La pregunta vuelve cada tanto. La respuesta no es obvia ni precisa.

La cuestión la planteó hace una semana Delia Quiroga, vocera del Colectivo 10 de marzo e integrante de Madres Buscadoras de Sonora. Quiroga llamó a los líderes de los diez principales grupos criminales del país a establecer “un pacto por la paz” en aras de disminuir la violencia.

Que la propuesta venga del sector social más honorable de México nos obliga a debatirla y considerarla. Así lo hizo el presidente López Obrador quien, en la mañanera del 30 de mayo afirmó —sin cortapisas y medias tintas— que respalda toda iniciativa que signifique “hacer a un lado la violencia”, aun si esto implica dialogar con criminales.

La respuesta de la oposición fue la que todos esperábamos: falsa indignación, abyectos llamados a respetar el “estado de derecho” (cualquier cosa que eso signifique) y acusaciones sin sustento. Lo de siempre. Ruido.

La propuesta de Delia Quiroga sobresale por su claridad. No es una carta de buenas intenciones ni se limita a abstracciones confusas. El pacto apunta a tres compromisos básicos: 1) respeto al sepulcro digno para las familias; 2) respeto a la vida y libre tránsito de las madres, familiares y colectivos de víctimas durante la búsqueda de sus familiares; y 3) el cese a los conflictos armados, “a menos que sea en ejercicio de la” legítima defensa. ¿Es viable? Sí. ¿Puede el Estado promover este tipo de acercamientos? También.

La realidad —nos guste menos o nos guste más— es que las instituciones del Estado mexicano están en diálogo constante con redes criminales. En algunas rutas, pueblos y ciudades la imbricación entre agentes estatales y criminales es total. En otras zonas es menor, pero existe siempre. Basta leer algo sobre la historia de las drogas para saber que el crimen organizado en México nació, creció y evolucionó al lado de estructuras y redes estatales.[1] Insisto, basta leer un poco.

El Instituto para las Transformaciones Integrales (IFIT) es una organización internacional que se dedica a estudiar las mejores vías para salir de conflictos violentos. Desde 2017 mantiene un grupo de trabajo que analiza las formas, motivaciones e inconvenientes de negociar con grupos criminales. En marzo de 2021, IFIT publicó un documento dedicado al tema.[2] Lo primero que sobresale en el texto es la premisa inicial: en casi cada contexto violento en el planeta ocurren negociaciones entre grupos criminales y gobiernos, policía o líderes religiosos y comunitarios. La mayor parte de estos procesos ocurren en la oscuridad, pero suceden. En más ocasiones de las que creemos, estas conversaciones ayudan a resolver problemas para las comunidades que sufren, de manera directa, los estragos de la violencia. Las Madres Buscadoras de Sonora no son una excepción.

El documento de IFIT da cuenta de negociaciones en países tan diversos como Noruega, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Jamaica, Italia, Sudáfrica, Bangladesh y Dinamarca. Por supuesto, los casos varían en su éxito, complejidad, temporalidad y condiciones, pero todos tienen algo en común: suponen un proceso de negociación encaminado a reducir o poner fin a la violencia generalizada por parte de o entre grupos criminales violentos. Insisto: ocurre en México y en todo el mundo. No deberíamos asustarnos.

El documento de IFIT es valioso porque, además de identificar algunos casos de negociación a nivel global, busca comprender qué se ha intentado, por qué, cómo y con qué tipo de resultados. ¿Hay lecciones que puedan aprenderse? ¿Qué lleva a los grupos criminales y gobiernos a una mesa de negociación? ¿Cuáles son los mejores formatos y métodos para llevar las negociaciones? ¿Puede establecerse un equilibrio entre los intereses y las demandas de las víctimas y las responsables? Son las preguntas clave. Son preguntas que apenas aparecen en el debate mexicano sobre seguridad pública.

Reconozco que es un tema difícil. Hablar de negociaciones entre el gobierno y grupos criminales hace saltar a unos y gritar a otros. No falta quien rechace de inmediato la idea y apele al cumplimiento a rajatabla y sin chistar del “Estado de derecho”. Entiendo la posición, pero no la comparto.

Tengo para mí que tras quince años de violencia sostenida tenemos que pensar “fuera de la caja”. La negociación con criminales puede ser una herramienta más para reducir la violencia endémica que padecemos; no debe ser la única, por supuesto, pero puede formar parte una estrategia integral que equilibre las metas de prevención y castigo.[3]

En última instancia la pregunta no es si es política o éticamente posible negociar con criminales. Eso ya sucede y seguirá sucediendo. La pregunta, en todo caso, es si nos animaremos a tener una conversación para hacerlo bien, con objetivos sensatos, agendas claras y procedimientos establecidos. Las bases, premisas y mejores prácticas están en el documento de IFIT y en la experiencia de más de una veintena de países.

Las Madres Buscadoras de Sonora han hablado. Y más vale comenzar a escucharlas.

[1] Recomiendo el excelente libro de Benjamin Smith, La Droga: la verdadera historia del narcotráfico en México, Debate, 2022. Sobre una variación de este tema ya escribí en este mismo espacio: Véase, Carlos A. Pérez Ricart, Cuauhtémoc Blanco y Nayib Bukele: ¿negociar con el crimen?, Sin Embargo, 25 de enero de 2022, disponible en: https://www.sinembargo.mx/25-01-2022/4110534

[2] Mark Freeman y Vanda Felbab-Brown, Negociando con grupos criminales violentos: lecciones y recomendaciones de la práctica global, IFIT, 2021.

[3] Mark Freeman y Vanda Felbab-Brown, Negociando con grupos criminales violentos: lecciones y recomendaciones de la práctica global, IFIT, 2021, 35.

Carlos A. Pérez Ricart

https://www.sinembargo.mx/author/ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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