“Algunas personas piensan que somos muy jóvenes para saber… deberían saber que somos muy jóvenes para morir”, dicen Felicitas Martínez, de 21 años y Teresa Bautista, de 24, en el último spot radiofónico que grabaron para la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio. Un mes después, el 7 de abril de 2008, fueron asesinadas a sangre fría.

Felicitas y Teresa eran jóvenes y sonreían a la menor provocación. Tenían la piel tostada por el sol de San Juan Copala (municipio autónoma de Oaxaca) y usaban gustosas el jorongo típico, rojo con bordados de colores amarillo, morado, verde, celeste y blanco, decorado con franjas de listones azules. Eran mujeres indígenas de la etnia Triqui oaxaqueña.

Fueron acribilladas a medio día, cuando se trasladaban a bordo de una camioneta a la una de la tarde, en una zona despoblada de un tramo de la carretera que lleva a Putla de Guerrero. Los sicarios iban por ellas; tanto el conductor, un menor de edad y una mujer que acompañaban a las occisas, quedaron vivos.

No fueron los narcos. Todo indica, de acuerdo con la comunidad de Copala y el abogado del caso, David Peña Rodríguez, litigante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que se trata de triquis de una organización contraria a la que pertenecían las mujeres, y las ejecutaron en represalia a su labor informativa.

Las jóvenes carecían de un título universitario, pero hacían periodismo comunitario.

Felicitas, la más joven, de complexión menuda y de rostro con rasgos afilados, estudiaba la preparatoria y era empleada doméstica en un poblado aledaño a Copala. Teresa sólo estudió la secundaria y se ganaba la vida haciendo mandados en la oficina local de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Pero cuando el proyecto de la radio comunitaria llegó al pueblo, mostraron los mayores avances en el aprendizaje radiofónico y empezaron a desarrollar dotes de liderazgo.

El primer reto de Felicitas y Teresa fue aprender a utilizar una computadora y a editar audios para radio, y lo superaron. Pronto ambas estaban en las calles de las comunidades triqui, donde reporteaban información para su noticiero de las cuatro de la tarde que se transmitía a través de la de frecuencia modulada 94.9.

Hablaban sobre los derechos humanos de la mujer y la importancia del maíz dentro de su cultura. Trataban de mantenerse al margen del conflicto político de los miembros de la etnia; pero la frecuencia radiofónica llegaba más allá de los límites de San Juan Copala. Las escuchaban los otros, los contrarios, los que vieron en la voz que rompía el silencio de Felicitas y Teresa, una amenaza para el liderazgo de sus movimientos.

Sólo tres meses después de la puesta en marcha de la radio se acallaron las voces de las dos mujeres triqui.

“Esto fue lo que detonó su asesinato”, comenta el abogado del caso, David Peña.

A tres años del crimen, la investigación está congelada y el homicidio impune; las autoridades argumentan que es imposible acceder a la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, para entregar los citatorios a los sospechosos que deberían comparecer ante el Ministerio Público, dice el litigante.

“La misma Policía Federal y el Ministerio Público argumentaron que podían pasar cinco, seis o más meses sin entregar ningún citatorio porque el conflicto de la zona no se los permitía. Necesitan entrar a citarlos y no lo pueden hacer, decidieron congelar la investigación”, revela.

La zona está violentada por tres organizaciones políticas que se disputan el poder de las comunidades triqui de la región: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult) y la Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort).

Prácticamente, de acuerdo con el abogado del caso, mantienen la región inaccesible  para un ciudadano común e incluso, para la justicia.

“En la región hay violencia y se queda en impunidad”, sentencia David Peña.

 

Impunidad en todo el país

El caso de Felicitas y Teresa es sólo uno de tantos que figuran en la lista de cuentas pendientes que tiene el sistema de justicia mexicano con los activistas en el país.

Activismo y muerte en México va más allá de las demandas de la marcha por la paz que emprendió el escritor Javier Silicia, detonada por el asesinato de su hijo. Está impregnado en los nombres de todos aquellos anónimos, que son poco conocidos por la opinión pública y defendían distintas trincheras.

Según el Informe Especial Sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos en México, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en julio de este año, en México asesinan a defensores de derechos laborales, minorías sexuales, indígenas, migrantes y mujeres.

En el documento, la comisión recomienda a la Procuraduría General de Justicia (PGR) elaborar un “Protocolo de Investigación en que se establezcan lineamientos precisos para garantizar que durante las investigaciones iniciadas por delitos cometidos contra defensores se respeten los principios de inmediatez, exhaustividad, efectividad, objetividad, imparcialidad, confidencialidad y transparencia, y se sancione a los responsables”, pues la CNDH encontró un común denominador: impunidad en los casos.

Entre 2005 y 2011 se documentaron los homicidios de 27 activistas-la mayoría impunes aclara, sin especificar cuántos– y 523 quejas de violaciones de derechos humanos.

El informe de la CNDH apunta que las agresiones son: a la vida, integridad, seguridad y libertad personal, y hay difamación, descalificación social, negación de servicios de salud, educación y vivienda, entre otros.

