Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– A casi dos meses del escape de Joaquín “El Chapo” Guzmán del Centro Federal de Readaptación Número Uno, académicos y analistas en seguridad enlistaron algunos efectos observados en las instituciones del Gobierno mexicano: molestia de las Fuerzas Armadas, sobre todo en la Secretaría de la Marina (Semar), que se acreditó su captura; enojo desde las oficinas de inteligencia de Estados Unidos, así como evidencia de las profundas carencias del sistema carcelario, dependiente de la Secretaría de Gobernación y, también, de la Procuraduría General de la República, que no ha sido capaz ni de obtener sentencia en las averiguaciones previas que tiene abiertas contra el capo.
Lo anterior, además de la imagen de profunda debilidad del Gobierno mexicano ante el crimen advertida desde las primeras horas de la fuga y, también, dicen los académicos, del preocupante mensaje de impunidad enviado.
“Lo que preocupa es la impunidad, porque ese fue el mensaje que se dio: que se puede cometer ese tipo de delitos y no importa, que se puede fugar y no importa”, dice Arturo Alvarado Mendoza, sociólogo del Colegio de México (Colmex) e investigador especializado en seguridad pública, justicia y derechos humanos.
En entrevista, el también autor de ensayos sobre violencia y democracia, mencionó que otro de los eslabones del proceso judicial cuya debilidad quedó expuesta es el ministerio público federal, que en 17 meses fue incapaz de probar sus cargos contra el presunto jefe del cartel del narcotráfico más buscado del mundo.
“Se mostró la incapacidad de procesar y mantener recluido a un criminal de esa talla”, dice Alvarado Mendonza. “Mostró que, a pesar del discurso, no se ha avanzando como para desarrollar un sistema de seguridad pública efectivo ante cualquier tipo de criminal, que las autoridades de procuración de justicia no han podido formar un equipo con el que puedan trabajar para presentar cargos ante un Juzgado (…) No es posible que no hayan podido avanzar en las averiguaciones previas ni en el desmantelamiento del aparato criminal del ‘Chapo”, agrega.
Desde la primera semana posterior a la fuga, una revisión de este medio entre los reportes de la Judicatura Federal, que recoge la actividad de los juzgados, indicó que, en los 17 meses en los estuvo detenido “El Chapo”, la PGR no inició la decena de averiguaciones previas contra otros cómplices que, de acuerdo con el investigador en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, ameritaría una detención de ese tipo.
“La última actuación derivada de las averiguaciones previas que pesan contra Guzmán Loera fue reportada el 7 de marzo de 2014, luego de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión a (Carlos Manuel) Hoo Ramírez, y sólo por su probable responsabilidad en la portación y posesión de las armas de fuego y los cartuchos con los que lo encontraron”, reportó SinEmbargo.
“A Guzmán Loera, por su parte, los Juzgados Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México le dictaron, en los días posteriores a la reaprehensión, cuatro autos de formal prisión por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y uno más por delitos contra la salud. Los cargos, indica la información de la Judicatura, fueron fincados en las averiguaciones previas iniciadas con los números 50/2009, 206/2010, 65/2011, 65/2011 y 364/2012. Ninguna de las acusaciones, se observa en los reportes de la actividad judicial, es por otros delitos que podría desprenderse de las actividades atribuidas al Cártel de Sinaloa, como el lavado de dinero o los homicidios. En ninguno de los reportes, además, se observa que el Ministerio Público Federal haya obtenido sentencias condenatorias por sus acusaciones”, agregó el reporte.
De acuerdo con Alvarado Mendoza, estos resultados indican que la PGR requiere un rediseño que la convierta en una institución capaz de presentar ante un tribunal elementos de prueba contundentes y un debido proceso contra Guzmán Loera.
“Pero ese es el problema: no hemos podido construir esta etapa, a pesar de que ya falta un año para la reforma Constitucional (en materia penal, que sustituirá el sistema inquisitivo por un sistema adversarial acusatorio) lo obvio es que muchas piezas centrales del sistema acusatorio, como las policías y las procuradurías, siguen presentando rezagos muy grandes”, dijo Alvarado.
El experto mencionó también que la estrategia del Gobierno federal anterior era diferente, y precisamente ante el “desmantelamiento” del sistema de procuración e impartición de justicia y la corrupción, se optaba por extraditar a los detenidos hacia Estados Unidos.
Por esto, dice Alvarado, ahora resulta “frustrante que el trabajo de la Secretaría de la Marina –dependencia mexicana a la que se le atribuye la detención de 2014- se venga abajo” por las incapacidades del sistema mexicano de procuración de justicia.
En este aspecto coincidió Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, y quien explicó que “en la Marina han externado su malestar desde las primeras horas en las que se supo la noticia de la fuga del Chapo” y que en las instalaciones estratégicas de esta dependencia han debido redoblarse los esfuerzos de protección ante eventuales represalias.
