El de Ernesto Canales Santos es un valioso testimonio directo y fundamental para ganar la batalla contra la corrupción en México. El también productor del documental Presunto Culpable, cuenta cómo su gestión no contó con el apoyo de la sociedad civil ni de los jueces locales y, por encima de todo, no estuvo exenta de intimidaciones, trabas y la poca participación de los funcionarios, factores que impidieron constantemente su labor.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– Ernesto Canales Santos narra cómo pasó, a sus 75 años, de ser un exitoso abogado a convertirse en el primer Fiscal mexicano especializado en perseguir los delitos de corrupción en Nuevo León, así como los retos que enfrentó durante los dos años que cumplió ese papel en la entidad norteña y los logros históricos que su trabajo legó en la administración pública del país.

Al mismo tiempo, denuncia a los principales operadores criminales del sistema desde las cúpulas políticas, y ofrece la relación detallada de sus procedimientos, develando los obstáculos que se han creado para sostener el sistema de impunidad y corrupción hasta la fecha. Porque su gestión no contó con el apoyo de la sociedad civil y, por encima de todo, no estuvo exenta de intimidaciones, trabas y la poca participación de los funcionarios, factores que impidieron constantemente su labor.

Canales Santos se propuso llevar al ex Gobernador de Nuevo León, el priista Rodrigo Medina de la Cruz, a la cárcel.  El ex mandatario neoleonés dejó el poder y fue vinculado a un proceso legal en su contra por peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido del servicio público y abuso de funcione, junto con otros 14 servidores públicos más e incluso familiares y socios.

Sin embargo, el ex Fiscal anticorrupción de NL se ha referido ya a las sospechas sobre un acuerdo “en lo oscurito” entre el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, y el Presidente Enrique Peña Nieto para no tocar a Rodrigo Medina, como sí se ha tocado a Roberto Borge Angulo, Javier Duarte de Ochoa y ahora, después de las denuncias de Javier Corral y del Gobierno de los Estados Unidos, a César Duarte Jáquez, quien actualmente es prófigo de la justicia. ¿Por qué Peña Nieto cuida tanto a Rodrigo Medina?, es la pregunta que ha lanzado.

“Con su ejemplo, Peña Nieto envió un claro mensaje al país: no habrá cambio en este tema. Incluso, en una entrevista para un canal de televisión, tuvo la desfachatez de justificar que la corrupción era “un asunto cultural”, tratando con ello de eludir ante la sociedad cualquier responsabilidad personal”, dice en este libro el abogado con más de 50 años de experiencia.

Canales es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, con estudios de maestría en Derecho Comparado por la Universidad de Columbia en Nueva York y de Administración y Finanzas en Stanford University, Texas University y Tecnológico de Monterrey. Ha sido abogado postulante por más de 50 años, lo que le ha permitido llevar asuntos de negocios y litigios importantes; miembro de los consejos de administración de grandes empresas, y árbitro en controversias internacionales. Además, ha formado parte de múltiples organizaciones civiles y académicas sin fines de lucro, y participó activamente en el cambio del Sistema de Justicia Penal en México, del escrito al oral, habiendo producido el documental Presunto culpable, pieza clave en el proceso de cambio. En noviembre del 2016 fue designado Fiscal anticorrupción para Nuevo León, el primer cargo de ese tipo en el país.

¿Cómo nos arreglamos?, es un libro necesario en un país que ostenta uno de los más altos índices de corrupción e impunidad en el mundo, y sobre este tema profundiza Ernesto Canales en el siguiente adelanto en exclusiva para los lectores de SinEmbargo, por cortesía y autorización de la editorial Grijalbo.

1. LA RAZÓN Y LAS BOLSAS DE DINERO

Unos meses después de asumir por primera vez un cargo público, a mis 75 años de edad, me encontraba en el salón de sesiones del Congreso de Nuevo León en una comparecencia ante los diputados, en un ambiente que parecía más el de una arena de lucha libre mexicana.

La comparecencia era transmitida en vivo por las televisoras locales y luego de casi ocho horas de contestar ignominiosas y falaces preguntas, el último diputado que intervino —luego de que yo hubiera reconocido haber dado alguna vez mordida a un oficial de tránsito— me increpó:

—Fiscal anticorrupción: ¿ha sido corrupto o no? Porque si ha aceptado que en alguna ocasión ha dado moches, entonces es corrupto. Eso es precisamente lo que se define como corrupción y si usted confesó que es corrupto, está inhabilitado para el puesto, así que renuncie inmediatamente.