La comisión detectó en los casos “integración irregular o deficiente de la averiguación previa y dilación en la procuración de justicia”.

La CNDH también detalla que durante el periodo 2005-2009 se abrieron 21 expedientes por año y fue en 2010 cuando se incrementó 128% la incidencia de quejas, al llegar a 48 casos anuales en promedio.

Las instancias protectoras que presentaron más quejas son: Jalisco con 97; Distrito Federal, 46; Chiapas, 44; Oaxaca 36, y Chihuahua, con 28.

La CNDH dice que las procuradurías generales de justicia de los estados, a diferencia de las instancias de derechos humanos locales, tienen conocimiento de 103 casos de delitos cometidos en contra de activistas.

Baja California, Morelos, Querétaro y Sonora respondieron que carecen de una base de datos sobre el tema; mientras que Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, que no hay denuncias de activistas sociales.

 

Ciudad Juárez: muertos y exiliados

El informe de la CNDH se abstrae de la profundización de la situación que viven los activistas en cada una de las regiones del país.

Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, Chihuahua, expone que de septiembre de 2009 a la fecha, entre los municipios de Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes y El Valle asesinaron a 11 defensores de derechos humanos. Todos los crímenes están impunes.

“La impunidad es el común denominador de los asesinatos a los activistas. Prácticamente todos han muerto y la autoridad pudo evitarlo, detener a los asesinos y ponerlos en la cárcel”.

El visitador asegura que, en 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua tuvo una eficacia de 1.5% en homicidios; es decir, de cada 100 asesinatos que se presentaron sólo se detuvo a los culpables de uno y medio.

“Como hubo 3 mil homicidios en ese año, sólo se aclararon 45”, especifica.

Durante el primer semestre de 2011, el estado tuvo una eficacia de 4% en la resolución de asesinatos; esto es, 96 de cada 100 quedan impunes.

Pero no siempre fue así, relata Gustavo de la Rosa, antes de 1980, de cada 10 homicidios se aclaraban nueve, cuando se impedía a los narcotraficantes ajustar cuentas entre ellos y el único que podía asesinar con impunidad era el gobernador en turno.

“Los narcos, los delincuentes, si asesinaban a alguien los agarraban, los metían a la cárcel. En 1980 se cambian las reglas del juego, se permite que maten a sus adversarios o infieles… eso hizo crecer la impunidad y ahora los delincuentes matan a las personas y siguen con ese derecho a ser impunes”, declara.

Gustavo de la Rosa no es ajeno a la violencia en el norte del país. Él recibió amenazas de muerte, a la par del locutor de Casas Grandes, Norberto Miranda, “El Gallito”, quien fue asesinado.

El comunicador recibía quejas de abuso de autoridad en el poblado y mantenía comunicación sobre cada caso con el visitador.

“El gobierno nos dice ‘quién te amenaza’. Cuando yo dije qué delincuentes eran, al día siguiente los sicarios ya sabían que yo los había denunciado y estaban más furiosos contra mí”, recuerda.

Ambos denunciaron las amenazas de muerte que provenían del crimen organizado y del Ejército, asegura el visitador.

“A mí me amenaza gente vinculada al Ejercito, a él también lo amenazan soldados. Yo me vengo a El Paso para evitar que me maten y él se queda en el pueblo. Dos días después de que yo crucé a Estados Unidos, a él lo matan”, narra.

Gustavo de la Rosa detalla que la forma en la que los luchadores sociales son asesinados sigue una línea común:

“Cuando los activistas sufren una pérdida y exigen que se cumpla la ley, por la muerte de alguno de sus familiares, la respuesta es que los matan. Si quieres seguir vivo, te matan a un familiar y cállate. Ese es el mensaje”.

Entre los activistas muertos en Chihuahua están el locutor Norberto Miranda; Paz Rodríguez, esposa e hijo; Josefina, Rubén, Elías y María Reyes, así como la esposa de Elías; Marisela Escobedo; Susana Chávez, Manuel Arroyo, Flor Alicia Gómez y Benjamín Lebarón.

Los periodistas, al igual que a los activistas sociales, también son perseguidos y asesinados, como Armando Rodríguez, de el Diario de Ciudad Juárez, y el reportero gráfico Luis Carlos Santiago, del mismo periódico.

Asilados en Estados Unidos se encuentran: Cipriana Jurado, Marisela Ortiz, María Luisa García, Saúl Reyes, Olga Reyes y Sara Salazar viuda de Reyes. Además Emilio Gutiérrez, Luis Javier Aguirre y Ricardo Chávez, periodistas fronterizos.

 

Edomex, otra entidad de riesgo

Todos estos nombres de activistas asesinados y en riesgo son sólo una parte de una realidad compleja que se palpa en diferentes puntos del país y que se viste con la piel de todos aquellos que luchan por alguna causa social.

El Estado de México no está exento. Los problemas entre ejidatarios y particulares que ostentan la propiedad de tierras en conflicto están detrás de contratos empresariales como lo que sucede en San Luis Ayucan, municipio de Jilotzingo.

