En México habitan 118 millones 395 mil 054 personas, de las cuales 51 por ciento o 60 millones 584 mil 099 son mujeres, y 49 por ciento o 57 millones 810 mil 955 son hombres. Las mujeres, aunque mayoría por poco, siguen siendo un grupo minoritario en el país en la toma de decisiones de gobierno, de empresa y de representaciones políticas. Pese a estas diferencias de género, alentadas por políticas públicas que no han respondido a la dinámica con la que este grupo ha crecido en las actividades productivas del país y en el desarrollo de las ideas, las mujeres han tomado un fuerte liderazgo y desafíos colosales desde la sociedad civil. Las 10 activistas mexicanas que aparecen en esta edición no son las únicas, por fortuna. Sí son, por supuesto, una muestra contundente de la presencia de la mujer en la defensa y reivindicación de los derechos humanos, laborales, ambientales, reproductivos y sexuales. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vale la pena reflexionar sobre su trabajo como una muestra de compromiso y valentía que inspira a la sociedad mexicana a evolucionar hacia un mejor país en la lucha contra sus peores y más poderosos enemigos del país: la corrupción, la pobreza, la discriminación y la impunidad. La vida transcurría relativamente en paz. Norma era una maestra normalista como muchas, a la que le gustaba su trabajo y disfrutaba estar con su familia: sus dos hijas, Malú y Lilia Alejandra, y sus dos nietos, Jade y Kaleb, hijos de Alejandra. Pero el 14 de febrero de 2001, las calles polvorientas de Ciudad Juárez no le trajeron de regreso a su hija menor. Alejandra nunca bajó del camión de la fábrica, no caminó hasta su casa, no abrió más la puerta ni les dio de cenar a sus hijos. El 21 de febrero encontraron su cadáver, con huellas de violencia sexual y tortura. Después de que se le secaron las lágrimas de dolor y de impotencia, la vida de Norma nunca volvió a ser la misma. La maestra se convirtió en activista, y junto con Marisela Ortiz, maestra también, fundó Nuestras hijas de regreso a casa, para reclamar los cuerpos de las mujeres muertas y poderlas enterrar, para exigir justicia por sus asesinatos, para gritar a toda voz que muchos de los restos que se entregaban a los familiares ni siquiera eran de ellas, sus hijas, sus hermanas, sus madres, sus desaparecidas. El desierto que hierve en el verano y hiela en el invierno parecía no querer dejarla en paz. En diciembre de 2011 un hombre le disparó cinco veces afuera de su casa, todavía allá, en la ciudad de la frontera, porque a pesar de las muchas amenazas que había recibido, no había querido irse. Cómo, si ahí estaba enterrada su hija. El miedo, ese monstruo de garras retorcidas y colmillos afilados, la venció por fin. Decidió exiliarse en la Ciudad de México, quizá más por sus nietos que por ella misma. Y otra vez, el periodo de paz fue breve. El viernes 3 de febrero de 2012 un hombre tocó a su timbre, en la Unidad CTM Culhuacán de la delegación Coyoacán. En el mismo instante en que Norma reaccionaba, queriendo cerrar de nuevo la puerta, su atacante alcanzó a cortarle la cara. Poco, muy poco faltó para que el arma alcanzara la carótida. Más de un año después, el 20 de junio de 2013, recibió, junto con Marisela Ortiz, el Premio Alice Salomon que otorga la Escuela de Estudios Superiores del mismo nombre, en Berlín. Hoy, junto con su nieta Jade, forma parte del Comité Ciudadano para la Liberación de Yakiri.     