—Pero nunca —respondí— mis mordidas han sido para beneficiarme del erario público, y esos delitos son los que voy a perseguir. Lo voy a hacer pese a ustedes; aunque estén en contra me voy a dedicar a eso para que en Nuevo León no queden sin castigo los corruptos.

Así empezaba el combate a la corrupción en Nuevo León. El Congreso manifestaba una declarada fuerte oposición a este combate, en un país que nunca había establecido una política de Estado en contra de los delitos que merman al patrimonio público: ¡vaya ironía!

Los diputados utilizaban la tribuna legislativa para atacar a quien se atrevía a encabezar la primera oficina especializada en perseguir el mal uso de los fondos del Estado. Entendían que sus correligionarios enfrentarían cargos de cárcel y lanzaban una primera intentona de detener esa situación. La incongruencia era que ellos, los legisladores, los que hacen las leyes, pretendían con este ataque que no se cumplieran sus propias normas. Pero la mayor ironía es que, más adelante, esos diputados llegarían a cambiar las leyes para impedir la persecución de esos delitos y que sus correligionarios quedaran impunes.

Pese a todo, Nuevo León se constituyó en el escenario del cambio.

Aquí está la historia de cómo fue posible establecer la primera Fiscalía Anticorrupción. Se mostrarán las lecciones aprendidas para que la sociedad continué con la tarea de acabar con la apropiación privada de los recursos públicos que unos cuantos políticos perpetran para enriquecerse a costa del país entero.

QUIÉN SOY

Fui el quinto de ocho hijos. Mi padre era un exitoso comerciante de textiles por ventas al mayoreo en Monterrey, muy trabajador y a quien le gustaba disfrutar de la vida. Su mantra para el éxito decía: “A mí nadie me gana a ser decente”. El negocio abarcaba de San Luis Potosí a casi todo el norte de México. Como en mi adolescencia me di cuenta de que la empresa de la familia “había sido ya tomada” por mis hermanos mayores, en vez de pelear un lugar ahí, pensé que era buen momento para elegir mi propio camino. Aunque me gustaban mucho las matemáticas y la física, por lógicas, también disfrutaba “meterme en lo que no me importa”, saber sobre la vida de otros y escuchar sus conversaciones. Ahora veo que decidí estudiar leyes por el interés de escudriñar e intervenir en los problemas de los demás; ser abogado era mi pasaporte al campo “de las conductas privadas y del comportamiento social”.

En los años sesenta me inscribí en la Escuela Libre de Derecho, en la Ciudad de México, ya que la UNAM me negaba la entrada por tener domicilio en Monterrey, ciudad que contaba con universidad pública. No me pareció apropiado dar falsamente como mi dirección la de unos tíos y entrar a Derecho por el camino “chueco”, como hicieron algunos de mis compañeros, incluso uno que después fue gobernador de Nuevo León.

En la Libre descubrí que el derecho penal, a pesar de que era la materia que más me atraía —seguramente por eso de que trataba lo más íntimo del comportamiento humano—, no era una opción viable para el desarrollo profesional debido al ambiente de extrema corrupción con el que se ejercía en el país. El deterioro era palpable hasta en aspectos elementales y lo podía entender cualquier joven pasante: los baños más sucios de todos los tribunales —literalmente— eran siempre los del ámbito penal.

Desde entonces me llamaba la atención la convivencia en México de un Estado de derecho de primer mundo, sofisticado, apropiado para las finanzas, en el que grandes compañías y corporaciones industriales participaban en la Bolsa de Valores compitiendo tú a tú con los extranjeros, con otro sistema de derecho penal que no correspondía a ese nivel. Es una dicotomía disfuncional que expresa la desigualdad social y económica del país, resultado de muchos siglos de dominación, negligencia e importamadrismo.

Uno de mis maestros en la Libre, el jurista don Raúl Cárdenas, nos despejó todas las dudas cuando sentenció en la primera clase de derecho penal: “En México, para ganar un juicio penal se necesitan dos cosas: primero, tener la razón y, segundo, una bolsa de dinero de este tamaño” y con las manos simulaba una bolsa del tamaño de un balón de futbol. “¿Y si no se tiene la razón?”, pregunté. Entonces el maestro Cárdenas agrandó al triple el tamaño del saco imaginario.

