Para Stanley Cohen la negación de la atrocidad es triforme. Es literal en frases como “hay plena libertad de expresión” o “ya no hay impunidad”. También, puede reinterpretar los hechos sin negar lo sucedido en afirmaciones como “es el crimen organizado quien mata a periodistas”. O bien, es inculpatoria en expresiones como “heredamos la violencia”. En el año 2021 se consolidó en México, desde el discurso público, la preocupante tendencia a negar e invisibilizar la violencia, corrupción e impunidad. Por ello, el informe presentado el 5 de abril por Artículo 19 es minucioso sobre las asignaturas pendientes del Estado en materia de libertad de expresión.

1. Los mecanismos de (des)información oficial, estigmatización pública, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial. La concentración de 33% de los recursos por medios privilegiados como La Jornada que, por vez primera encabeza el listado con poco más de 181 millones de pesos asignados, seguida por Televisa y Televisión Azteca demuestra que, no se han fomentado condiciones en pos de la pluralidad mediática, pero sí el reparto discrecional del gasto de publicidad Por tanto, aun cuando existe un reconocimiento de las limitantes impuestas por pasadas administraciones para el ejercicio de los medios, la falta de acciones legales y de política pública acentúan la tendencia.

De hecho, hay una mayor estigmatización de voces disidentes por la narrativa oficial, que alimenta el ciclo de desinformación-clausura-estigmatización. Este inicia con la conferencia matutina del presidente donde sus críticos/as son el blanco principal. Incluso, figuras de alto nivel y alta visibilidad pública suman al flujo de desinformación oficial del Artículo 19 da cuenta con la falta de respuesta por parte de la Oficina de la Presidencia de la República al ser consultada sobre el sustento documental de algunos dichos verificables del presidente. Con ello se muestra, además, una clausura de los mecanismos de acceso a la información. El ciclo desemboca en la institucionalización del control informativo y narrativo así como la deslegitimación de la disidencia y la crítica en espacios como “Quien es quien en las mentiras de la semana”.

2. Brechas de acceso a la información y al internet. En esta materia, persiste una falta de habilidades cívicas para la apropiación de nuevas tecnologías por la ciudadanía, la cual se agrava por la violencia estructural y el racismo institucional contra indígenas, defensores de la tierra y del territorio que, se oponen a megaproyectos, como el Tren Maya. La brecha digital persiste pese a la promesa de AMLO por acabar con ella. Los Estrategia Digital Nacional es más de lo mismo que observamos con Peña Nieto y no acabará con el problema de la falta de acceso a internet que aqueja hoy a 32 millones de personas en México.

3. Violencia y la persistente ofensiva contra la prensa. Pese a la negación, los 33 asesinatos de periodistas durante la actual administración prueba que estamos en el periodo más violento contra la prensa. Es decir, que se han superado las cifras de los trienios de anteriores administraciones. En cuanto a las agresiones, el panorama no es más alentador, pues se contabilizan un total de 1,945 ataques, 85% más que en el primer trienio de Peña Nieto. Además, como un fenómeno sin precedentes, en 2021, Articulo 19 registró ataques contra la prensa en todas las entidades del país.

 Asimismo, se han detectado dos vertientes del “efecto cascada” ocasionado por 42.55 por ciento de las agresiones contra la prensa ejecutadas por el Estado. Primero, el aumento de la reproducción de la violencia por particulares, partidos políticos y delincuencia organizada. Segundo, el patrón ascendente del estilo de estigmatización de la mañanera –“fifis”, “chayoteros” y “vendidos”- ejecutada por actores privados dentro y fuera del país. Los ataques en línea siguen un crecimiento ascendente (222 de un total de 644 agresiones reportadas). Adicionalmente, se ha agravado el hostigamiento judicial y la precarización del periodismo en la pandemia.

4. La disputa por el internet y el control a través de lo digital. El 2021 se continuo con tendencias como: la ignorancia sobre la cual se quiere regular el ámbito digital, derechos digitales o derechos conexos; los procesos ambiguos de participación de las autoridades, incluyendo simulaciones, para aprobar leyes o regulaciones en detrimento de los derechos digitales y; la existencia de declaraciones oficiales desinformadoras que presentan estas iniciativas como panacea para los problemas que nos aquejan como sociedad. No obstante, persistió la lucha incansable de la sociedad civil. Estos son los casos de PANAUT y de los lineamientos de neutralidad en la red del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

5. La institucionalidad derruida. Se observa el debilitamiento de instituciones neurálgicas como el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. A la par verificamos el uso faccioso de las instituciones obligadas a investigar delitos y violaciones a derechos humanos, como la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El socavamiento inicia con prácticas de clientelismo político en distintos niveles de gobierno.

6.La verdad sobre las violaciones a derechos humanos: reinterpretar, negar y abandonar a las víctimas. A este respecto, las tendencias observadas son: a) la instrumentalización de la memoria por el Estado como un recurso que vela las injusticias perpetradas en contra de las víctimas en el presente, tratando de marcar una diferencia (simbólica) con la represión de otras administraciones pero sin garantizar justicia; b) la violación a los ddhh por parte del Estado, incluido el gobierno federal, pese a la negación que impera (“ya no se violan derechos humanos”, repite AMLO); c) el incremento de la militarización de la vida pública (aunque también se niegue desde el discurso oficial) y, d)los resultados obtenidos por la lucha inagotable de las familias acompañadas por las que organizaciones sociales aún en casos como el de Ayotzinapa o el multifeminicidio y homicidio de la colonia Narvarte, son insuficientes en términos de verdad y justicia .

 En cada asignatura pendiente Artículo 19 recomienda acciones particulares como la eliminación de prácticas que dañen la integridad de la labor periodística; desarrollo de políticas que prevean, protejan y erradiquen esta impronta; la garantía sobre los derechos de acceso a los archivos históricos, al internet y la información. Finalmente, y no de menor importancia, desmembrar el ciclo de desinformación-clausura-estigmatización que inicia desde la presidencia y produce el peligroso “efecto cascada”. Todo ello es esencial para una garantía plena, real y eficaz de la libertad de expresión más allá del discurso. Como damos cuenta en el informe brevemente expuesto, la realidad no se va cambiar a “salivazos”.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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