Ciudad de México, 8 de feb (SinEmbargo).– La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) inició un proceso de revisión a la administración municipal de Guanajuato luego de que 14 mujeres indígenas interpusieron quejas por presunta discriminación pues ofrecen una “mala imagen al turismo” por lo que no se les permite transitar fuera de las zonas que comprende desde la Plaza de la Paz hasta la Ex estación y de Campanero a Embajadoras, informa Periódico Correo.
El secretario del ayuntamiento, Antonio Ruiz Lanuza, afirmó que esto podría ser un “chantaje” porque quieren comercializar sus productos y artesanías en la calle y no permitirán que “quieran aprovecharse de su calidad como indígenas”.
Sin embargo, el comercio organizado no es tratado con la misma dureza. Al menos 39 prestadores de servicios, restauranteros, que hacen uso de la vía pública, 11 adeudan medio millón de pesos al Municipio por colocar sillas y mesas en la calle. Asimismo, el Palenque que opera en la comunidad San Isidro, donde se cruzan apuestas, no cuenta con los permisos correspondientes y sigue operando.
El sitio Periódico Correo señala que las artesanas denunciaron al director de Fiscalización, Horacio Alberto Morales Arriaga, quien no es la primera vez que se le acusa de dichas irregularidades.
El diario local indica que en 2011 se dio el primer registro en contra de las inspecciones que realizaba Fiscalización, pues actuaban en contra de los derechos fundamentales de indígenas que comercializaban productos y artesanías.
En el expediente 253/2011-A se emitió una recomendación al entonces director de Fiscalización, Jenaro Barba Uribe, y a diversos inspectores de la dependencia por haber actuado en contra de comerciantes ambulantes de la zona centro de la ciudad.
Ruíz Lanuza declaró que han estado atentos a la situación, “pero no queremos ser objeto de chantajes o de situaciones que quieran utilizar en el carácter de indígena con otros propósitos, lo cierto es que estamos atentos y no ha existido en ningún momento, ninguna negativa a que se les permita desarrollar su actividad”, dijo.
Respecto a las quejas en contra del titular del área de Fiscalización, publica Periódico Correo, señaló que aquéllas que sean debidamente fundadas serán atendidas, sin embargo, afirmó que Horacio Morales no tiene contacto directo con los comerciantes, ya que ese trabajo les corresponde a los inspectores.
El rotativo logró entrevistar al acusado, Morales Arriaga, quien negó la discriminación a las artesanas indígenas. “Yo nunca les he faltado al respeto, siempre las he tratado igual, varias de ellas me manifestaron que son indígenas, pero lo siento, aquí todos somos mexicanos y a todos los tengo que tratar igual, entiendo que se excusan en las leyes indígenas, pero cada quien hace valer sus derechos como les convenga, yo creo que ellas están tergiversando toda la información”.
No obstante, responsabilizó a las comerciantes de no querer renovar sus permisos desde noviembre para continuar trabajando de manera regular en la vía pública. “Ellas no han querido renovar sus permisos desde noviembre, siguen trabajando, no se les ha negado el trabajo, pero ellas no han querido acatar las indicaciones que se les da, no se les niega el trabajo, pero tiene que haber orden”, insistió.