Después de haber dedicado toda su vida a dar clases a niños con dificultades en el aprendizaje, Adelaida se dio cuenta de que había llegado el momento de la jubilación. Había observado que las calles blancas de Mérida se empezaban a teñir del color de la rabia: las cifras de víctimas de violencia intrafamiliar y de género aumentaban exponencialmente. Se había acabado la tranquilidad con que tanto promocionaban al estado los políticos, empezando por la gobernadora Ivonne Ortega. Con todo y que en su cabello corto ya se asomaban algunas canas, Adelaida decidió que todavía no era hora de quedarse tranquila en casa; que tenía que hacer algo para estos asesinatos de mujeres (58 del 2008 al 2013) no quedaran impunes. Se unió al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán, y poco tiempo después se convirtió en su representante en el estado. Al frente de esta ONG ha promovido numerosas acciones a favor de las víctimas de la violencia de género, por ejemplo, Ema Gabriela Molina Canto, a quien su ex esposo Martín Alberto Medina Sonda (socio del ex tesorero de Andrés Granier) arrebató a sus hijos con lujo de violencia, para luego acusarla de diversos cargos, encarcelarla y mantenerla escondida, temiendo por su libertad y su vida. Adelaida también dio a conocer el caso de una joven de 20 años de edad, presa en el Centro de Readaptación Social de Ebtun, en Valladolid, por abortar con unas píldoras que le proporcionó su novio. Yucatán es el estado que, según el Observatorio, ocupa el quinto lugar a nivel nacional en casos de violencia intrafamiliar.     Eran los tiempos en que las planicies de tierra terregosas de Juárez se empezaron a llenar de cadáveres de mujeres. El 6 de noviembre de 2001, los cuerpos de Claudia Ivette González (obrera de maquiladora, de 20 años de edad), Esmeralda Herrera Monreal (de 15 años, empleada doméstica) y Laura Berenice Ramos (de 17, estudiante de preparatoria) fueron encontrados en un campo algodonero de la ciudad. Las madres de las tres jóvenes interpusieron una demanda contra el gobierno de México. La abogada feminista Imelda Marrufo Nava decidió apoyarlas, y formó la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Desde entonces, esta mujer de ojos pequeños, mirada inteligente, y cabello rojo y rizado, no ha parado de trabajar porque se castigue la violencia de género. Por medio de la Red realiza campañas de información, acompaña a las defensoras de derechos humanos que han sufrido violencia a los tribunales y apoya a los parientes de mujeres asesinadas durante el proceso para reparar el daño y obtener justicia. El 10 de diciembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos. En 2012, Imelda recibió el reconocimiento ‘Clara Zetkin’ que se otorga a mujeres que favorecen la igualdad entre géneros en las áreas de participación social, económica, política, en la ciencia y salud, y derechos humanos. El 7 de marzo de 2014 recibirá premio Anne Klein en Berlín, Alemania, de parte de la Fundación Heinrich Böll. En la exposición de motivos del jurado del Premio se lee: “Resulta ejemplar su contribución a que la violencia específica de género contra las mujeres en Ciudad Juárez haya sido tipificada como feminicidio, así como en contra de la impunidad de los asesinos”.   Si uno observa su cabello corto y peinado hacia atrás, la ausencia de maquillaje en su rostro sonriente, y la cruz plateada que cuelga en su cuello, al final de una cadena larga, no le queda duda de que es una monja. Lo es. Y además, de aquellas que abrazaron la vocación con todas sus fuerzas. La Hermana Consuelo Morales trabajó durante años con comunidades indígenas de Veracruz, y luego llegó a la Ciudad de México para aliviar el hambre y la soledad de los niños de la calle. En 1992 regresó a la ciudad en la que nació, Monterrey, y se dio cuenta de que no había ninguna organización de parte de la sociedad civil para apoyar a quienes sufrían abusos por parte de las autoridades. Así que en 1993 colaboró con la fundación de la organización Ciudadanos en Apoyo de Derechos Humanos, que ahora preside y desde donde denuncia las arbitrariedades de las autoridades, porque según afirma: “cerca de 30 por ciento de los abusos contra los derechos humanos son cometidos por funcionarios públicos”. Con su activismo logró que se cancelara la construcción de un complejo residencial con campo de golf que iba a afectar un área natural protegida que provee de 30 por ciento de agua a la zona metropolitana de Monterrey. Un día, enfrentó a unos agentes del MP que golpeaban a un muchacho que yacía en el