“Ha sido una de las más importantes operaciones especiales en coordinación con las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos; entonces, tanto la Secretaría de la Marina como el Ejército tienen un sentimiento fuerte de impunidad frente al fracaso de las instituciones civiles de seguridad, en concreto del sistema carcelario”, dijo el también integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
Otro sector con enojo, agrega el académico, son las dependencias norteamericanas que aportaron información para concretar el arresto en las suites Miramar de Mazatlán el pasado el 22 de febrero de 2014. “Porque Estados Unidos invirtió capital humano y financiero para la captura”, explica.
En la entrevista, plantea que la fuga debería generar modificaciones, sobre todo, en las condiciones del sistema penitenciario mexicano, que alberga a responsables de delitos menores, como a los poseedores de droga, mientras no da muestras de estar castigando a los responsables de otros delitos más graves.
Otra problemática en esta parte del sistema de justicia, indica, son los bajos salarios de los policías carcelarios. “Hablamos que los policías del sistema penitenciario federal reciben cuatro mil pesos al mes, además de que no son bien capacitados, no tiene un servicio profesional de carrera; entonces, hay una asimetría de relaciones profesionales dentro de la misma Policía Federal, y eso se replica en los estados: los policías penitenciarios tienen categoría menor al resto”, dice.
“ENGRANDECIDO” DESDE EL GOBIERNO
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera se fugó por segunda ocasión de un penal de máxima seguridad mexicano la noche del pasado 11 de julio, cuando, dice la versión del Gobierno federal, utilizó un túnel de 1.5 kilómetros de distancia construido desde el subterráneo de una bodega en el suroeste del penal y hasta el suelo de su regadera en la celda.
La fuga le ha ganado todo tipo de calificativos a la presidencia de Enrique Peña Nieto.
“Es un régimen completamente débil que ni siquiera encuentra a los desaparecidos, sino que lo hacen los familiares. Tiene un problema de capacidad muy serio”, dijo a SinEmbargo Javier Ciurlizza, director para América Latina y El Caribe de la organización no gubernamental experta The Crisis Group. “Esto representa la esencia de la corrupción política mexicana, se ampara, crece en la política, en todas las corporaciones encuentra segmentos de protección, pedazos del Estado que lo protegen aunque haya estado en una prisión de máxima seguridad y por más que haya sido certificado por Estados Unidos”, consideró por separado Buscaglia.
La fuga originó el cese de Ramón Pequeño García, jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal –a cargo de los penales federales de alta seguridad- y, el pasado 28 de agosto, el cambio de Monte Alejandro Rubido por Renato Sales Heredia en la titularidad de la Comisión Nacional de Seguridad.
Pero consignadas por la fuga, indicó ayer Víctor Suberza, subdirector de Difusión de la PGR, hay sólo tres personas: dos ex empleados del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, o “Del Altiplano”, y el presunto dueño del predio desde el que se cavó el túnel, Calixto Estrada Castillo.
Los avances en la investigación no sólo de los crímenes de narcotráfico que se le atribuyen a Guzmán Loera, sino aun de la fuga, contrastan con la difusión que el Gobierno federal hizo de la evasión, para lo que invitó a casi un centenar de periodistas de medios nacionales e internacionales tanto a la celda como a la bodega donde desemboca el túnel.
Para Rodríguez, este “engrandecimiento” de los méritos del criminal en la construcción del pasadizo fueron un error atribuible a Monte Alejandro Rubido.
“La imagen de victoria del Gobierno frente a la sociedad va en franca decadencia; en ese sentido, Monte Alejandro Rubido cometió un gravísimo error en ensalzar y engrandecer la obra arquitectónica y de ingeniería que requirió la construcción del túnel”, dijo el académico de la UDLAP.
“Creo que la instrucción del Secretario de Gobernación fue informar con la mayor transparencia en las primeras horas. Pero es diferente dar información puntual hasta donde se debe hacer, a ensalzar el liderazgo del principal líder criminal en México y Estados Unidos”, opinó.
Las consecuencias son diversas, considera. Por un lado, dice Rodríguez, México –ciudadanía y Gobierno–, quedó como sujeto de burla ante el mundo y, por la ineptitud del sistema penitenciario, se evidenció que las preocupaciones de seguridad nacional en realidad no existen.
Otra preocupación, agrega en coincidencia con el resto de los entrevistados, es el mensaje de impunidad, que puede tener consecuencias sobre todo entre la población más joven.
“Es un asunto de preocupación sobre todo que los jóvenes encuentren en los narcotraficantes sus nuevos héroes, a los cuales aspirar ante la terrible falta de oportunidad en materia de educación y laboral, y es terrible que encuentren en ellos un refugio o una aspiración de imagen a seguir”, dice.
“El escape demostró la fuerza que tienen los enemigos del Estado, y que pueden ser mas poderosos e inteligentes que las autoridades; por eso fue terrible, y más terrible el engrandecimiento que hicieron las autoridades federales”, agrega.
