Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- La primera gran reforma estructural propuesta por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ha sido hasta ahora el motivo de las más grandes movilizaciones en sus primeros nueve meses de gobierno.

El domingo pasado a la media noche, la Cámara de Diputados aprobó las tres leyes secundarias de la Reforma Educativa, que incluye la Ley del Servicio Profesional Docente, cuyo contenido movilizó el 19 de agosto a miles de manifestantes identificados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de distintos estados a la capital del país para evitar que fuera avalada por el Legislativo.

Los maestros buscaban frenar esta ley, ya que incluye puntos que a su juicio los perjudican como: estandariza la evaluación docente y mantiene cuestiones que los profesores han denunciado como una forma de precarización de su labor como los contratos a prueba con evaluaciones anuales, supervisiones permanentes a los docentes recién contratados, rescisión de contratos y sanciones discrecionales por parte por parte de las autoridades.

Al igual que los diputados, los senadores avalaron la polémica ley las primeras horas del 4 de septiembre luego de una maratónica sesión.

El nuevo ordenamiento regula el servicio docente en la educación básica y media superior, así como los derechos y obligaciones, y establece sus perfiles, parámetros e indicadores.

Tras el aval por parte de las dos cámaras, maestros de al menos 15 entidades del país se unieron al movimiento de la CNTE,  con marchas, tomas de instalaciones y cierres de casetas de cobro.

La nueva ley del servicio profesional docente establece que en la educación básica y media superior el ingreso a una plaza docente implicará un “nombramiento definitivo de base después de seis meses de servicios sin nota desfavorable” en el expediente del interesado.

Si el docente no fortalece sus capacidades, conocimientos y competencias, incumple con la evaluación obligatoria o si al término del periodo evaluador se identifica “su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del Nombramiento, sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado” de que se trate.

Son sujetos obligados de dicha ley los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión en la Federación, los estados, Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos del nivel educativo básico y medio superior que imparte el Estado.

La ley precisa en el artículo 53, de un total de 83 y 22 transitorios, que en caso de que el personal “no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación (…), se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa”.

Ante el aval por parte del Legislativo, los maestros piden ahora la intervención del Presidente Peña Nieto para que vete dicha ley.