Cuando estudiaba el segundo año empecé a trabajar como pasante en Baker, Botts and Miranda, que después se denominó Santamarina y Steta, entonces un despacho mexicano-americano con unas impecables oficinas en Reforma, en el que se practicaban estándares de primer mundo y que tenía entre sus clientes desde la General Motors hasta la Embajada de Estados Unidos. Las empresas que eran clientes de este despacho no hacían las marranadas acostumbradas con sus trabajadores: si despedían a alguien, lo indemnizaban; si lo habían corrido por alguna falta, era porque tenían las pruebas. Aunque lo laboral no era la materia que más me interesaba, fue una buena experiencia, pues conocí empresas que cumplían con las leyes sin recurrir a trampas o corrupción.

Como tenía muy buenas calificaciones conseguí una beca para estudios de posgrado. En la solicitud me preguntaban qué universidades me interesaban y las enlisté: Columbia, luego Harvard y después Yale. Preguntaban también por qué quería la universidad que ponía en el primer lugar y respondí: “Porque está en Nueva York”. También inquirían si aceptaba beca en una universidad distinta de las tres señaladas y contesté que no. Me dieron Columbia.

Columbia tenía el beneficio de que los abogados más prestigiosos estaban en la planta docente o tenían cursos de alta especialización. Algunos de ellos llegaban en limusina y cosas así, porque eran abogados de grandes empresas o despachos, que nos enseñaban el derecho desde la experiencia práctica. En cierto sentido, era bastante parecido a la Libre de Derecho, donde es tradición que los catedráticos no cobren, por lo que sólo los abogados que han resuelto sus ingresos económicos pueden darse el gusto de ser maestros.

Al cabo de dos años regresé a Monterrey con la idea de abrir mi propia oficina. En eso estaba cuando me invitaron a formar el despacho Santos-Elizondo, ahora uno de los más importantes de la zona. Estuve ahí tres años y luego fui contratado por el entonces llamado Grupo Industrial de Monterrey, de los más grandes del país, hoy Grupo Alfa, para encargarme de toda el área jurídica. En ese momento comenzaba la apertura de la economía mexicana y había grandes planes de crecimiento en el Grupo. Yo todavía no cumplía treinta años. Llegué cuando estaban comprando el Banco de Londres y México, la institución crediticia más antigua y la segunda en importancia del país.

Permanecí en el Grupo Alfa dos décadas. Salí luego de haber finalizado un acuerdo de capitalización con acreedores por tres billones de dólares, los cuales sacaron al Grupo de la crisis financiera iniciada en 1981. Así que en Alfa entré negociando con un banco y terminé acordando con ciento veinte bancos en contra.

FUNDACIÓN DE RENACE

“No entiendo como puedes ganarte la vida trabajando con un sistema tan injusto”, me dijo un abogado francés, director de Finanzas de uno de mis clientes importantes. Él había sufrido un atropello judicial ilegal en México que lo llevó a la cárcel por dos meses.

Fue este reclamo el que llenó mi vaso: decidí dedicar parte de mi tiempo a organizar un grupo ciudadano con fines filantrópicos. Así fundé Renace, una organización civil enfocada a combatir las injusticias del sistema penal.

Me resultaba vergonzoso que, en efecto, durante mi práctica había constatado que “las bolsas de dinero” eran una realidad creciente.

No era fácil decir a mis clientes que para ganar los litigios debían pagar mordidas, aun teniendo la razón. Ello se prestaba a que dudaran de mi capacidad y honestidad, pero no había otra forma de sacar el asunto adelante. Me costaba tanta o más vergüenza abordar esta situación de “dar gratificaciones” en los casos de clientes y colegas extranjeros, pues para ellos significaba que les pedía cometer una ilegalidad, para mí implicaba representar y ser parte de un México moralmente devaluado.

Uno de los primeros casos que atendió Renace fue el del joven sentenciado a cárcel por robar dos kilos de barbacoa. El juez, sin estar presente en las diligencias probatorias, consideró el robo con violencia —“porque el acusado se echó a correr”— y lo condenó a una pena alta, de catorce años y sin libertad provisional, aunque no tenía antecedente delictivo alguno. Lo que tenía era hambre.

