Arturo Herrera, Secretario de Hacienda.

“Este gravísimo riesgo se estaría actualizando en el 2021 de ser ciertas las recientes declaraciones del Secretario de Hacienda del Gobierno federal, en el sentido de que el próximo año los estados y municipios verán seriamente afectados los ingresos federales que reciben, que de suyo durante este año ya sufrieron una muy significativa reducción”. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

(Este 07 de septiembre se reúnen en Chihuahua los gobernadores autodenominados “federalistas”. Con ese motivo, Unión Ciudadana da a conocer este documento que la posiciona y que es producto de una reflexión colectiva)

La propuesta de los gobernadores en torno a la llamada “Alianza Federalista de Gobernadores” con que se pretende revisar el Convenio de Coordinación Fiscal para modificar la fórmula de distribución de las participaciones federales a estados y municipios, es un planteamiento con una visión en extremo reduccionista, pobre y carente de conocimiento integral de la problemática del centralismo en México. Dicha fórmula no es más que consecuencia del actual modelo o esquema que tiene estancado el desarrollo económico, social y político de nuestro país, al negar toda posibilidad de transitar hacia un sistema hacendario nacional, que no meramente fiscal.

Atacar esta problemática estructural con sólo modificar la fórmula de distribución de las participaciones federales es tanto como pretender resolver el problema de la pobreza en nuestro país repartiendo dinero entre los pobres, en lugar de generar inversión y empleos, así como hacer posible el acceso a la educación y la cultura, entre otras bases que son condición indispensable para imponerle sustentabilidad al desarrollo nacional.

Desde la trinchera ciudadana chihuahuense sostenemos y pugnamos por que se revise a fondo el sistema federal mexicano para que se reconozca un sistema hacendario federalista que considere, entre otros temas que podremos exponer ante quienes tengan interés en esta vital asignatura, inexplicablemente postergada en la agenda nacional, una nueva redistribución de las competencias o potestades  entre los ámbitos de Gobierno respecto de las fuentes fiscales del país y de las competencias administrativas que cada uno de ellos deba asumir junto con la asignación de los recursos que requiera para hacerlo, y terminar con el perverso esquema centralista actual que somete a estados y municipios.

Un federalismo hacendario que haga prevalecer el principio de que el ámbito de Gobierno más cercano a la población es el que, por su cercanía con la misma, se encuentra en mejor aptitud y condiciones para prestarle los bienes y servicios públicos que demanda, permitiendo de esa manera que el Gobierno federal se ocupe con mayor eficacia de la competencias estratégicas y de alcance nacional que en cualquier sistema federal se relacionan con la seguridad nacional; la soberanía, representación y política exterior; emisión de moneda, carreteras interestatales, educación, migración y salubridad general, entre otras con ese alcance.

Hasta ahora se ha avasallado a las entidades federativas y municipios, y es a la sombra del centralismo que ha sido conformada la actual coordinación fiscal. Así, en tanto que en el ámbito federal surgieron y se desarrollaron instituciones crecientemente complejas y costosas para el país, en las entidades federativas y municipios se limitaron las capacidades y se debilitaron las responsabilidades públicas, al grado de reservar a los gobiernos locales la mera ejecución de políticas federales y con frecuencia utilizarlos como meros “pagadores” de programas del Gobierno federal.

Es así como la coordinación fiscal ha quedado prácticamente circunscrita a un esquema de transferencias federales de recursos a estados y municipios haciéndolos totalmente dependientes de la federación. Prueba de ello es que los presupuestos de los gobiernos estatales se integran hoy en día con más del 90 por ciento, como promedio general, de las participaciones, fondos de aportaciones y otras transferencias federales.

Todo fue cuestión de tiempo para que mediante un incesante alud de reformas a la Constitución federal y a las leyes secundarias, el Gobierno federal se hiciera prácticamente de todas las decisiones fundamentales del desarrollo político, económico y social del país, sustentado en el fortalecimiento de su capacidad financiera adquirida a costa de la sumisión y pérdida de la autonomía de las entidades federativas y de sus fuentes fiscales de ingreso.

Este es el centralismo hacendario que hoy en día tiene postrado a los estados y municipios, entre cuyas principales expresiones está el debilitamiento de sus capacidades y responsabilidades públicas; de ahí, pues, que la descentralización de las competencias, atribuciones y responsabilidades de gasto hacia los ámbitos de Gobierno local sea el centro del debate para construir un sistema hacendario nacional.

Sin el reconocimiento de estos elementos básicos, el sistema federal es, y seguirá siendo, letra muerta, en tanto que la autonomía financiera implica capacidad de decisión y, por consiguiente, autonomía política; dicho de otra forma, sin autonomía financiera las entidades federativas carecen de autonomía política.

