicios contratados” y “Objetos de contrato”, usted puede consultar la información desglosada por concepto.
Para el IMCO, aunque la medida adoptada por el Gobierno federal para adquirir bienes y servicios sin necesidad de llevar al cabo una licitación pública “es adecuada para realizar acciones rápidas y efectivas”, también “conlleva riesgos de corrupción que no deben de ser ignorados”. Un ejemplo de ello son las anomalías y posibles casos de sobreprecio detectados en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“El ISSSTE y la Sedena han adquirido equipo médico especializado por parte de empresas cuyas operaciones son ajenas al sector salud. El ISSSTE ha pagado hasta seis veces más que el IMSS por equipamiento médico similar”, se lee en el informe del IMCO.
El centro de investigación en política pública refiere que “la crisis sanitaria que enfrenta el país demuestra la importancia de realizar procesos de compras públicas abiertos y transparentes durante una emergencia”. Por ello manifestó cinco recomendaciones: 1) regular y llevar a cabo procesos claros para la contratación y ejecución de compras de emergencia; 2) crear contratos marco para evitar proveedores sin experiencia o capacidad de cumplimiento; 3) implementar mecanismos extraordinarios y herramientas digitales de monitoreo, revisión y auditoría; 4) garantizar la total transparencia de la documentación del proceso completo de compra pública; y 5) actualizar constantemente las plataformas de contrataciones y auditorías en tiempo real.