Otro caso fue el del campesino, también sin antecedentes penales, condenado a doce años de prisión por haber utilizado una carabina, heredada de su abuelo, con la que salió a cazar conejos para que cenara su familia. Para su detención, el ministerio público acompañó un falso peritaje que calificó el arma como de “uso exclusivo del Ejército”. El perito no tenía idea de armas, pero el juez nunca se enteró ni lo vio, mucho menos cuestionó su expertise.

Logramos liberar a ambos y a muchas otras personas. Con ello empezamos a crear conciencia ante los juzgados penales de que estos casos sí contaban y que allí estábamos nosotros para revisarlos. Esto fue lo verdaderamente importante para empezar a cambiar la forma de impartir justicia de parte de abogados, ministeriales y jueces, quienes al sentirse observados les gustaba poner su mejor cara.

Barbaridades de este tamaño ocurrían todos los días. En Renace caímos en cuenta de que esta situación obedecía a fallas que la propia ley permitía e incluso propiciaba: jueces sin obligación de asistir a la presentación de pruebas y que no eran requeridos por ley para entrevistar acusados, víctimas o peritos; ministerios públicos con facultades superiores a las de las víctimas o acusados, que daban al traste con la idea de un juicio imparcial; procesos desordenados, que no captaban “la historia del crimen” y, para rematar, cárceles nefastas que no servían para la regeneración del delincuente, sino todo lo contrario, según la percepción ciudadana son universidades del crimen. En resumen, un sistema penal tan nefasto que tenía el rechazo social, pero que a ningún funcionario o político parecía importar antes de Renace.

¿Qué hacer ante tanta injusticia? Teníamos que dirigir nuestro trabajo con mucha precisión. Sin abandonar la defensa de los presos pobres —que además de ser nuestra aportación a la profilaxis social, nos daba asiento de observador de primera fila en la escena penal—, buscamos procedimientos más transparentes y abiertos que se dieran en otros países.

Chile había pasado de un sistema sumamente represivo, con la dictadura de Pinochet, a uno abierto. Para llevar a cabo ese cambio, el país tuvo que reconstruir todo su sistema de justicia penal, una reforma muy reciente en una nación culturalmente similar a México. Esta comparación nos ayudó a precisar el objetivo de Renace. Lo ajustamos a un panorama más amplio: no sólo corregir injusticias sino prevenirlas, cambiando conductas mediante reformas legales.

Así, ante la enorme desconfianza de la sociedad en el sistema penal, por su opacidad, corrupción generalizada y usos políticos, Renace se enfocó también en ayudar a mejorar el sistema. Primero, trabajando para conseguir la libertad de presos inocentes y de escasos recursos; y segundo, documentando, gracias al trabajo anterior, las fallas sistémicas graves, como la no aplicación del principio de presunción de inocencia, los procesos largos y oscuros, la prevalencia de la forma versus el fondo, la importancia decisiva de la prueba de la confesión —pero sin control en la forma de obtenerla—, la lejanía de jueces de los casos que decidían, y un largo etcétera.

Con esta base, y junto a otras muchas organizaciones civiles que convocamos al efecto, promovimos el cambio a los juicios orales. En 2004, Nuevo León fue el primer estado que aprobó la modificación y a partir de 2016 fue obligatorio para todo el país. Hoy se inicia en México un proceso penal que puede llegar a ser confiable y así lo está apreciando la sociedad, que no quiere volver atrás.

Esta reforma penal fue producto de una amplia gama de esfuerzos personales, coordinados en debates abiertos que no dejaban lugar para intereses mezquinos. Uno de sus logros iniciales fue que su aprobación fue unánime en el Congreso, que no se trató de una propuesta proveniente de los grupos de poder, ni fue peleada en marchas, desplegados periodísticos o denigrando el pasado.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS JUICIOS ORALES?

En primerísimo lugar, que el principio de presunción de inocencia se reconoce a cabalidad. El juicio penal ya no empieza con cárcel. Ésta queda limitada, como pena previa, para casos de peligro para la sociedad; ahora se requiere un juicio abierto para ser condenado, y los argumentos y pruebas se presentan en público.

Todo lo contrario a lo que sucedía antes.

