Por Shaila Rosagel, David Martínez Huerta y Sergio Rincón
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aportó ayer al menos dos nuevas líneas de investigación que echan a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi un año.
Hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los normalistas, no existe evidencia de que los jóvenes fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, como lo afirmó el 27 de enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien mostró extractos de peritajes con los que armó su verdad histórica.
El informe del GIEI también revela que en todo momento, elementos de la Policía Federal, el Ejército y corporaciones municipales tuvieron conocimiento de la ruta que siguieron los cinco camiones tomados por los normalistas en los que viajarían a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre.
Ayer mismo, la Procuradora General, Arely Gómez González anunció que se realizará un nuevo peritaje sobre el caso Iguala e instruyó para que la averiguación previa quedara a cargo de Felipe de Jesús Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada. Anteriormente el funcionario a cargo era Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
EL AUTOBUS “FANTASMA”
En el caso de los 43 normalistas, según el informe del GIEI, existe un quinto autobús que desapareció de la escena, que nunca investigó la PGR, ni consignó en su expediente y que para los expertos independientes pudo ser el detonante de la agresión a los estudiantes, al ser un vehículo posiblemente cargado con droga o con dinero.
“La acción de tomar autobuses por parte de los normalistas, a pesar de que tenía otros objetivos, como era obtener transporte para que los normalistas provenientes de diferentes escuelas normales pudieran participar en la marcha del 2 de octubre, podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese autobús, Estrella Roja”, dice el informe “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”.
Los expertos revelaron que hay un autobús, que se puede apreciar en un video proporcionado en julio de este año por la central camionera de Iguala, en el que se aprecia que el vehículo que toman los normalistas sale por la parte de atrás de la terminal, se conduce hacia el Periférico Sur, pero prácticamente desapareció del expediente de la PGR.
El autobús desaparecido, un Estrella Roja, consta en la primera consignación realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, pero es inexistente en el expediente posterior que arma la PGR, a pesar de que los normalistas insisten en que tomaron cinco camiones y no cuatro, como consignó en un primer momento la dependencia federal.
“Mientras los normalistas y la primera consignación realizada por la PGJG [Procuraduría General de Justicia de Guerrero] hablaban de cinco autobuses, (dos Estrella de Oro, dos Costa Line y un Estrella Roja), la investigación de la PGR señalaba que se trataba de cuatro autobuses (sin hacer mención al autobús Estrella Roja), a pesar de que dicha información estaba referida, incluso, en los testimonios de sobrevivientes tomados el mismo día de los hechos e incluidos en el expediente. Sin embargo, en el expediente se hacía referencia a un autobús, que habrían tomado los normalistas, que habría salido de la central e inmediatamente habría sido destruido por los estudiantes e inutilizado, aunque nunca fue identificado ni investigado como escena de crimen”, revelaron los expertos en el documento.
El experto Francisco Cox explicó que fuentes de Estados Unidos se refieren al menos a una investigación en curso: una declaración jurada de un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en donde se ordenaron escuchas a miembros del grupo de Guerreros Unidos, que coinciden con la desaparición de los normalistas.
Los fiscales de la DEA indicaron a los expertos que no hay antecedentes que apunten a los jóvenes, pero sí sobre el uso de autobuses para movilizar droga según una causa iniciada en Atlanta.
“Según las informaciones recogidas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y, según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada”, dice el informe.
De acuerdo con el GIEI cuando el grupo le informó a la PGR que existía otro autobús, en base al video analizado de la central de camiones, se tomó la declaración al chofer, sin la presencia de los especialistas. Declaración que no coincide con la narración ofrecida por normalistas sobrevivientes.
La versión de los normalistas indica que el chofer del autobús pidió a los estudiantes detenerse para que una mujer le entregara documentación y ropa que requería. Luego de esperar, el autobús llegó a la salida de Iguala-Chilpancingo en donde ya había sido detenido el autobús Estrella de Oro 1531, cerca del Palacio de Justicia (escena que debió estar contenida en los videos que el grupo reveló como desaparecidos en su informe pasado).
En ese punto, el quinto autobús fue detenido por una patrulla de la Policía Federal (PF) y los jóvenes fueron obligados a bajar y a huir a un cerro.
“Existen varias evidencias en el C-4 –el sistema de cámaras de vigilancia- de llamadas sobre movimientos de jóvenes en dicha zona y la colonia Pajaritos y la colonia 24 de febrero que concuerdan totalmente con las declaraciones de los normalistas y que fueron finalmente confirmadas ante la propia PGR en declaración nuevamente rendida en julio de 2015”, dice el informe.
El informe revela que los estudiantes que iban en ese autobús bajaron del cerro y caminaron por la carretera, pero fueron perseguidos a balazos. Varios de ellos escaparon y se resguardaron en una casa. La persecución a estos jóvenes se extendió durante horas.
