La crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa los problemas estructurales de nuestras finanzas públicas. Foto: Presidencia.

Por Iván Benumea*

El domingo pasado, se esperaba que AMLO presentara un plan económico para reactivar la economía, pero rindió un informe de Gobierno y anunció algunas medidas extraordinarias que difícilmente serán suficientes para combatir los principales problemas de esta crisis: la pérdida de ingresos de la población y el aumento del desempleo. Muchos sectores esperábamos un plan más ambicioso, un paquete de acciones enfocadas en apoyar a las personas y pequeñas y medianas empresas que ya están siendo afectadas por esta crisis. En cambio, el Presidente anunció que su plan para enfrentar la crisis es prácticamente profundizar su plan de gobierno, como si no estuviéramos enfrentando la peor emergencia sanitaria del último siglo.

Desde el comienzo de esta crisis, algunos países han implementado políticas fiscales para atender cuanto antes las consecuencias económicas del aislamiento social (la medida más importante para evitar el contagio comunitario). Otros gobiernos están apostando por preservar el empleo y mantener los ingresos de las personas, transfiriendo recursos directamente a las y los trabajadores, y a pequeñas y medianas empresas que están en problemas. Nada parecido fue planteado este domingo. En cambio, en un contexto en donde muchos negocios no tienen clientes y ni siquiera pueden abrir sus puertas, el Gobierno federal anunció que ofrecerá créditos a los pequeños negocios para que puedan continuar operando.

El Gobierno federal también anunció que adelantará la transferencia de recursos a programas sociales, entre ellos, los programas enfocados en apoyar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Aunque esta medida permitirá que estos grupos de la población cuenten temporalmente con más recursos, no está enfocada en atender el verdadero problema de esta crisis: la pérdida de empleo y la disminución de los ingresos de las y los trabajadores. Lo mismo puede decirse sobre el incremento de personas beneficiarias del programa Sembrando Vidas y las Tandas de Bienestar. Apoyar al campo y la pesca siempre será necesario, pero en estos momentos también se necesita apoyar los ingresos de trabajadoras y trabajadores formales e informales que, como consecuencia del aislamiento, han perdido o están en riesgo de perder su empleo.

Además de estas acciones, AMLO anunció que Pemex recibirá recursos adicionales por 65 mil millones de pesos, y, sin dar demasiados detalles, dijo que en el transcurso de la semana presentará un plan por 339 mil millones de pesos para impulsar al sector energético. En medio de esta crisis económica y la caída de los precios internacionales del petróleo, apostar al crecimiento del sector energético tampoco parece ser la medida más adecuada para apoyar directa e inmediatamente a las personas, sobre todo si se trata de inversiones a largo plazo que además podrían poner en riesgo el medio ambiente.

Las medidas anunciadas este fin de semana son insuficientes para enfrentar esta crisis. Nuestro Gobierno requiere inyectar la mayor cantidad de recursos posibles a nuestra economía y dirigirlos hacia las personas que más lo necesitan. Reducir los salarios de los altos funcionarios (continuar con la famosa austeridad republicana) y utilizar los recursos que están disponibles en algunos fideicomisos públicos sencillamente no es sostenible: este año, nuestra recaudación de impuestos disminuirá como consecuencia de la recesión económica, y cuando los fideicomisos queden vacíos, el Gobierno no podrá continuar financiando de la misma manera todos sus planes. De cualquier forma, al utilizar a los fideicomisos para enfrentar la crisis, es indispensable que al extinguirlos no se afecten los derechos de los beneficiarios de estos instrumentos y garantizar la máxima transparencia y rendición de cuentas alrededor de los recursos involucrados.

Ante este panorama, diversas voces han exigido que el Gobierno sea más flexible con las y los contribuyentes y reduzca el pago de impuestos, o bien, que recurra al endeudamiento público para financiar el tipo de apoyos que son necesarios para superar esta crisis. La primera opción ya ha sido descartada: nuestra recaudación de impuestos es muy baja y, a diferencia de otros países, no podemos darnos el lujo de reducir impuestos para apoyar a las personas y empresas. De hecho, cuando concluya esta crisis, nuestras autoridades deberían enfocarse en impulsar una reforma fiscal que combata la extrema concentración de la riqueza, pues ha quedado claro que los costos de mantener las cosas como están han sido demasiado altos. Sobre la segunda opción, desafortunadamente el Gobierno federal está haciendo “hasta lo imposible” por no endeudarse más, a pesar de que esta medida, si se implementa responsablemente, es la manera más rápida y efectiva de incrementar los recursos disponibles para enfrentar esta crisis económica.

La crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa los problemas estructurales de nuestras finanzas públicas. Si nuestros recursos no son suficientes en tiempos de normalidad, mucho menos lo serán cuando se viven situaciones extraordinarias. Este problema no sucede exclusivamente en México y es característico de Latinoamérica, pero a diferencia de otros países de la región, hasta el momento nuestro Gobierno no ha utilizado la política fiscal para asegurar que esta crisis sanitaria no se traduzca en más desempleo y pobreza.

Desde Fundar buscamos generar un espacio de reflexión ante la emergencia y los impactos diferenciados por la crisis sanitaria. Para analizar los paquetes fiscales que están implementándose en otros países latinoamericanos y la reacción de México frente a esta crisis, te invitamos a participar el próximo jueves 16 de abril a las 12:00 horas al Webinar “Políticas fiscales contra la crisis. ¿Qué está pasando en México y Latinoamérica?”, parte de nuestra serie Articulaciones, diálogos sobre COVID-19, derechos y desigualdades.

* Iván Benumea es coordinador del Programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico