Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).– Las empresas de transgénicos y autoridades federales han formado un frente común para “tumbar” la medida precautoria que impide la siembra de maíz genéticamente modificado en el territorio mexicano, advirtieron representantes de organizaciones civiles.

En 2013, un juez emitió una medida precautoria para que en el país se prohibiera la siembra de maíz transgénico al ser México centro de origen del grano y ante los posibles daños que pudieran causar a plantas nativas y al medio ambiente, sin embargo, por medio de 91 recursos legales, Monsanto, Dupont, Dow Agrosciencese e incluso las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han intentado frenar esta medida.

“Las empresas se han ido por la forma y no por el fondo de la demanda. Ellos han peleado con argumentos absurdos, no con pruebas. Se han metido con los formalismos, por ejemplo, con la representatividad de la colectividad”, dijo la activista Francia Gutiérrez Hermosillo.

René Sánchez Galindo, representante de Colectivo AC, informó que las autoridades incluso han querido lavarse las manos al decir que no hay riesgo.

“Sagarpa –que ha impuesto cuatro amparos– contra la medida precautoria dice que no hay ninguna obligación en la ley para que informe sobre riesgos con los transgénicos, pero la ley en la materia menciona en más de 100 ocasiones la palabra riesgo”, refirió Sánchez.

La organización ambientalista Greenpace detalló que desde 1999 las autoridades mexicanas comenzaron plantaciones experimentales de transgénicos, pero no hubo medidas precautorias ni pruebas científicas que comprobaran que no hubiese daños a mediano y largo plazo. Tampoco se hizo un análisis de compatibilidad en semillas y en otras especies, sumado a que se utilizan herbicidas muy potentes que pueden contaminar el entorno.

En el caso del algodón, documentó Greenpace, muchos de los campos naturales se contaminaron luego de experimentar con cultivos transgénicos.

“En México se están sembrando cientos de hectáreas de algodón que han contaminado al algodón silvestre y miles de hectáreas de soya transgénica provocando la contaminación de miel con polen transgénico”, denunció Greenpace en su campaña “¿Y tú… sabes lo que comes?”.

“El Gobierno mexicano debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación del maíz nativo como fuente principal de alimentación y como elemento cultural de cohesión y articulación social. Siendo México el reservorio genético de este pilar de la seguridad alimentaria mundial, se debe prohibir la siembra de maíz transgénico en el país”, determinó en 2014 el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Sin embargo, las autoridades mexicanas no entienden –dijeron organizaciones civiles-: en febrero pasado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó 135 líneas de transgénicos para consumo humano, sin realizar las investigaciones necesarias para determinar las posibles afectaciones.

De acuerdo con la investigación de la Alianza por la Salud Alimentaria, el maíz transgénico tiene altos contenidos de glifosato, un químico herbicida y otros tóxicos, por lo que en conjunto con las organizaciones civiles Semillas de Vida y El Poder del Consumidor, demandaron la prohibición de este alimento, uno de los principales en la dieta de los mexicanos.

“Tanto Sagarpa como la Semarnat y otras dependencias están litigando a favor de la industria, junto con Monsanto y Pioneer, no por nada han acumulado 91 impugnaciones”, acusó Francia Gutiérrez, integrante del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas.

El abogado encargado del juicio colectivo, René Sánchez Galindo, detalló las resoluciones: “Hasta el momento, el Quinto Colegiado Civil ratificó la medida precautoria, deberá repararse el derecho de audiencia a Dow Agrosciences, pero la suspensión de siembra seguirá surtiendo efectos; también, el pasado mes de febrero el Segundo Colegiado Civil desecha en definitiva un amparo de Pioneer Dupont. Además, el Sexto Colegiado Civil negó un amparo de Dupont y el Cuarto Colegiado Civil, declaró improcedente otro amparo de Monsanto, todos los amparos buscaban levantar la suspensión de siembra por distintas vías”.

En entrevista para SinEmbargo detalló que en total se han ganado 85 batallas legales dentro de la demanda y la medida precautoria, pero aún faltan seis más.

Francia Gutiérrez expresó que el “bloque” empresas-gobierno no quiere llegar al juicio y por eso prevén interponer más instrumentos legales.

“Nosotros queremos que ya se instaure el juicio, tenemos pruebas y argumentos desde diversos sectores como la academia, de biodiversidad y el campesino. Esperamos que ellos demuestren su punto que los transgénicos son factibles”, dijo.

Adelita San Vicente, una de las demandantes, informó que México importa maíz que proviene de Estados Unidos, que en su mayoría es trasngénico, y el maíz criollo que se siembra en el país es exportado a otros lugares, como Japón.

“Es muy preocupante que se estén importando 10 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos y que no haya seguridad de que éste y sus agrotóxicos no contaminan”, expresó.

En octubre de 2013, el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, en el Distrito Federa, ordenó a la Sagarpa y Semarnat abstenerse de otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado, así como prescindir de efectuar procedimientos para la liberación comercial, piloto y experimental.

La medida precautoria está basada en el riesgo de daño inminente al medio ambiente, por lo que se impide a las empresas trasnacionales como Monsanto y Pioneer liberar maíces transgénicos en el campo mexicano, en tanto se resuelva el juicio de acción colectiva, según explicaron abogados de la Asociación civil Colectivas.

Cifras de Agrobio, organización que aglutina a multinacionales del sector como Monsanto, Dow AgroSciences, Pioneer y DuPont, revelan que en el mundo, en 2012 la cifra de agricultores era de 17.3 millones y la de superficie alcanzó los 170.3 millones de hectáreas, y de 1996 a 2011 los beneficios económicos acumulados de estas cosechas han sido superiores en países en desarrollo respecto a los industrializados (49.6 mil millones contra 48.6 mil millones de dólares, en ese orden).

René Sánchez adelantó que durante este proceso, el Poder Judicial estará encargado de notificar a los posibles afectados –consumidores de maíz– por medios de comunicación sobre la demanda para que den su postura, luego seguirá una etapa de conciliación y luego un plazo de pruebas. No obstante, se espera que durante este proceso el cual puede extenderse, se mantenga la medida precautoria, la cual lleva ya 18 meses.

“Ellos [empresas y el gobierno] tiene que demostrar que no sembrar maíz transgénico es más dañino que sembrar. Eso es lo que está pidiendo el Poder Judicial federal. Estamos seguros que no pueden demostrarlo, que no lo van a demostrar y nosotros sí ya tenemos pruebas; si no lo demuestran la medida se confirma, si lo demuestran entonces se levanta. Para eso hay que levantar los amparos, parecen muchos pero de las 91 impugnaciones ya nada más nos faltan seis”, explicó.