“Yo no soy ningún lider huachicolero, soy un empresario. No había salido antes porque no tenía cómo sustentar. Ya está vinculado un ministerio público por no atender lo que le ordenó la autoridad federal en mi caso. Y no lo digo yo: yo ya estoy dentro del Registro Nacional de Víctimas a nivel federal. Ellos me ayudan con la reparación del daño moral que han hecho conmigo”, dijo el empresario gasolinero, Othón Muñoz Bravo.

Por Edmundo Velázquez

Puebla, 7 de marzo, (Central/SinEmbargo).- El empresario gasolinero Othón Muñoz Bravo busca limpiar su nombre. En entrevista con Central, aseguró que “El Cachetes” fue un mote que le inventó la Fiscalía General del Estado durante su detención, y que el ex fiscal Víctor Carrancá Bourget y el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, lo utilizaron como el chivo expiatorio del huachicol en Puebla.

Muñoz Bravo aseguró en entrevista concedida este día 8 de marzo, que la Fiscalía de Carrancá fue la responsable de armarle el proceso por armas y posesión de drogas supuestamente encontradas en su casa el 20 de agosto del 2017, fecha en que fue detenido con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

Y aunque no menciona a Rafael Moreno Valle Rosas, el ex Gobernador de Puebla –fallecido el 24 de diciembre pasado junto a Martha Erika Alonso– consideró que su imagen fue utilizada para golpearlo a él y otros políticos, como el ex Senador Javier Lozano Alarcón, y que, a partir de esto, muchos hombres ligados al poder y la política le dieron la espalda.

“Yo nunca intervine en política. No vivo de ella. Soy empresario. Doy empleo a 300 mujeres en Puebla (…) Ha sido muy triste lo que me ha pasado. La misma fiscalía se encargó de ponerme un apodo. En mi vida he tenido apodos. Yo no soy ‘El Cachetes’. Todo esto pasó porque el Gobierno tenía el poder, para no quedar mal. Todo lo que me pasó tiene tintes políticos. Yo jamás le organicé una cabalgata para ese señor. Fue una coincidencia. Sin embargo, hoy te puedo decir que todo lo que me pasó tiene tintes políticos. Lo ocuparon para golpearlo a él, y se les salió de control. Me ocuparon de chivo expiatorio. Yo no regalé ninguna camioneta. La Fiscalía del Estado fue la que realmente organizó todo en su momento”.

“El abuso de autoridad de la Fiscalía General del Estado comenzó ese 20 de agosto del 2017. Nos cambió la vida a mi familia y a mí en un segundo. Me encontraba con mi familia descansando cuando, a la una de la madrugada, agentes de la Fiscalía del Estado en acompañamiento con la Marina llegaron a tirar la puerta. Dijeron que iban por un personaje, un líder huachicolero. Me reservo su nombre por temas legales. Pero creyeron que yo era otra persona y me empiezan a golpear”.

Muñoz Bravo aseguró que la golpiza que le dieron fue después justificada por las autoridades diciendo que “se había caído de un segundo piso” cuando intentaba escapar, lo cual niega completamente.

“Yo no me caí, eso lo inventaron. Me ordenaron que, o decía eso en la audiencia, o me iba ir peor a mí y a mi familia”. Esa madrugada, la Marina revisó su casa al 100 por ciento entre la una y las seis de la mañana. No encontraron nada…”

A decir del empresario gasolinero, fue en una segunda revisión cuando los elementos de la Fiscalía le sembraron drogas y armas.

“La Marina confirmó que no había nada ahí y, casualmente, la Fiscalía encuentra drogas y armas en la casa. A pesar de que sabían que se habían equivocado, me retuvieron. Mi abogado me dice que todo esto, los 71 días que estuve detenido fue un secuestro. Ese día vi a mi familia hasta las 8 de la noche”.

Durante ese tiempo le negaron ver a un actuario federal que estuvo esperando en el fraccionamiento El Secreto desde las 8 de la mañana. Jamás lo dejaron pasar.

“Nos empezamos a dar cuenta de que la Fiscalía se empieza a robar todo de nuestra casa. Nos vaciaron la casa, hasta botellas de licor, joyas, electrónicos. Todo se lo llevaron. Mi esposa y mis hijos lloraban. Yo no los podía ver pero los escuchaba porque estaban en otro cuarto y yo solamente les gritaba que no se metieran con ellos, les rogaba. No nos dieron de comer ni a mi esposa ni a mí”.