La profunda debilidad mostrada por el Gobierno mexicano y el alto grado de corrupción y de impunidad evidenciado con la fuga fue comentado también entrevista por el abogado y analista Juan Antonio Ortega, que cuestionó también el tiempo que le tomó al presidente Peña Nieto remover a Monte Alejandro Rubido y la inacción contra Eugenio Ímaz Gispert, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a quien también identifica como responsable en la evasión.
“Se muestran instituciones políticas que no alcanzan a procesar esta fuga reaccionando con cambios inmediatos, mandando señales claras por parte del Presidente de que entiende que sus funcionarios fallaron, y esto provocó que el Presidente asumiera parte de esa responsabilidad, al no relevar oportunamente a Monte Alejandro Rubido y a Eugenio Ímaz hasta este momento”, dijo Ortega.
“Hay otros impactos, que muestran instituciones frágiles, corruptas, débiles, inútiles y costosas que no cumplen con su función, y que a pesar de que fueron advertidas por autoridades de Estados Unidos de que ‘El Chapo’ planeaba su fuga no tomaron las medidas oportunas para impedirla, y a pesar que hubo señales en la construcción del túnel no fueron capaces de advertirlas”, agregó quien también fungió como abogado coadyuvante del Ministerio Público Federal en la investigación por el homicidio del Cardenal Jesús Posadas Ocampo, en 1993.
Tal grado de ineficiencia para procesar al capo, considera Ortega, “choca” con el discurso oficial de que la lucha contra el crimen organizado va por buen camino y de que se está abatiendo la violencia. Mientras, explica, hay aumento en el índice de homicidios dolosos (Zeta reportó 44 por ciento más averiguaciones previas por homicidio doloso en lo que va de la presente administración que las registradas en el mismo periodo del sexenio anterior) y sigue pendiente de cumplirse el ofrecimiento presidencial de reducir el secuestro y la extorsión al 50 por ciento.
Con ese saldo, agrega Ortega, el Gobierno mexicano deberá enfrentar el inventario de pendientes de urgente solución en materia de seguridad que agobia al país, como la imparable expansión de grupos armados que operan, roban y asesinan, dijo, en hasta un 70 por ciento del territorio, así como los cientos de miles de órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar por delitos del fuero común.
Otro reto de urgente solución, agregó, es contar con cuerpos policiacos suficientes y capaces que permitan sacar a las fuerzas Armadas del combate al narcotráfico en las zonas urbanas, porque es un trabajo subsidiario de la responsabilidad de las autoridades civiles y “porque el desgaste es muy grande”.
“MODELO DE GESTIÓN”
John Ackerman Rose, columnista e integrante del Instituto de Investigación Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), planteó desde los primeros días posteriores a la fuga que ésta no obedece a un problema de infiltración del narcotráfico en el Gobierno federal, sino a una decisión de éste y encabezada por el presidente Peña Nieto de ejercer el poder con base sólo en los intereses económicos.
“Desde el 1 de diciembre de 2012, el Presidente de la República en funciones se ha dedicado a desmantelar las instituciones del Estado y a debilitar la voz ciudadana en los asuntos públicos. En su lugar, el actual ocupante de Los Pinos ha establecido, con la activa participación de los partidos del Pacto por México, una mafiocracia al servicio de los intereses políticos, económicos y criminales más poderosos del país”, escribió Ackerman en su columna de La Jornada el 20 de julio.
“Miguel Ángel Osorio Chong ha señalado que la fuga de El Chapo fue resultado de una traición desde el Gobierno. El secretario de Gobernación tiene razón. El difícil equilibrio entre una pluralidad de mafias que había mantenido en su lugar al régimen actual empieza a resquebrajarse desde dentro”, agregó el texto.
Para el investigador, la fuga entonces no correspondió con un error o un deficiente control desde Los Pinos. Es, escribió, “el modelo de gestión dominante del Gobierno federal, basado en el fomento de y el pacto con diferentes mafias de poder (…) Un Gobierno incapaz de asegurar la vigencia del Estado de Derecho en la sección más segura de la cárcel de mayor seguridad en el país es a todas luces un Gobierno abiertamente cómplice con el crimen organizado”.
En entrevista con SinEmbargo, el también editor en jefe la publicación Mexican Law Review de la UNAM, agregó que la libertad de la que goza “El Chapo” muestra quiénes son las personas que sí persigue el Estado mexicano.
“Estamos en un régimen en el que van a la cárcel los activistas y están libres los criminales. (La fuga) ratifica esa interpretación mal pensada de la disfuncionalidad del sistema de injusticia del país, ahí está Nestora Salgado (de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero), Mario Luna (defensor y vocero de la comunidad Yaqui, en Sonora), y tenemos libres a Raúl Salinas, a ‘El Chapo’, a la ‘Reina del Pacifico’. Esto es una estampa muy elocuente de para quién trabaja el Gobierno y las instituciones del país; quien tiene dinero e influencias puede gozar de la libertad, y quien lucha por defender las comunidades, la seguridad de sus barrios, un cambio político social de fondo o quien reportea de manera independiente las noticias, sufre todo el peso del Estado”, dijo.
