#DatosCerrados | ¿Se enriqueció Vicente Fox Quesada con formas corruptas? ¿Qué diagnóstico de la seguridad le entregó Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto en 2012 después de iniciar una guerra? ¿Hubo autores intelectuales en el asesinato de Luis Donaldo Colosio? ¿Qué funcionario autorizó convertir al Zócalo en un estacionamiento en 2014?  ¿Y los sobornos tras Oderbrecht? Esas son sólo algunas dudas en los 12 millones 333 mil 746 de expedientes reservados en los archivos del INAI y que Andrés Manuel López Obrador recibirá como herencia, en cuanto se convierta en Presidente de la República.

A menos que las causas que motivaron su reserva sean revisadas, nadie puede abrirlos antes de 2021, 2024 o 2028, conforme marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En esas montañas de oscuras carpetas hay asuntos cruciales para el rumbo que tomará México por tratarse -en muchos casos- de tramas de corrupción, el tema central del discurso del virtual Primer Mandatario. Es el pasado del país, nublado por el recurso de la reserva del que se valieron los Gobiernos anteriores de manera sistemática.

Son millones de expedientes, pero he aquí algunos ejemplos. 

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- En cuanto sea investido con la banda presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estará frente a una abultada herencia. Las administraciones de sus antecesores, tanto los panistas Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), como el priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) dejaron 12 millones 333 mil 746 millones de expedientes reservados.

En esas montañas de oscuras carpetas hay asuntos cruciales para el destino que tomará México por tratarse -en muchos casos- de tramas de corrupción. Es el pasado del país, nublado por el recurso de la reserva del que se valieron los Gobiernos anteriores de manera sistemática. Pero nadie, conforme marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puede romperla antes de 2021, 2024 o 2028.

Desde 2004, cuando fue creado el Índice de Expedientes Reservados, los asuntos guardados por el Gobierno son más que en ningún otro momento. La secrecía aumentó conforme pasaron los Gobiernos. Vicente Fox Quesada (2000-2006) concluyó con 3 millones 839 mil carpetas y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con ocho millones, según una búsqueda de esta Unidad de Datos. Peña Nieto aumentó en cinco años de Gobierno en 55 por ciento esos secretos. [http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Expedientes_Registrados]

Hay un asunto guardado que integró alguna vez ese Índice pero al que ya se le decretó “archivo”. Se trata de la indagatoria sobre el supuesto enriquecimiento de Vicente Fox Quesada. Y hay otro que, no obstante que es negado en forma sistemática mediante amparos legales, no está incluido (se considera en este texto por tener un comportamiento de secrecía): el sueldo de Carlos Romero Deschamps, dirigente del sindicato petrolero.

Presionado por las acusaciones de corrupción en su Gobierno, después de los escándalos de la Casa Blanca y Obrascón Huarte Lain (OHL), en 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó un nuevo marco jurídico de la Transparencia y el acceso a la información. En el nuevo orden quedó claro que los documentos cerrados podrán abrirse cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, expire el plazo de la reserva o exista una resolución de una autoridad competente.

Son millones de expedientes, pero he aquí algunos ejemplos.

EL ENRIQUECIMIENTO DE VICENTE FOX. (DECRETO DE ARCHIVO)

Bajo reserva de 2007 a 2010, a la indagatoria que contenía un análisis y “cruce de datos” de 32 cuentas bancarias de Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, así como las declaraciones patrimoniales que por ley  presentó de 2000 a 2006, se le dictó acuerdo de archivo.

De modo que la Secretaría de la Función Pública, donde esa documentación debiera estar archivada, la declaró “inexistente”. Es decir, ya no se la puede entregar a ningún ciudadano. Según esa dependencia, en una respuesta a una solicitud de información, el expediente 142/2007, iniciado al matrimonio Fox-Sahagún, se “radicó” en la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial y se “dictó acuerdo de archivo por falta de elementos”.