Una muestra detallada del sistema anterior se plasma en el documental Presunto culpable, del que fui productor y al que le dedico un capítulo más adelante.

Ahora, todas las etapas del proceso penal, incluyendo la investigación y presentación de pruebas, son públicas y tratadas oralmente; el acusado tiene que ser presentado de inmediato ante el juez penal, acompañado de un abogado defensor y la prisión preventiva la resuelve el juez, en cada caso, según el daño para la sociedad. El juicio penal se lleva en tres audiencias: la inicial o de Vinculación, la intermedia o de Evaluación, y la final, que es la de Sentencia. La ley prevee un periodo reglamentado de hasta máximo seis meses para todo el proceso, lo que desgraciadamente en la práctica no cumple el Poder Judicial.

En Nuevo León se tomaban hasta seis meses entre audiencias.

¿Por carga de trabajo o para sabotear el esfuerzo anticorrupción?

¡Hagan sus apuestas!

Si juntamos esta práctica con la otra de diferir audiencias utilizando razonamientos baladís, por ejemplo, que el despacho jurídico encargado de la defensa realice internamente cambio de abogado con miras a que el Congreso termine su proceso legislativo para quitarle competencia a la fiscalía a mi cargo, sabremos quién gana.

Es “enbroncante” que los jueces se presten —más bien, se vendan— en contubernio con diputados para cubrir impunidades. No sólo en México no hay política de Estado para combatir la corrupción, sino que la política es permitirla con sello de legalidad aparente.

Todos estos cambios los hicimos desde la sociedad civil y la brega por impulsar la reforma penal me fue introduciendo en la vida pública. Quien me invitó a participar en la nueva administración estatal fue Fernando Elizondo Barragán. Él había sido candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León en 2015 y declinó a favor del candidato independiente Jaime Rodríguez, El Bronco, en cuyo gobierno asumió al inicio el cargo de coordinador ejecutivo.

Primero hablamos de la posibilidad de que fuera procurador de Justicia, pero la descarté de inmediato por falta de conocimiento de la institución. Luego contemplamos instalar un consejo ciudadano contra la corrupción, que se desechó por carecer de “dientes”, o fuerza legal para implementar sus decisiones. Finalmente, se llegó a la decisión de crear la Subprocuraduría Anticorrupción, que tendría el monopolio de la acción penal en materia de estos delitos, a la que el Bronco me invitó de manera formal en una rápida reunión que careció de protocolo alguno.

Mi decisión de aceptar ser el primer fiscal anticorrupción en México está ligada a mi activismo por la reforma penal. Si no se hubiesen establecido los juicios orales, yo no habría aceptado esta responsabilidad, pues continuaría en la batalla contra las bolsas de dinero llevadas en lo oscuro. Además, ¿cómo me hubiera atrevido a someter a juicio penal y pedir cárcel a personas que seguramente conocía si no estaba respaldado por un juicio público en el que las pruebas y alegatos estuviesen a la vista de todos? No me gusta eso del exilio.

Esta evolución profesional ocurre, además, en el tercer acto de mi historia de vida.

Pero si habíamos logrado el cambio en el sistema penal, era muy retador ponerlo en práctica y perseguir a los corruptos apegados a la ley. Era un escenario que me provocaba personal y profesionalmente.

2. LA CORRUPCIÓN NO ES CULTURAL

Desde hace muchos años, México está marcado por su corrupción, la cual ha sido propiciada por la ausencia prácticamente total, como he señalado, de una política de Estado para combatirla.

Si revisamos el siglo XX, hay pocos casos relevantes de persecución de delitos relacionados con este lastre. Quizá el más conocido fue el que se siguió durante el sexenio de Miguel de la Madrid contra Jorge Díaz Serrano, exdirector general de Pemex; esto es significativo porque en otros casos exhibidos por la prensa ni siquiera se intentó la acción penal, como por ejemplo en el desvío de recursos públicos para construir un conjunto de mansiones, para él y su familia, por parte del presidente José López Portillo. Lo hizo a lo largo de un amplio terreno que sería conocido de manera despectiva como “La Colina del Perro”, terreno que le habría sido regalado por el empresario desarrollador del fraccionamiento Bosques de las Lomas. Dicha “donación” no fue mal vista.

