En el caso de México, hay 32 códigos penales que consideran ocho causales para abortar, que van desde por violación, malformaciones hasta por elección de la mujer, lo que genera condiciones inequitativas, discriminatorias e injustas, ya que es el lugar de residencia el que define el acceso a sus derechos y a los procedimientos seguros, legales y gratuitos.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El 97 por ciento del total de mujeres en edad reproductiva que habitan en América Latina y el Caribe, viven en países donde hay restricciones para el aborto o donde incluso se prohíbe por completo.

De acuerdo con los datos de la organización internacional Ipas, la cifra a nivel internacional es del 6 por ciento, lo que hace a esta región una de las restrictivas en este derecho.

Los tres países (de un total de cinco en el mundo) que prohíben el aborto por completo son El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En el caso de México, hay 32 códigos penales que consideran ocho causales para abortar, que van desde por violación, malformaciones hasta por elección de la mujer, lo que genera condiciones inequitativas, discriminatorias e injustas, ya que es el lugar de residencia el que define el acceso a sus derechos y a los procedimientos seguros, legales y gratuitos.

En el caso de México, hay 32 códigos penales que consideran ocho causales para abortar. Foto: Fernando Carranza García, Cuartoscuro

María Antonieta Alcalde Castro, Directora de la oficina de Ipas para América Latina y el Caribe, comentó en durante el anuncio de la integración de las oficinas, que el objetivo de la región es erradicar el aborto forzado y sostener el derecho a decidir en Centro América, que es la región del mundo con más países que prohiben el aborto, lo que hace que “la vida de las mujeres en estos países sea un reto”.

“Hay que tomar ventaja con una visión que incluya la región. Se debe unir Centroamérica y al equipo en Mexico. Las mujeres son la prioridad y una de las acciones centrales es dar información y procurar que quien tenga un aborto sea seguro, eficaz y sin culpas”, señaló.

En Guatemala, por ejemplo, aunque hay avances como el derecho al aborto terapéutico (que es el inducido y justificado por razones médicas), actualmente se discute una ley para castigar con cárcel los abortos involuntarios y prohibir la educación sexual, lo que provoca que mujeres y niñas opten por procedimientos inseguros.

En El Salvador, una mujer que aborta puede ser castigada hasta con ocho años de cárcel, aunque el motivo del aborto sea por salvaguardar su propia vida o sea producto de una violación.

El aborto incluso se puede tipificar como “homicidio agravado”. Hay casos en que por esta razón, las mujeres pueden recibir 30 años de prisión, aún tratándose de abortos espontáneos.

María Antonieta Alcalde Castro, Directora de la oficina de Ipas para América Latina y el Caribe, comentó en durante el anuncio de la integración de las oficinas, que el objetivo de la región es erradicar el aborto forzado y sostener el derecho a decidir en Centro América.
Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

En Honduras también está penalizado por completo, al igual que la anticoncepción de emergencia.

En Costa Rica, está la opción de aborto terapéutico pero aún el Poder Ejecutivo no forma el protocolo de atención y por lo tanto no está en práctica.

En Panamá se permite bajo dos circunstancias: cuando la vida de la madre o del producto está en riesgo o por violación.

El aborto inducido está penalizado hasta con tres años de prisión para las mujeres que se lo practican y seis años para quienes realizan abortos, aún bajo el consentimiento de la mujer.

Finalmente está Nicaragua. La penalización absoluta del aborto se aprobó en 2006 y desde entonces una mujer puede pasar hasta dos años de cárcel.

A nivel internacional, las condiciones para que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo están así: 21 por ciento de las mujeres en edad reproductiva viven en un país donde solo se puede abortar si su vida está en riesgo; 11 por ciento pueden hacerlo solo si su salud física está en riesgo, 4 por ciento pueden acceder para proteger su salud mental y 21 por ciento puede hacerlo por razones económicas.