Además, el sistema hacendario federalista que proponemos tiene, entre sus objetivos centrales, el blindar de indeseables e inconvenientes decisiones, particularmente del Gobierno federal, que ocasionen un desastre económico nacional, o su insolvencia financiera, arrastrando a ese abismo de difícil retorno a las entidades federativas y municipios, es decir, al país entero. En cambio, las malas decisiones de una o más entidades federativas no ocasionan situaciones de desastre o emergencia nacional, puesto que no se afecta al país en su totalidad.

Este gravísimo riesgo se estaría actualizando en el 2021 de ser ciertas las recientes declaraciones del Secretario de Hacienda del Gobierno federal, en el sentido de que el próximo año los estados y municipios verán seriamente afectados los ingresos federales que reciben, que de suyo durante este año ya sufrieron una muy significativa reducción. He ahí, pues, la enorme vulnerabilidad en que se encuentran las entidades federativas y municipios ante la dependencia y sumisión casi absoluta respecto del Gobierno federal, reflejando crudamente el pernicioso centralismo que padece México.

Ante este pésimo escenario nacional, las entidades federativas y municipios se verían imposibilitadas para destinar recursos presupuestarios a la inversión de capital que permita sobrevivir y rescatar empresas en extinción, reactive la economía local y permita a las actividades productivas generar plazas laborales en el territorio estatal.

Y, desde luego, forma parte de esta problemática estructural el hecho de que el Gobierno federal excluya a las entidades federativas y municipios de toda posibilidad de participación en la planeación nacional, evidenciando el férreo centralismo que domina las decisiones en México.

La planeación nacional ha sido responsabilidad única del Gobierno centralista, no obstante que, conforme al espíritu democratizador del principio federal, la participación de las entidades federativas y municipios debe ser condición necesaria, no sólo porque permite recoger e integrar su visión de país, sino porque los induce a hacer suya la planeación del desarrollo nacional, así como las políticas y programas federales que emanan de la misma, otorgándoles una fortaleza de la que hoy en día carecen.

Bajo esta óptica resulta inconveniente –más aún, resulta imposible–, al menos en términos de eficiencia y eficacia, que sólo un ámbito de gobierno cargue, asuma y centralice la responsabilidad de darle rumbo a la nación. Actualmente ningún país con o sin sistema federalista debe ignorar la visión, las iniciativas y propuestas de los demás ámbitos de Gobierno.

El Gobierno federal no debe ni puede hacerlo solo. La dinámica que impone la complejidad y diversidad de las demandas sociales a lo largo y ancho de la geografía nacional hacen prácticamente imposible responder con la oportunidad que sólo se da en la cercanía de la autoridad local con la población. Sin embargo, los gobiernos locales no tienen atribuciones ni recursos para hacerlo, virtud a la asfixiante centralización de recursos y competencias del Gobierno federal.

Por ello, consideramos que la premisa para el análisis del cambio estructural hacia un sistema hacendario federalista consiste en preguntarnos si México tiene el esquema o modelo de federalismo que demandan las actuales circunstancias del desarrollo del país que, entre otras cosas, requiere de mecanismos eficaces de coordinación intergubernamental para la toma conjunta y corresponsable de decisiones que atañen a los tres ámbitos de Gobierno.

La ausencia absoluta de funcionalidad del actual marco federalista para impulsar y darle viabilidad al desarrollo económico, político y social al país es, a nuestro parecer, el elemento o condición clave para considerar e iniciar un movimiento transformador del sistema de coordinación fiscal hacia la creación de un sistema hacendario nacional auténticamente federalista, que permita la participación corresponsable de las entidades federativas y municipios en la planeación nacional y que redistribuya las fuentes fiscales de ingreso, así como las competencias administrativas o de gasto, asignando los recursos necesarios a quien deba ejercer las facultades conforme a un nuevo esquema de distribución de responsabilidades.

En suma, pues, la intención de limitarse a únicamente proponer cambios a la fórmula de distribución de las participaciones federales es mero espectáculo que a nada conduce, no sólo porque carece de una visión integral de la problemática estructural del país sino porque, además, las entidades federativas con mayor población opondrían su rechazo a toda propuesta de cambio, ya que es precisamente la población el ponderador de esa fórmula para la asignación de las participaciones federales.

Es por ello que invitamos a la ciudadanía a sumarse a la exigencia al Gobierno federal para que convoque a una convención nacional en la que se discutan estos temas y llevarlos al campo de las reformas a la Constitución federal y leyes secundarias que se requieran.

03 septiembre de 2020