Simpatizantes del Presidente Donald Trump se enfrentan a la policía del Capitolio en el vestíbulo del recinto del Senado, el miércoles 6 de enero de 2021, en Washington.

“La polarización en Estados Unidos no es un proceso que inicia en 2015-2016, sino algo que deriva de las profundas diferencias y brechas sociales, de género, económicas y raciales que imperan en Estados Unidos desde su fundación como Estado-Nación”. Foto: Manuel Balce Ceneta, AP

Las palabras de un Presidente sí cuentan para bien y para mal, dijo el Presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden a propósito de los hechos ocurridos el 6 de enero en Washington. Efectivamente cuentan, inciden, mueven voluntades. Fueron esas voluntades, profundamente convencidas de un fraude electoral y un agravio a la nación estadounidense, las que irrumpieron en el Capitolio para evitar el conteo y certificación de la elección presidencial del pasado 3 de noviembre. El saldo más lamentable: 4 vidas humanas.

El poder de afectar desde la palabra otras voluntades, y con ello, las acciones de otras personas es real. El poder desde esta perspectiva debe entenderse en términos de estrategia más que imposición, movilización en lugar de arrastre. En este contexto, el poder es más persuasivo que disuasivo, cimbra las fibras profundas de una colectividad  por fuera de las reglas de grandes instituciones totales o de conjunto (Estado, Iglesia, escuela, etc.) pero aprovechando éstas para multiplicar la capacidad de incidir y difundir su mensaje.

¿A qué va todo esto? Cuando nos preguntamos si un Jefe de Estado o cualquier autoridad pública tiene derecho a la libertad de expresión, por supuesto que la respuesta inmediata es “sí”. Lo que sucede es que  dicha libertad no puede ponderarse igual a la de cualquier persona común porque además esa autoridad es responsable de garantizar la libertad de expresión de otras y otros.

Las autoridades, sobre todo las de mayor nivel, pueden con su ejercicio discursivo inhibir derechos o derruir fundamentos democráticos. Pero además pueden faltar a su deber de garantizar información veraz, oportuna y fiable a la colectividad. En el caso Trump, incitó a sus seguidores desde su posición de Presidente y líder social, para que a través de la violencia se evitara la certificación legislativa de la elección presidencial de 2020. Puso en riesgo la integridad personal de los propios manifestantes, ciudadanía en general y [email protected] De hecho la irrupción al Capitolio cobró cuatro vidas.

Todo esto en un contexto de mentiras, de evidentes intentos por  manipular y cometer fraude a su favor como ya había sido revelado por The Washington Post en los llamados #TrumpTapes. En dicha investigación se expone su intención de presionar al Secretario de Gobierno de Georgia para “encontrar” más de 11 mil votos a su favor.

Es entonces cuando hablamos de  la libertad de expresión de autoridades con alta investidura de Estado. En principio resulta una falacia ponerle a la altura del resto de ciudadanía común y corriente. La lucha por la libertad de expresión es precisamente a favor de aquellas personas y colectivos históricamente oprimidos. Sin embargo, pareciera que ahora el debate se desplaza hacia la “censura” que “padecen” altos funcionarios de Estado que -a diferencia de amplios estratos de la población- cuentan con un megáfono poderoso y cuyas falacias y provocaciones representan un tema delicado.

Correrán ríos de tinta sobre el papel de Twitter, Facebook, You Tube e Instagram en la remoción de los contenidos emitidos por Donald Trump el 6 de enero. Es cierto que hay una línea muy delgada entre los contenidos que legítimamente se pueden remover de dichas plataformas y los que no; también hay un enorme debate en torno al poder de estas entidades privadas para hacerlo.

Pero otras dimensiones y consecuencias respecto al discurso trumpista requiere un debate más profundo. Por ejemplo ¿puede ser considerado que el derecho a la información de la sociedad se condiciona cuando este discurso de relevancia pública se anula de las plataformas? ¿Qué tan grave debe ser el impacto de un discurso basado en falsedades y en la incitación a la violencia para eliminar de tajo una cuenta en las plataformas digitales?

Una primera aproximación en el análisis del discurso de odio, incitación a la violencia y/o discriminación es tomar en cuenta la posición del dicente. Repito: no es lo mismo un Jefe de Estado con amplia ascendencia social que un o una ciudadana común. Otro abordaje es la posibilidad de incidir en una audiencia numerosa y dispuesta a ejercer actos de violencia. La inminencia de dicha violencia, en un contexto determinado, también es materia a tomar en cuenta.

Si quien estas líneas escribe grita que hubo fraude electoral en Estados Unidos es irrelevante frente la misma expresión proferida por un Presidente que además es (nos guste o no) un líder social de un amplio sector. En este rejuego entre liderazgo de facto y formal no podemos sacar de ecuación que se trata del Jefe de Estado de la potencia económica y militar más poderosa de la historia. A lo que vamos es que la “posición del hablante” y su poder de incidir en las audiencias es relacional y se basa en su capacidad de influir en un número de personas significativo debido a pero también más allá de su reconocimiento formal como autoridad.

Cuando un Jefe de Estado, como es el caso, dice que hubo fraude electoral con total desdén por los hechos y los datos que demuestran lo contrario, lo mínimo que podemos hacer es prender luces de alerta porque su intención no es defender la voluntad popular sino mantenerse en el poder. Si a ello se suma un proceso complejo de polarización que responde a la misma estrategia política de “dividir para vencer” las condiciones están dadas para un coctel sumamente explosivo.

La polarización en Estados Unidos no es un proceso que inicia en 2015-2016, sino algo que deriva de las profundas diferencias y brechas sociales, de género, económicas y raciales que imperan en Estados Unidos desde su fundación como Estado-Nación. Pero ese proceso histórico (contexto) precisamente es resignificado, manipulado y utilizado estratégicamente para atacar las instituciones que fungen como contrapesos porque son incómodas para los líderes que pretenden acumular y concentrar más poder. Esa estrategia es aceptada y legitimada por nada menos que 70 millones de votantes en el país del norte.

Por ello no perdamos de vista este debate porque la apropiación (o expropiación) de derechos por parte de funcionarios estatales para socavar los de las personas a las que dicen servir es una estrategia que camina con eficacia. Por lo pronto ya atestiguamos que las palabras de un presidente sí cuentan y movilizan en sentido contrario a las instituciones democráticas.