piso, sangrando y desfigurado, en el Municipio de Apodaca. “Déjenlo ya”, les dijo. Unos minutos después, una camioneta sospechosa la perseguía. Ha recibido numerosas amenazas de muerte, pero eso no ha hecho más que reafirmar su vocación por defender a los más débiles, a los perseguidos, a los acorralados. En 2012 Human Rights Watch le otorgó el Premio Alison Des Forges por Activismo Extraordinario. Al entregarle la distinción, el director de la División de las Américas dijo: “En una crisis en la cual la tortura, las desapariciones y los asesinatos se han vuelto altamente habituales, la Hermana Consuelo se destaca, en México, como una defensora valiente e incansable de las víctimas, y como una crítica implacable de las fuerzas que cometen estos atroces delitos”.     Su rostro redondo, de ojos pequeños, enmarcado por una cabellera larga y oscura, sonríe con confianza, como si nunca hubiera pasado por el infierno que le tocó vivir. Sara nació en Candelaria, Campeche, de padres campesinos. Madre de cinco hijos, nunca aprendió a quedarse callada. Desde muy joven se unió a la lucha indígena en Xpujil, y poco después fue una de las fundadoras de la Unión Proletaria Hasta la Victoria Siempre, que apoyó a La Otra Campaña, del EZLN. También se integró a la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos. Desde 2005, Sara y sus compañeros de más de 30 pueblos, unidos en la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las Altas Tarifas Eléctricas, protestaron por los abusos de la CFE en la zona. Como represalia por las protestas, el 10 de julio de 2009 fue recluida en el penal de San Francisco Koben, de esa ciudad, junto con sus compañeros Joaquin Aguilar y Guadalupe Borias, acusados de privación de la libertad de un funcionario de la paraestatal. Los tres fueron considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional. Estando encarcelada recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo. Aunque fue liberada 10 meses después, en 2010, el acoso judicial contra Sara no cesó, y en octubre de 2013 elementos de la Policía Federal Ministerial llegaron a su casa y le entregaron un citatorio judicial sin especificar la razón por la cual se le estaba citando. Por estos hechos, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa exigió al Estado mexicano poner fin a todo hostigamiento en contra de Sara y adoptar las medidas apropiadas para garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica.     Tiene ojos claros, nariz como de niña, y una media sonrisa que revela su carácter decidido. A pesar de su juventud, Oriana López Uribe lleva ya una década y media trabajando en pro de los derechos reproductivos y sexuales. Estudió Comunicación Social en la UAM Xochimilco, de donde se graduó con un documental sobre la transexualidad. Desde los 15 años se unió como voluntaria a Mexfam, como parte del comité juvenil, creando estrategias para interesar a los jóvenes en los temas de derechos sexuales y reproductivos y de salud, así como generando materiales de divulgación. Al observar que Latinoamérica y el Caribe poseen algunas de las leyes más restrictivas del mundo con respecto al aborto, Oriana decidió tomar cartas en el asunto, porque para ella: “no tener acceso a servicios de aborto legal constituye un acto de violencia basada en género, ejercida por el Estado”. Actualmente es Coordinadora de Proyectos de la Red Balance, que incluye al Fondo María (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), que sirve como intermediario entre las mujeres que desean hacerse un aborto legal y seguro en la Ciudad de México y los servicios de salud (públicos o privados), ayudándolas con traslados desde sus lugares de origen, comidas, hospedaje y acompañamiento durante el procedimiento. Con respecto al trabajo que realiza el Fondo, Oriana es tajante: “Esto no es caridad. Es justicia social”.     