Sí, cambió de opinión, según reconoció públicamente en la mañanera. Según sus propias palabras, el presidente llegó al poder y se dio cuenta del grave problema de la seguridad y la insuficiencia de policías para enfrentarla, además de la corrupción imperante en la Policía Federal. Por eso, dijo, decidió desaparecerla para entregarle ese poder y esa función al ejército, a través de la creación de la Guardia Nacional. Ante el gravísimo problema de la seguridad, decidió que debía militarizar el país y ahora busca que la Guardia Nacional sea totalmente militar para evitar que la nueva corporación se corrompa.

A nadie debe ya de quedarle ninguna duda, de que, uno; traicionó sus ofrecimientos de campaña de desmilitarizar y, dos; que el Presidente no confía en políticos y funcionarios de ninguna de especie, ni orientación, si son civiles, para ocuparse de la seguridad. No confía ni en sus propios allegados, por lo visto. Pero más grave aún, no confía en el futuro: no cree que nadie decente pueda llegar al poder, y por eso trata de “asegurar” que esa fuerza permanezca “limpia de corrupción” más allá de su sexenio.

No sé si se alcance a ver la gravedad del pensamiento que anima al presidente y sus reformas militaristas. Significa un cambio radical no solo en la concepción del país, sino en la misma concepción de los mexicanos que, bajo esta óptica, no tienen remedio: los ciudadanos, los policías, los políticos son, todos, inherentemente corruptos. Y es que, si solo por ser ciudadanos mexicanos somos corruptos de manera inherente y fatal, necesitamos una fuerza superior, inherentemente honesta (y armada, no moral, ni ciudadana) que ejerza el poder de manera vertical y autoritaria. El combate a la corrupción, según López Obrador solo puede lograrse con la imposición de una idea de incorruptibilidad, no de sistemas de transparencia, vigilancia, y rendición de cuentas, no: necesitamos militares, y no de sistemas que eviten la corrupción (porque son “neoliberales”).

La parte más atroz es que, paradójicamente, el ejército es la institución más opaca del país, rara vez se somete a la transparencia y a la rendición de cuentas. En los hechos, la transferencia del poder civil al militar, habilitará mayores espacios para la corrupción, los abusos y las violaciones a los derechos humanos. La gravedad de estas reformas ameritaría una fuerte protesta social, para evitar que nuestras vidas y las de nuestros hijos queden a merced de los militares, mucho más allá de este sexenio.

No hace falta decir que el proceder presidencial proviene de un pensamiento esencialmente autoritario y dictatorial, contrario a cualquier agenda, no solo de izquierda y de derechos humanos sino contraria a los acuerdos básicos asentados en la Constitución.

Ante el estado de las cosas, cabría preguntarnos ¿de verdad queremos cambiar la naturaleza civil del país? ¿por qué aceptamos que un político la esté cambiando contrario a lo que prometió, y sin habernos consultado siquiera? ¿realmente no es posible crear policías honestas y funcionales? ¿en qué se basa el Presidente para pensar que las fuerzas armadas son incorruptibles habiendo tantas evidencias históricas que señalan lo contrario? ¿es pura fe, creencias personales?

Lamentablemente, querido lector, eso parece. Porque si algo hemos visto estos años es que las decisiones que se han tomado obedecen más a ideas, creencias y prejuicios, y no a análisis serios y propuestas de reformas. Como con todos sus “borrones”, no hubo ninguna intención de reformar, arreglar, corregir, sino de destruir, “extirpar” el mal, así eso implicara la destrucción de instituciones, y programas funcionales o perjudicar la vida de los más vulnerables. Vamos, no ha habido, al menos públicamente, diagnósticos serios de las fallas precisas ni intención alguna de perseguir a los corruptos, solo demagogia justiciera. Así se han destruido múltiples instituciones y programas estos años y, paradójicamente, se han conservado las prácticas corruptas. Lamentablemente, parece que esto mismo ha sucedido con lo que respecta a la inclusión del ejército en labores y puestos que tendrían que ejercer los civiles.

Hay que decir, también, que es a todas luces inaceptable que López Obrador nos diga ahora, a quienes votamos por él basándonos en sus ofrecimientos de campaña, que asumió una política contraria a sus promesas electorales, repetidas una, y otra vez, contra la militarización de la seguridad pública, porque desconocía el estado de corrupción de las policías, y la gravedad del problema de seguridad. Como si no hubiera sido público, escandaloso, terrorífico, trágico, inocultable el estado de decadencia en que nos hallamos durante una década y que él capitalizó para llegar al poder. Es cínico, desvergonzado y ofensivo que nos diga ahora, ya en el poder, que la única medicina que encontró para tratar al enfermo fue la misma de la derecha, pero aumentada, contra la que votamos, al elegirlo.

No, señor López Obrador, no basta con que nos diga que cambió de opinión, no aceptamos su traición, y le exigimos, como sus votantes, que cumpla con lo que nos prometió y detenga la militarización de México. Lo elegimos para que detuviera el baño de sangre, no para construir cuarteles sobre tumbas clandestinas. Cumpla con su palabra, demuéstrenos que no son peores que los iguales.

María Rivera

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María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

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