Sin embargo a pesar de que existe un testigo y una declaración manuscrita en el expediente de estos hechos, lo que sucedió con ese autobús y los jóvenes que huyeron hacia el cerro, nunca se investigó.
De acuerdo con las pesquisas de los expertos, la PGR presentó un autobús Estrella Roja 3278, contestando que era el camión que aparece en el video, saliendo por la parte de atrás de la central camionera, mismo que de acuerdo con las autoridades fue abandonado inmediatamente después por los estudiantes, razón por la que nunca se investigó como escena del crimen.
Pero según un peritaje realizado por personal del GIEI, el grupo de expertos sostiene que hay diferencias importantes entre ambos autobuses (el presentando por la PGR y el del video) y que existe la posibilidad de que no se trate del mismo.
LAS INCONSISTENCIAS
Los expertos encontraron siete contradicciones graves y omisiones en torno al quinto autobús:
1.- La inexistencia de un autobús Estrella Roja en la historia oficial y el expediente de la PGR, a pesar de que los normalistas habían informado en sus declaraciones iniciales sobre ello y había sido recogido por la primera consignación elaborada por la PGJ. No se ha proporcionado ninguna información oficial de esta omisión.
2.- El señalamiento en el mismo expediente de un autobús, que fue tomado, salió de la central de autobuses y posteriormente fue inutilizado por los normalistas, del que no se tiene conocimiento ni se dan más detalles, ni se analiza como escena. En las consignaciones del 20 de diciembre de 2014 y del 2 de enero de 2015, se afirmó que: “(…) y el tercer camión el cual fue destrozado y dejado a las afueras de la Central Camionera”.
3.- Las enormes diferencias en el trayecto y circunstancias del autobús Estrella Roja, entre el testimonio del chofer incluido en la declaración ante la PGR, y que finalmente fue tomado en junio de 2015, y los testimonios recogidos de los normalistas y sus declaraciones ante la PGJ y PGR tanto en el momento de los hechos (26 de septiembre de 2014) como meses después (octubre y julio 2015).
Además del video solicitado por el GIEI a la PGR de la Central Camionera del Sur donde se recoge dicha salida, y de una inspección in situ del GIEI sobre el trayecto posterior de los normalistas.
4.- Las diferencias evidentes entre el autobús, presentado como el que salió esa noche con normalistas de la estación de autobuses de Iguala y las imágenes tomadas por el GIEI en la inspección de dicho bus, diferencias señaladas por un peritaje especializado y por el grupo de normalistas que lo tomaron.
5.- Las contradicciones entre el testimonio del chofer sobre su recorrido posterior, yendo a Jocutla, y la hoja de registro de esa noche del trayecto de dicho autobús, que señala que salió 10 minutos antes de lo registrado en el video de la estación de autobuses, y cuya hora fue comprobada por el GIEI, que en la hoja de incidencia no se señala que dicho autobús fue tomado por un grupo de normalistas, así como que refiere que el autobús, se dirigió normalmente a Cuautla que sería su destino y no a Jocutla como señaló el chofer en su declaración.
6.- La existencia en el expediente de dos declaraciones contradictorias sobre estos hechos, con dos firmas diferentes, una declaración y un manuscrito. Todas esas inconsistencias y contradicciones evidentes muestran la sospecha de que bajo esas circunstancias se esconden aspectos importantes a considerar. Y que estos pueden tener que ver con el modus operandi y la motivación de la agresión.
7.- Se da la circunstancia de que dicho autobús, fue el único que no fue atacado violentamente esa noche (lo fueron los Costa Line 2012 y 2510, los Estrella de Oro 1531 y 1568 y el autobús Castro-Tours de Los Avispones).
Examinadas todas las hipótesis posibles sobre los hechos, indica el informe, la única explicación a las contradicciones sobre el quinto autobús, es que ese vehículo es un elemento central del caso.
Los expertos consideraron las hipótesis de que la acción se debiera a un “castigo” en contra de los normalistas por los antecedentes de enfrentamientos y señalamientos en contra del ex Alcalde José Luis Abarca Velázquez, e incluso por los estereotipos de “ayotzinapos”, pero ninguna de ellas justifica el nivel de violencia y el modus operandi de la agresión.
El GIEI descartó la hipótesis de que los jóvenes fueron confundidos por el cartel enemigo de Guerreros Unidos, Los Rojos, debido a que los normalistas iban desarmados.
El nivel de violencia fue en ascenso y el objetivo principal fue detener la salida de los autobuses de Iguala y bloquear cualquier posibilidad de huida, sin importar la cantidad de testigos en los distintos escenarios de los ataques.
“A pesar de que se hubiera podido ocultar la represión dejando que los autobuses salieran de la ciudad y en un contexto de aislamiento mayor, el operativo se hizo con un uso inadecuado y desproporcionado de fuerza ante presencia de numerosos testigos en el centro de la ciudad. Ello tiene probablemente que ver con la impunidad con que actuaron y se sentían los autores, pero también con un objetivo de alto nivel que justificaba cualquier violencia, aunque fuera indiscriminada, evidente y con urgencia de realizar las acciones”, dice el informe.
La información recogida por los expertos establece que los autobuses son utilizados para transportar heroína, cocaína y dinero entre Iguala y Chicago.
“Es decir, el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque, su duración en el tiempo e incluso el ataque posterior contra ‘Los Avispones’, al existir un autobús, tomado por los estudiantes que no había sido detenido. A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora”, dice el documento.
La investigación del grupo de expertos indica que en los escenarios de las balaceras y persecuciones, hubo presencia de Policía Federal, municipal, ministerial y de elementos del 27 Batallón del Ejército.
Los expertos indican en el informe, que los normalistas llegaron a Iguala para tomar autobuses de la central y participar en la movilización del 2 de octubre, pues sólo tenían dos en Ayotzinapa. Los estudiantes nunca tuvieron la intención de “boicotear” el informe de la entonces presidenta del DIF Municipal, María de los Ángeles Pineda de Abarca, como lo señala la investigación de la PGR.
Cuando llegaron, el informe tenía horas que había concluido y en la plaza celebraban algunos pobladores.
El motivo de la presencia de los estudiantes en Iguala fue sacar camiones de la central de autobuses. Ocho jóvenes se trasladaron a la central camionera de Iguala y cuando intentaron sacar uno de los camiones, fueron encerrados en él. Ese hecho desencadenaría la llegada del resto de los normalistas que se encontraban en la caseta de peaje de Iguala y en el Rancho de Cura o crucero de Huitzuco.
Los normalistas llegaron en dos autobuses a rescatar a sus compañeros. Cuando salieron de la central, salieron cinco autobuses (los dos en los que se trasladaron inicialmente y los tres que sacaron de la terminal).
Pero la PGR consignó sólo cuatro y omitió en el expediente el quinto autobús, que de acuerdo con la cinta en manos de los especialistas, salió de la central tomado por los estudiantes, pero de acuerdo con las bitácoras del lugar, nunca fue tomado y ese día siguió su ruta normal.
La “VERDAD HISTÓRICA SE CAE”
En el informe final de los expertos independientes se descartó la versión de la PGR de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero de Cocula.
Definitivamente la incineración de los jóvenes en ese lugar, de acuerdo con la evidencia, no ocurrió, concluyeron.
Francisco Cox, miembro del GIEI, explicó que en base a un peritaje sobre la mecánica del fuego, realizado por el especialista peruano José Torero, la “verdad histórica” dada a conocer por el ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam es científicamente imposible.
Para quemar a los 43 normalistas e incinerarlos se hubieran requerido 30 mil 100 kilogramos de madera, 13 mil 330 kilos de neumático y arder por 60 horas, es decir, por dos días y medio.
“Por toda la evidencia el GIEI se ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, dijo Cox.
Los expertos echaron abajo la versión del inculpado que asegura que los jóvenes fueron quemados por 16 horas hasta su incineración y también la versión que está en el expediente de que se requirieron entre 10 a 15 neumáticos para alimentar la pira.
El perito independiente concluyó que el fuego que genera una quema del tamaño que indican los inculpados, produce una columna de humo que sube a siete metros con un penacho de 300 metros, visible por todos los pobladores de Cocula.
Además, uno de los inculpados declaró que a la seis horas del inicio de la incineración de los jóvenes, varios de ellos –los acusados- bajaron a la pira para agregar más combustible, lo cual es imposible, porque la irradiación de la quema de 43 cuerpos, habría quemado vivo a quien se acercara.
El perito independiente tampoco encontró evidencia en la vegetación adyacente al basurero de los estragos que científicamente generaría una incineración de ese tipo.
La quema de 43 cuerpos en la condiciones necesarias, hubiera desatado un incendio forestal desde el basurero de Cocula.
Para poder realizar su peritaje Torero recibió las declaraciones de los inculpados que referían haber quemado a los 43 estudiantes el el 27 de septiembre de 2014.
De igual manera, se remitieron los informes o dictámenes realizados por servicios periciales de la PGR (dictamen de incendios, estudio químico, y medio ambiental).