Este tipo de situaciones eran habituales, como la “cortesía” protagonizada por el empresario Rómulo O’Farril —“generosamente concesionado” por el Estado—, quien con motivo del informe presidencial obsequiaba al presidente en turno un automóvil convertible último modelo de la marca Lincoln. En este vehículo de lujo el mandatario recorría triunfante las calles de la ciudad, y no se sabía si la gente iba a ver al presidente o al automóvil.

No era concebible que estos casos fueran objeto de acusación ni llegaran a tribunales. Durante varias décadas, el régimen logró que fueran considerados por la mayor parte de la sociedad de manera normal, “natural” o “cultural”, como en pleno siglo XXI sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto, sin rubor alguno ni asomo de vergüenza.

Como producto de aquel sistema político unipartidista, basado en una red de complicidades, el combate a la corrupción afloró sólo como venganza política, no como preocupación oficial por respetar el Estado de derecho. El enriquecimiento ilícito de los políticos mexicanos prácticamente no ha sido castigado.

Todos los grandes problemas nacionales —narcotráfico, inseguridad, monopolios, concesiones de obra y servicios públicos— que tenemos por emblemáticos y que incluyen la desigualdad social —siempre tocada por “clientelismos” oscuros—, y la mismísima educación —con “acuerdos gremiales” por “debajo de la mesa”—, todos tienen un mismo tronco, erguido en raíces profundas de corrupción. Existe el narcotráfico porque tenemos fuerzas de seguridad y autoridades corruptas que han tejido un entramado con criminales, funcionarios y empresarios deshonestos, lo cual apunta a la mera cúspide de la pirámide del poder en México.

En Nuevo León, por ejemplo, en los años noventa tras una serie de escándalos se llegó a iniciar una averiguación en contra del gobernador Sócrates Rizzo, aunque fue una simulación, pues parecía que el propósito era exonerarlo más que castigarlo. En otro raro momento se llevó a la cárcel al tesorero del gobierno de Benjamín Clariond, de apellido Doria, por desviar recursos públicos al PRI a través de cuentas bancarias de su empleada doméstica.

No es fácil saber si aumentó o disminuyó la corrupción a partir de la alternancia en el poder ocurrida en el año 2000. Lo cierto es que en ninguno de los periodos presidenciales panistas —con Vicente Fox y Felipe Calderón— se realizaron grandes persecuciones a la corrupción. ¿Cómo tener datos sólidos sobre esos delitos si nunca los hemos combatido sistemáticamente?

A falta de datos, en su lugar suelen usarse mediciones con base en la percepción ciudadana que, debido a que no existen casos de persecución de corrupción que el público conozca y avale, arrojan índices de corrupción e impunidad muy alarmantes. Por ello, en las comparaciones de carácter internacional, México sale siempre muy mal calificado, es de los últimos de la cola.

Necesitamos dar “campanazos” ante la sociedad, con datos duros, de que aquí sí se persiguen estos delitos, para mejorar la evaluación de nuestro sistema de justicia y de la lucha anticorrupción. ¿Pero dónde están esos datos? Nuevo León, Chihuahua y otros estados ya los están construyendo.

PREVALENCIA DE LA CORRUPCIÓN

Al poco tiempo de iniciar el gobierno de Peña Nieto, la periodista Carmen Aristegui reveló, con lujo de detalle, un caso de corrupción que involucraba al presidente y a su esposa en la adquisición de una mansión propiedad de un contratista del gobierno. La reacción del propio mandatario, así como de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Función Pública dejaron en claro que, para decirlo con suavidad, combatir la corrupción no estaba en la mira de la nueva administración federal.

De esta manera, se confirmaba la fama que Enrique Peña Nieto ya cargaba como gobernador del Estado de México, donde la empresa española más cuestionada del ramo, la constructora OHL, realizó las dos obras de mayor trascendencia en la entidad: el aeropuerto de Toluca y el Arco Vial que une al Estado de México con Querétaro y Puebla.

Con su ejemplo, Peña Nieto envió un claro mensaje al país: no habrá cambio en este tema. Incluso, en una entrevista para un canal de televisión, tuvo la desfachatez de justificar que la corrupción era “un asunto cultural”, tratando con ello de eludir ante la sociedad cualquier responsabilidad personal.

