El robo de combustible se disparó con el Presidente Enrique Peña Nieto. Sólo en 2016, Petróleos Mexicanos perdió en tomas clandestinas 30 mil millones de pesos, lo que equivaldría a dos veces el presupuesto de la Procuraduría General de la República. Ante esta crisis, 2 mil 500 militares y 500 policías han sido convocados para controlar este delito en el llamado “Triángulo Rojo” poblano. No obstante, el aparatoso despliegue no es la solución para detener este fenómeno, han coincidido especialistas. ¿Cómo detener a las bandas de huachicoleros? Es una pregunta que autoridades parecen plantearse hasta ahora.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– La administración del Presidente Enrique Peña Nieto reporta niveles de robo de combustible sin precedentes. En tanto especialistas han calificado el despliegue de 3 mil elementos a Puebla, como inútil para cumplir con objetivos de largo plazo en el combate a este delito.

“Las autoridades más inmediatas podrían estar omitiendo su responsabilidad de denunciar, pero también pareciera que las policías tanto federales como estatales están omitiendo trabajos de inteligencia”, dijo Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C (IMDHD).

El robo de combustibles creció a pasos agigantados en los últimos años. En el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa las cifras pasaron de 323 tomas clandestinas en el 2007 a mil 635 en el 2012; un aumento en ese periodo de 406 por ciento. La tendencia continuó con Peña Nieto: su primer año de Gobierno cerró con 2 mil 612 tomas clandestinas, y al finalizar el 2015 se reportaron 5 mil 252, de acuerdo con el Informe de Sustentabilidad 2015 de Pemex; esto es, un aumento del 101 por ciento.

Los efectos de este delito también los debe cubrir el Estado. En un diferente recuento descrito en el informe anual de Pemex 2016, rendido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se detalla que la empresa productiva del Estado selló 6 mil 873 tomas clandestinas en 2016, 613 más que en el 2015.

Después del enfrentamiento de la noche del miércoles pasado en la localidad Palmar de Bravo, entre huachicoleros y militares, que resultó con la muerte de seis particulares y cuatro militares, el Presidente Peña Nieto ordenó implementar una estrategia contra la “ordeña” de ductos.

A nivel estatal, el Gobernador de Puebla Antonio Gali Fayad dijo que serán investigados presidentes municipales y gasolineras por posibles coadyuvancias a este negocio ilegal.

Mas la presencia de 3 mil elementos de las fuerzas armadas y de seguridad pública no parece ser la solución a un problema de antaño.

“Si sólo hay reacciones reactivas de corto plazo me parece que vamos a seguir viendo este crecimiento exponencial del delito. Ningún asunto de delincuencia organizada se resuelve con una acción única”, dijo Cortez.

Más allá de la fuerza pública, se necesitan políticas de prevención, detenciones resultadas de la investigación y una política social consistente, detalló el investigador.

TOMAS CRECEN EN ESTADOS

El Secretario de Seguridad Pública Jesús Morales Rodríguez ha salido a identificar a dos bandas, El Bukanas y el Toñín, que operan en el “Triángulo Rojo”, compuesto por los municipios de Acatzingo, Palmar de Bravo y Quecholac.

De acuerdo con información oficial solicitada por el diario local Lado B y publicada por el portal Gobierno Fácil, en el 2016 sólo el municipio de Tepeaca reportó 352 tomas clandestinas, seguido por Palmar de Bravo con 283 incidentes.

Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), una organización civil que se dedica al monitoreo de la violencia en diferentes estados, apuntó que es posible que exista un subregistro en las cifras por falta de denuncias.

“Tan es así descubres que hay en el trabajo de campo lo que sucede en Tamaulipas, pero no que no se reporta por el miedo a denunciar, a la criminalidad organizada”, dijo Rivas.

Reportes de ordeña indican que en Tamaulipas hubo 49 tomas clandestinas en el 2010, un problema que hacia el 2015 cerraba con un cúmulo de 882, de acuerdo con la solicitud de información vía transparencia con número de folio 1857200130216.

En el 2010, Puebla reportó 38 tomas clandestinas, un número que al finalizar el 2015 ascendió a 785.

La irrupción de Los Zetas en México, un cártel que inició a finales de los noventa como un brazo armado del Cártel del Golfo, acercó a la delincuencia organizada a esta clase de negocios.

Cortez explicó que conforme la estrategia de descabezamiento de los cárteles los ha fragmentado en pequeñas células, diversos grupos de criminales se han decantado por el robo de combustibles; así como al tráfico de personas, migrantes y extorsiones.

“Lo que no se ha logrado es restringir el acceso a una gran cantidad de recursos financieros”, dijo el investigador del (IMDHD).

Entidades como Veracruz reportaron 90 robos en el 2010, y 337 al finalizar el 2015.

Tras los enfrentamientos en Palmero de Bravo, una manifestación de pobladores salió a manifestar su rechazo a la presencia del Ejército en el poblado.

Un acto que las autoridades poblanas parecen haber entendido como una muestra de los nexos entre locales y el crimen organizado.

“Tenemos identificadas a esas bandas con gente local, por eso que pedImos a la población que se aleje de esos grupos. Estamos para respaldarlos. La población de repente es manipulada, utilizada y se vio en que los utilizan para delinquir”, dijo Morales Rodríguez al diario El Universal.

Diferentes académicos han coincidido en que es posible que las bandas del crimen organizado hayan suplido funciones económicas que el Estado no provee en el Triángulo Rojo.

“En situaciones de desigualdad, los huachicoleros encuentran un tejido social que no llena la política, y les permite a ellos suplir y generar lealtades comunitarias. Eso ha pasado con el cultivo y tráfico de drogas, secuestro y robo de vehículos, porque al fin de cuentas las personas ahí ven la posibilidad de mejorar sus ingresos”, dijo Cortez.

Las ganancias de este negocio suelen ser cuantiosas. En el caso de Guanajuato una banda encabezada por el ex agente de la Policía Federal Carlos Alberto Fernández Montejo, capturada en enero del 2015, generaba 30 millones de pesos al mes, según la versión oficial.

A nivel federal la sumas adquieren una perspectiva multimillonaria. Pemex ha reportado que las pérdidas por estas tomas clandestinas ascendió a 30 mil millones de pesos en el 2016.

“Este incremento a comparación de los últimos años, fue resultado tanto del aumento de la vigilancia como del incremento en el número de intentos criminales de extraer los refinados”, señala la empresa productiva del Estado en su informe anual 2016, rendido a la Bolsa Mexicana de Valores.