Según la Función Pública –que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto estuviera acéfala durante dos años y luego fuera ocupada por Virgilio Andrade- el expediente fue remitido a la Procuraduría General de la República “para cumplir con los requerimientos del Ministerio Público de la Federación”.

LA GUERRA DE CALDERÓN. CANDADO HASTA 2024

En septiembre de 2012, Felipe Calderón se reunió con Enrique Peña Nieto en Los Pinos y le entregó un diagnóstico de la seguridad del país titulado “Panorama Nacional”. La Presidencia de la República reservó hasta 2024, tanto el documento como lo que se dijeron esa vez los dos políticos.

Por esos días, la guerra había alcanzado puntos climáticos. La Procuraduría General de la República (PGR) reconocía 121 mil muertos en los últimos seis años y en un tribunal de La Haya, un grupo de ciudadanos y abogados había entregado un expediente para acusar al Jefe del Ejecutivo de crímenes de lesa humanidad. Ese legajo fue creciendo con los días: empezó con 700 fojas y para el cambio de poderes en 2012, tenía más de siete mil.

En el peñanietismo, la guerra siguió campante, como si nada. Los homicidios y sus formas funestas superaron a los años de Calderón en el poder presidencial. El Secretariado Ejecutivo reportó 20 mil cinco homicidios dolosos del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2009. Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015, el mismo reporte dio 54 mil 454 asesinatos. Es decir, una diferencia de 34 mil 449. En 2017, la cifra fue de 23 mil 968. Octubre de ese año fue el más violento desde 1997, con dos mil 764 asesinatos.

En sus discursos, el Presidente Enrique Peña Nieto jamás pronunció la palabra “guerra”, pero en la acción, no la suspendió. Peña y Calderón sumaron más de 234 mil muertos. Y lo que Calderón Hinojosa le dijo a Peña Nieto aquella tarde de septiembre, sobre la violencia en el país, no puede conocerse.

ODERBRECHT. CANDADO HASTA 2021

Petróleos Mexicanos (Pemex) reservó hasta 2021 todos los datos que conciernan a las negociaciones para otorgar a Oderbrecht un contrato por mil 811 millones de pesos que le otorgó por adjudicación directa a la brasileña Oderbrecht para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.

El gigante de la construcción brasileño admitió haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a lo largo de América Latina para ganar contratos públicos en una docena de países, entre ellos México. Las consecuencias de las investigaciones afectaron a todas las naciones donde operaba la empresa, con Presidentes enjuiciados, funcionarios arrestado y vuelcos políticos desde Perú hasta Panamá.

En esta cauda de corrupción, hubo dos excepciones: Venezuela y México.

Según testigos ante la Procuraduría General de la República, en el municipio de Guarulhos, Sao Paulo, en Brasil, el Gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para presentar cargo en contra de funcionarios vinculados al escándalo. Entre los funcionarios que presuntamente recibieron sobornos está Emilio Lozoya Austin, quien dirigiría Pemex de 2012 a 2016, mientras el Gobierno de Enrique Peña Nieto impulsaba la Reforma Energética.

CISEN Y THE HACKING TEAM. CANDADO HASTA 2027

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) desaparecerá en el próximo Gobierno, según anunció Alfonso Durazo, el hombre propuesto para ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero ese centro reservó hasta 2027, los contratos CISEN 128/13 y CISEN /020/15 con la empresa italiana, The Hacking Team, con los que compró “Galileo RCS”, un software para realizar espionaje por el que pagó 1 millón 390 mil euros y con el que al final, alcanzó menos del 2 por ciento de efectividad.

Garante del acceso de los ciudadanos a la información, el INAI no sólo avaló la determinación del CISEN de reservar la información del espionaje porque se trataba de información que podría vulnerar la seguridad nacional. En pleno, el instituto instruyó al órgano de inteligencia a modificar la justificación de la reserva. Le pidió que no se basara en el artículo 14 de la antigua Ley Federal de Transparencia –como lo había hecho -, sino en el 13 de la misma ley en aras de dejar claro que la revelación de la información del spyware Galileo podría conllevar riesgos.