Su pelo rojo y sus grandes ojos dan la impresión de que esta mujer está siempre en llamas. Y es que Minerva, activista por los derechos reproductivos y sexuales, reacciona como un flamazo ante cualquier expresión o actitud que insinúe siquiera discriminación, o peor aún, violencia contra las mujeres. Por eso, aunque de profesión es cabaretera, decidió reunir a un grupo de mujeres de todas las edades, ocupaciones y orientaciones sexuales para pedirles que contaran las historias de las mujeres asesinadas bordándolas en un pañuelo. Se inspiró en los colectivos de Bordando por La Paz, que surgieron cuando el sexenio de Felipe Calderón agonizaba dejando al país revuelto de sangre y fuego. Así nació Bordamos Feminicidios, en su casa de la colonia Narvarte, cuando apenas un puñado de mamás, tías, hermanas, hijas, estudiantes, vecinas y amigas, empezaron a bordar, muchas sin haber agarrado una aguja antes en su vida; otras, por el contrario, expertas bordadoras, pero sin haberse involucrado nunca en temas de violencia de género. El primer paquete de casos les llegó por medio del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. “Y ahora”, dice Minerva, “procuramos no repetirlos. Tenemos un registro de quién está bordando a quién, pero también pasa mucho que nos dicen: “yo la quiero bordar a ella. No te se decir porqué. Porque me recuerda a mi tía, porque me recuerda a mí misma, porque estudiaba lo que yo estudio”. Entonces, aún si ya la bordaron, les decimos: vas. ¡Nada más faltaba! Sí tienes el impulso de bordarla a ella, bórdala”. Hoy la iniciativa de Bordamos Feminicidios se ha replicado en varias ciudades de México, así como en Guatemala, España y Argentina. Las mujeres exponen sus pañuelos para apoyar acciones de protesta contra la violencia, por ejemplo, en agosto del 2013, cuando el congreso del Estado de México no quiso implementar la alerta de género en la entidad.     A finales de los años noventa, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera pusieron en la mira el tema del derecho a la protección del medio ambiente. El estado de Guerrero, de gran biodiversidad, se ha convertido en botín de grupos con fuertes intereses económicos que han visto ahí, precisamente por su riqueza natural, una mina de oro. Al igual que Rodolfo y Teodoro, Eva Alarcón ama esta tierra, y decidió que debía protegerla de la tala inmoderada y del cultivo de drogas. Por su pasión en la defensa de esta región, llegó a ser la Coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. Y al igual que a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que fueron torturados y encarcelados injustamente, a Eva le ha tocado pagar caro su activismo: El 7 de diciembre de 2011, cuando se trasladaban de Chilpancingo a la Ciudad de México en un autobús de pasajeros, Eva y su compañero activista Miguel Marcial Bautista del Valle fueron secuestrados. Cuando el autobús circulaba por la carretera federal México-Zihuatanejo, a la altura del Municipio de Tecpan de Galeana, un convoy de cuatro camionetas cerró el pasó al vehículo y hombres armados obligaron a los dos ambientalistas a bajar. Se los llevaron, y desde entonces no se les ha vuelto a ver. Desde ese momento, Coral Rojas, hija de Eva, y Victoria Bautista, hija de Marcial, iniciaron la búsqueda incansable de sus padres. Incluso contaron con el apoyo del poeta Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En febrero de 2012 fueron encontrados restos humanos en San Luis La Loma, en el Municipio de Tecpan de Galeana, pero después de hacer los análisis correspondientes, la PGR negó que fueran de Eva y Marcial. El gobierno de Guerrero presentó a dos supuestos inculpados por el secuestro de los campesinos: César Arcadio Espinoza Palma, a quién le apodan El Ganso, y José Johnny Galván, conocido como El Güero Calabaza. Sin embargo, no se ha encontrado a Eva ni a Marcial; ni vivos ni muertos. En una de las pocas fotografías de Eva que se pueden encontrar en la web, la mujer de cabello corto y ojos ligeramente rasgados sonríe con timidez mientras Rodolfo Montiel la abraza con orgullo, como se abraza a los compañeros de lucha.     