Entre tanto, en Nuevo León, a través de denuncias periodísticas y de organizaciones ciudadanas, se documentaron verdaderos atracos contra el patrimonio estatal: despilfarros, simulación de compra de placas de automóviles, tráfico de influencias, sobrecostos de obras de gobierno y generalizados moches de empresarios. Además, familiares y amigos de Medina eran señalados por acumular fortunas estratosféricas.

La corrupción en Nuevo León fue el tema más importante del proceso electoral de 2015, en el que triunfó de manera sorpresiva el aspirante independiente Jaime Rodríguez, El Bronco, en cuya campaña aseguró que investigaría y llevaría a juicio a su antecesor. Con mucha emoción histórica prometió: “Vamos a meter a Medina a la cárcel”.

EL EJEMPLO DE NUEVO LEÓN

La incorporación de Fernando Elizondo al gobierno del Bronco, por su probada honestidad, fue crucial para que ganara las elecciones con 50 por ciento de los votos, con lo que superó los reunidos de Ivonne Álvarez del PRI y Felipe Cantú del PAN.

En ese momento el Sistema Nacional Anticorrupción todavía no tomaba forma, pues no se ponía de acuerdo el prian. El Bronco no quiso esperar y se adelantó al crear la oficina especializada de la Procuraduría en la atención de delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y abuso de autoridad. Así nació la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, que fui invitado a presidir. En Sonora y Chihuahua, donde sí pudieron reformar leyes, se crearon figuras parecidas, pero que dependían directamente del gobernador.

Las elecciones intermedias de 2015 dejaron en claro que la agenda anticorrupción generaba votos.

Una vez en el puesto, era importante contar con información veraz. Por ello le solicité a la doctora Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), un estudio financiado por la iniciativa privada sobre el trabajo de dependencias similares a la recién creada por el gobierno de Nuevo León.

En su investigación, la doctora Magaloni dejó en claro que la lucha anticorrupción ocasionó que en 2018 seis gobernadores fueran procesados, en gran medida porque los nuevos mandatarios, surgidos de la oposición, sintieron la presión política de averiguar los manejos de su antecesor. Es verdad que, en los hechos, siguió operando el viejo sistema donde es el gobernador quien decide castigos y perdones, y donde no impera el profesionalismo de las instituciones ni el amor por el Estado de derecho. Pero ello fue posible porque la sociedad se pronunció y los nuevos gobernantes sintieron la obligación de tomar acciones contra sus antecesores.

También le pedí al director de la Consejería Técnica de la PGR, hoy encargado del despacho, que me mostrara los protocolos de la institución relativos al tratamiento de los casos de delitos de corrupción. Apenado, me confesó que la que yo consideraba “la Catedral de la persecución de delitos en México”, no contaba con reglas al respecto. Pues sí, ¿para que molestarse en elaborar reglamentación sobre delitos de corrupción si no hay voluntad política de perseguirlos?

Cuenta Gabriel Zaid que en los años ochenta pensó escribir una tragicomedia sobre la corrupción en México. Tenía en mente un personaje incorruptible que, por su honestidad, provoca una desgracia tras otra. Su deseo de bien causa el mal; arruina a su familia; estorba a los que quiere ayudar; ocasiona la pérdida de los trabajos y que se enemisten los vecinos; provoca muertes, odios, hambre, ruina. Sus hijos lo repudian, lo abandona su mujer, y termina sin amigos y expulsado del pueblo. “En México —concluyó Zaid— la honestidad es tragicómica. Hay que disimularla, para no causar lástima o problemas. Todo mexicano movido por un deseo de transparencia, especialmente en la vida pública, se siente ridículo”.

Me parece una magnífica advertencia del cuidado requerido para contener las ansias de acabar con la corrupción, pues está tan enraizado todo el enramaje nacional que pudiera ser catastrófico para el país desenmarañarla de un jalón, como se ha demostrado en Brasil, Perú y Guatemala, por poner ejemplos cercanos. Proceder caso por caso, y construir muy bien cada uno con la mayor difusión me parece una estrategia efectiva, con menos daños colaterales y que puede atender el nuevo clamor social.

Mi experiencia en la fiscalía la veo como el viaje al futuro del nuevo sistema nacional anticorrupción: impensable desbaratar el sistema, pero sí con posibilidad de hacerle “huecos” mediante casos convincentes públicamente que inhiban los actos de corrupción.