EL ZÓCALO, UN ESTACIONAMIENTO. CANDADO HASTA 2026

El 2 de septiembre de 2014, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto dio su mensaje alusivo al Segundo Informe de Gobierno, la Plaza de la Constitución –el epicentro social del país- quedó convertida en estacionamiento exclusivo para los invitados del acto presidencial. Funcionarios, periodistas y empresarios estacionaron camionetas Suburban, autos blindados y vehículos custodiados por guaruras. Fueron unos 250 vehículos cuyo costo promedio era de un millón de pesos.

Dentro, en El Palacio Nacional, Peña Nieto hablaba de once reformas estructurales y le cambiaba el nombre al programa para abatir la pobreza, de Oportunidades a Prospera. ¿Quién dio la orden para que el Zócalo se convirtiera en en ese aparcamiento privado? Los Pinos declaró esa información como “clasificada durante 12 años”, a pesar de que el mismo día en un comunicado ofreció disculpas y reconoció que había sido “una decisión equivocada”.

EL SUELDO DE ROMERO DESCHAMPS. (CASI SECRETO DE ESTADO)

Carlos Romero Deschamps es un mexicano de 74 años de edad que ha logrado guardar con mucha discreción cuánto gana desde que en 1996 se convirtió en dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Desde que era ayudante de Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, su vida mejoró en forma notoria. Hoy puede ampararse en cuanto los ciudadanos le hacen cualquier pregunta sobre su tren de vida a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mediante el aparato jurídico del sindicato petrolero, según consta en juzgados y en el órgano de Transparencia.

Así, como si se tratara de un secreto de Estado, los ciudadanos mexicanos no saben con certeza cuánto gana Carlos Romero Deschamps al dirigir al instituto gremial más poderoso de América Latina por número de afiliados y conquistas reflejadas en los Contratos Colectivos de Trabajo. Mientras, el también Senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pasa sus días con tranquilidad y sin grandes perturbaciones. Es posible verlo en el restaurante The Palm, en Polanco, donde una comida individual con entradas, plato fuerte y bebidas puede costar hasta tres mil pesos; o la cantina Cuchilleros, a una calle del edificio del Senado, donde ordena whisky con agua mineral.

Aunque esconda su salario, hay algo que sí puede saberse: lo que recibe en conceptos de “ayuda”. Hasta 2015, el sindicato recibió por ese concepto siete millones de pesos cada mes. La cifra se incrementó con la firma de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo que entró en vigor el 1 de agosto pasado y ahora es de siete millones 865 mil 200 pesos.

AVERIGUACIONES SOBRE COLOSIO. CANDADO HASTA 2035

El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien en 1994 fue candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es una página que aparenta haberse quedado atrás. O más bien que fue arrancada de tajo para olvidarla. La investigación oficial fue reservada hasta 2035 por la Procuraduría General de la República, por lo que pasarán Gobiernos y Gobiernos antes de que se conozca por qué las autoridades concluyeron que no hubo autores intelectuales vinculadas a la política o el narcotráfico.

Aunque la investigación oficial haya concluido y se mantenga bajo resguardo en la bóveda del Archivo General de la Nación, la sospecha –jamás la claridad o la satisfacción– ha sido la marca de esta oscura trama. Tres fiscales y un subprocurador, además de una inversión de millones de pesos, arrojaron una irrefutable verdad jurídica: no hubo conspiración y esta muerte se debió al impulso de un solo hombre, Mario Aburto Martínez. Si se desempolvan los cuatro tomos del Informe de la Investigación del homicidio del licenciado Colosio Murrieta, elaborado por la Subprocuraduría Especial, hay rostros que emergen con la misma inercia de aquellos días. Si se pregunta qué dice la simple mención de los apellidos Colosio Murrieta, es difícil desvincular ciertos nombres de un trauma social que cumple dos décadas.