En la región del bajío mexicano la cultura machista y de sometimiento contra las mujeres encuentra un fuerte asidero en la legislación. Como muestra, un botón: Guanajuato fue el último estado en promulgar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV), hasta noviembre de 2010, cuando la Ley General había entrado en vigor en febrero de 2007. Por eso, Ángeles López y un grupo de mujeres entusiastas y preocupadas por la situación de violencia de género que se vive en el estado, decidieron fundar el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, y establecieron dos objetivos principales por los cuales velar: una vida libre de violencia y derecho a la vivienda digna para las mujeres. Una de sus primeras tareas fue la de informar a las mujeres que existe una ley que, al menos en la letra, las protege. También realizan el conteo de los feminicidios que han ocurrido en el estado, y que según sus cifras, de 2006 a octubre de 2012, son 239. Como el acceso a una vivienda digna es otro de los objetivos del Centro, Ángeles López también realizó el acompañamiento de las personas que habitan la colonia Ampliación San Francisco. En ese lugar en donde predominan las casas en obra negra, las calles sin pavimentar y los muertos en vida que inhalan solvente, Ángeles y sus compañeras del Victoria Díez lograron trabajar en colaboración con mujeres de la comunidad para construir una escuela, un centro de salud, y comenzaron las gestiones para que por fin se instalara el drenaje. Ángeles López también ha sido una férrea promotora de la instalación de la Alerta de Género en la entidad.     Reyna empezó a trabajar como obrera de la maquila a los 14 años. El Valle de Tehuacán, en Puebla, estaba en auge como el paraíso de la mezclilla. Ahí llegaron empresas como Levi’s, GAP, Guess y Tommy Hillfigher, atraídas por los abundantes manantiales de la región, así como la incentivos fiscales que les ofrecía el gobierno del Estado y la abundante mano de obra barata. Es la tierra de Kamel Nacif, empresario textil a quien años después, la periodista y activista Lydia Cacho pusiera en evidencia como un pedófilo que contaba con el apoyo del gobernador del estado, Mario Marín. Después de ser víctima de las jornadas interminables con pagos irrisorios, sin protección social ni servicio médico, Reyna se convirtió en activista por los derechos laborales. Es una de las Fundadoras del Colectivo de Obreras Insumisas, que se ha atrevido a denunciar los abusos de los patrones, así como los daños a la salud que provoca la manufactura de los jeans, y el daño ecológico que han causado en los manantiales. “El trabajo es muy cansado”, dice Reyna, en entrevista para el video documental: El espejismo de la equidad. La situación de la mujer en el campo laboral en México. Ramírez Sánchez, que ya tiene que usar lentes por el daño que ha causado la costura a su vista, continúa: “En todo el día no haces cinco pantalones, o 10. Haces 3 mil, 4 mil prendas al día”. Por medio del colectivo, Reyna promueve la creación de proyectos autosustentables, por ejemplo, cooperativas de mujeres que fabrican bolsas, monederos, carteras y otros accesorios, con condiciones de trabajo dignas. Además, acompaña a las organizaciones de obreras, sobre todo de la industria textil, en las denuncias que hacen contra sus patrones por la situación prácticamente de esclavitud en las que las tienen. El 24 de noviembre de 2011, Reyna y uno de sus compañeros del colectivo, Rodrigo Santiago Hernández, recibieron una amenaza. A las 2:30 de la madrugada, través de una ventana que daba a la calle, les aventaron una piedra grande que rompió un cristal de su casa. La piedra estaba envuelta en una hoja en la que se leía: “VAN A VALER MADRES. SIGAN CHINGANDO – R.Y R.”. Los integrantes del Colectivo Mujeres Insumisas suponen que R y R quiere decir: Reyna y Rodrigo.

Irma Gallo

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#Análisis ¬ Xóchitl llega a la mitad de la campaña con el mismo estancamiento con el que comenzó