Según relató, él no sabía que habían cateado su rancho en el Club Hípico Haras ni la casa del Fraccionamiento de El Cristo. Aseguró que la casa en El Secreto, de Lomas de Angelópolis, es rentada; la de El Cristo, en Atlixco, es de una sobrina suya y el rancho sí le pertenece.

Todas las propiedades las sellaron con papel. Con una hoja de papel blanca. Me enteré después que las tres casas las vaciaron. En el rancho se murió un caballo y hasta hubo una audiencia porque, en una de mis propiedades, había una perra que también se la terminaron robando”.

El empresario gasolinero Othón Muñoz Bravo señala al ex fiscal Víctor Carrancá Bourget y al magistrado Roberto Flores Toledano por armarle un proceso que cambió su vida y le ha traído a él y a su familia un trauma y secuelas. Foto: Central.

“NO TENÍAN DELITO QUÉ PONERME”

De acuerdo a la versión de Othon Muñoz Bravo, ya una vez presentado ante la Fiscalía volvió a ver a su esposa y a sus hijos. Pasaron 72 horas retenidos y no encontraron cómo encuadrarle el delito de robo de hidrocarburo.

No tenían qué delito ponerme. Estaban armando un traje a la medida, que eran las drogas y las armas. Yo tengo 40 años de vivir en Puebla. Nunca he parado ni a una delegación por alcoholismo y resulta que tenía ahora drogas. Es ilógico. Las armas sí eran mías, pero estaban registradas. Y ya fueron regresadas.

Después de esas 72 horas liberaron a sus dos hijos adolescentes y a su esposa. A él lo presentaron ante el Juez de Control. Luego de eso, no recuerda bien qué ocurrió pues estuvo inconsciente:

“Fueron nueve días los que estuve inconsciente. En las audiencias y en la Fiscalía no recuerdo qué fue lo que pasó. Solo supe que el juez me dejó los delitos de armas y la droga. Y luego me enteré que habían dicho que encontraron a un líder huachicolero, cuando fue una gran mentira de todo lo que me hicieron”.

Las autoridades federales prácticamente lo absolvieron con una multa de seis mil pesos y la condición de no salir de territorio mexicano. Pero, el gobierno del Estado de Puebla fue más severo. Le impusieron prisión preventiva por el delito de posesión de armas y drogas, así como un monto de un millón de pesos, y lo enviaron a la prisión de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez.

“Cuando llegué allá hasta me decían que me imaginaban como una persona enorme muy gordo, por el apodo que inventaron. Y pues me veían así, todo tranquilo. No lo podían creer cuando llegué. El mismo juez federal me dijo que lo que habían hecho conmigo la Fiscalía y el Poder Judicial de Puebla era un abuso de autoridad. Me pusieron de fianza un millón de pesos por las drogas. ¡Y el juez federal 6 mil pesos por las armas!”.

“Así se mantuvo el proceso por seis meses. Hasta que pudo comprobar poco a poco el abuso de autoridad del que fue objeto, según relató. “No había salido por temor. Sí, por temor a que me hicieran algo, a mí o a mi familia”.

“Ha sido muy triste lo que ha pasado. A pesar de las malas informaciones de los medios que me han señalado no tengo investigación alguna por robo de hidrocarburo ni fui investigado. Mis empresas siguen funcionando. De verdad valoro lo que ha hecho el gobierno federal en la lucha contra el huachicol. Los empresarios gasolineros éramos los más afectados por el huachicol”.

Fue hasta que él y su familia fueron dados de alta en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) que se animó a salir y dar la cara, publicando una carta en Twitter para deslindarse de todas las acusaciones y presentar los documentos que lo acreditan como víctima.

“Yo no soy ningún lider huachicolero, soy un empresario. No había salido antes porque no tenía cómo sustentar. Ya está vinculado un ministerio público por no atender lo que le ordenó la autoridad federal en mi caso. Y no lo digo yo: yo ya estoy dentro del Registro Nacional de Víctimas a nivel federal. Ellos me ayudan con la reparación del daño moral que han hecho conmigo.”.

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