“El día 13 de julio de 2015 el experto se trasladó, en compañía de elementos de la PGR y de uno de los miembros del GIEI, a revisar in situ el basurero de Cocula. Hizo una revisión del lugar donde los presuntos responsables señalaban que se habría hecho la pila de neumáticos, madera y piedras con los cuerpos de los 43 estudiantes. Tomó fotografías el lugar y de las zonas aledañas. En esa misma oportunidad inspeccionó la vegetación de los alrededores y los restos de basura que se encuentran ahí. Ya en Servicios Periciales de la PGR revisó la evidencia física, biológica y no biológica, que fue recogida por la PGR y el EAAF [Equipo Argentino de Antropología Forense] a partir del día 26 de octubre del año 2014. Asimismo, tuvo reuniones de trabajo tanto con peritos de la PGR encargados de esos estudios, como del EAAF que representan a las víctimas. En la reunión con Servicios Periciales de la PGR se le facilitaron el estudio de estratigrafía de suelo y el informe químico”, dice el documento.
El científico, junto con su equipo de trabajo, no encontró evidencia de que en el basurero de Cocula se hayan incinerado 43 cuerpos.
Existen quemas anteriores al 27 de septiembre en el lugar, de menor grado, pero nada tan importante como los estragos que dejaría la incineración de personas.
EL NUEVO PERITAJE
La PGR anunció ayer la realización de un nuevo peritaje sobre la desaparición de los estudiantes.
“Se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del mas alto nivel”, anunció.
Sin embargo, en un mensaje a medios, en el que no se admitieron cuestionamientos de la prensa, la Procuradora recalcó que las investigaciones del grupo internacional confirma las líneas de investigación de la PGR integradas en la verdad histórica del ex Procurador Jesús Murillo Karam.
“En lo que respecta a la autoría de estos hechos, las conclusiones de este grupo de expertos confirman las líneas de investigación de esta Procuraduría en el sentido de que las policías municipales de Iguala y de Cocula participaron en la autoría de estos hechos”, señaló la funcionaria federal.
Previo a su mensaje, el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a las dependencias del Gobierno federal para que analicen los resultados presentados por sus integrantes.
“He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”, escribió en su cuenta de Twitter el Ejecutivo federal.
A través de cuatro tuits, el Presidente agradeció el trabajo de los expertos y el apoyo de la CIDH en la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
UNA ESPERANZA Y LA INVESTIGACIÓN A MURILLO KARAM
Los padres y amigos de los 43 normalistas exigieron una reunión –antes del 10 de septiembre– con el Presidente Enrique Peña Nieto para que les brinde garantías, con el fin de dar justicia al caso y encontrar con vida a los estudiantes desaparecidos, pues dijeron que no confían en la Procuraduría General de la República, la cual consideraron que mintió al decir que los jóvenes fueron quemados en el tiradero de Cocula, Guerrero.
Señalaron que el informe del GIEI les da una nueva esperanza de que sus hijos estén con vida, a unos días de cumplirse un año de su desaparición.
Apenas en marzo pasado, luego que el entonces Procurador Jesús Murillo Karam fuera removido de su cargo, y que el Jefe del Ejecutivo Federal anunciara un decálogo para atender el caso Iguala, los padres denunciaron que esas acciones se concretaron antes que los expertos y organismos internacionales hallaran las irregularidades.
“Peña Nieto movió a Murillo Karam antes que los expertos encontraran las inconsistencias y fallas de la investigación”, aseguró Melitón Ortega, padre de una de las víctimas de desaparición forzada.
Meses después, pero, literalmente, con pruebas científicas en mano, los familiares pidieron que se reestructure la investigación tomando en cuenta el informe de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se reanude la búsqueda, contemplando las pautas y rutas que los especialistas independientes marcaron.
Otra de las exigencias es que se investigue y procese a todos los funcionarios implicados en la “fabricación” de la “verdad histórica”, entre ellos a Jesús Murillo Karam.
“El propio informe, en sus recomendaciones, expresa claramente que debe haber una investigación contra todas aquellas personas, funcionarios, que obstaculizaron, que omitieron, que desviaron el sentido de la investigación. Hay videos perdidos, hay pruebas obstruidas. Entonces, todo ese conjunto de vicios tiene que reestructurarse, tiene que procesarse a todos y a cada uno de los responsables. Nosotros no solamente decimos Murillo, hay más autoridades involucradas. Obviamente tendrán que responder y deberán ser procesados si se quiere cumplir con el informe”, dijo abogado Vidulfo Rosales Sierra, miembro del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Las pruebas científicas vinieron a dar esperanza a los padres de los estudiantes, pues ahora “tenemos en claro que siguen vivos”, aseveraron; sin embargo, también sacó a la luz que hubo encubrimiento, obstrucción a la justicia y a la verdad, así como impunidad, por parte de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, entre ellos mandos policiales y elementos del Ejército mexicano.
“Es una crimen de Estado y el Estado tiene que pagar por sus crímenes y por sus mentiras”, exclamó Felipe de la Cruz, vocero del movimiento que pide la aparición con vida de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.