El día que Fernando Mayén Sánchez fue asesinado llevaba puesta la camisa, chamarra y vaqueros que sólo se ponía para algún evento especial. El abogado acudió a una cita con el Ministerio Público del municipio de Nicolás Romero a las 19:00 horas del 12 de marzo de 2008.

Se fue sólo en su Volkswagen al caer el atardecer y en la reunión le dieron las 21:30 horas. Salió del poblado y tomó la autopista Lechería-Toluca rumbo a su casa, en la colonia Rincón Verde, municipio de Naucalpan de Juárez.

Iba a medio camino cuando un vehículo –que aún se desconoce– le dio alcance, para que sicarios le dispararan en tres ocasiones con una pistola calibre .38 Súper y una .40 mm de uso exclusivo de la policía, relata Rubén Mayen González, ejidatario y miembro del Consejo Técnico de Ciudadanos de Jilotzingo.

A tres años del asesinato, el caso sigue impune y sin avances. La familia teme a represalias de parte de los asesinos si insisten en acceder a la justicia, dice Juan Ramón Mayén, uno de los hijos de Fernando.

Juan Ramón despacha a su clientela en la tienda de abarrotes ubicada en la contra esquina de la casa familiar, cimentada en la cima de una calle empinada de la colonia Rincón Verde, donde vivió el abogado muerto.

Mientras atiende a la vecina que pide una barra de pan se da tiempo para recordar al padre, aquel que le enseñó tenacidad, dice. Un hombre que a los 48 años y de profesión ingeniero Electricista, inició estudios de Derecho.

Rubén Mayén escucha y se le humedecen los ojos. Él lideró la lucha de los ejidatarios de San Luis Ayucan, municipio de Jilotzingo por el reclamo de la posesión de 750 hectáreas de tierras ejidales y por el cierre de un confinamiento de desechos biológico-infecciosos, de la empresa Confinam, construido sobre un manto acuífero de la comunidad en el territorio en conflicto.

Fernando fue el abogado que ante los juzgados logró cerrar el vertedero de desechos hospitalarios. Era cinco años mayor que Rubén, eran amigos.

Durante diciembre de 2007, Fernando recibió casi a diario amenazas de muerte, donde le advertían que si seguía con el litigio de las tierras ejidales, lo matarían.

“Me decía que lo amenazaban, nada más a él, porque yo era la cabeza de los ejidatarios, nunca recibí una”, relata Rubén.

Pero Fernando siguió. Un día antes de su ejecución, llegó a la casa de Rubén, sonriente en su Volkswagen, se estacionó y descendió apresurado del vehículo. Traía bajo la camisa el expediente de un peritaje que acababa de obtener donde le daban un fallo a favor de los ejidatarios de Jilotzingo sobre las tierras.

“Fernando decía que sí existía la justicia, pero que se debía aprender a hacerla valer”, recuerda Rubén.

Tres años pasaron y Fernando carece de justicia: No existe ningún detenido o procesado en relación al crimen efectuado aquella noche de marzo. Su asesinato.

 

Calderón incumple promesa sobre Aldo Zamora

Los activistas que defienden al medio ambiente también son perseguidos y asesinados bajo el amparo de la impunidad. Está demostrado.

Como le sucedió el 15 de mayo de 2007 a Aldo Zamora, de 21 años, hijo de Idelfonso Zamora, defensor de los bosques de San Juan Atzingo y del Parque Nacional Lagunas de Zempoala desde los noventa.

Aldo era un campesino de la región que se involucraba en labores de activismo dentro de la organización Greenpeace México.

Aprendió el amor por los bosques de la mano de su padre Idelfonso e hizo suya la lucha en contra de los talamontes de la localidad.

Vivía en San Juan Atzingo, en una casa de cocina de hornilla y piso de tierra. Con una madre que prepara caldo de gallina para las ocasiones especiales y un padre que siempre ha sido agricultor.

Su rostro era el más maduro entre sus hermanos, de rasgos duros y mirada profunda; pasaba largas horas en el bosque documentando la tala inmoderada y clandestina.

Un conocido cercano a la familia recuerda que Aldo incluso tomaba fotografías y grababa la actividad de los talamontes. El joven era apasionado por la defensa de los árboles de su región. Pasión que le costó la vida.

A dos meses de su asesinato, el 12 de Julio de 2007, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, se comprometió –durante la celebración del Día del Árbol– con Idelfonso Zamora, el padre de Aldo, a esclarecer el crimen.

Ya pasaron cuatro años de aquella promesa y la muerte de Aldo sigue impune e Idelfonso continúa a la espera de la justicia que le prometió Calderón.

En la emboscada donde acribillaron a Aldo, Misael Zamora, su hermano, quedó herido y reconoció a los homicidas. Eran cuatro, dijo: Luis y Alejo Encarnación, taladores clandestinos de la zona e hijos de uno de los líderes de las bandas de talamontes, y Silvestre y Fernando Jacinto Medina.

En agosto de 2007, la Procuraduría de Justicia del Estado de México detuvo a Silvestre y Fernando Jacinto Medina, quienes aún continúan presos pero sin sentencia.

Luis y Alejo Encarnación continúan prófugos y el caso de Aldo Zamora está detenido y sin justicia, asegura Andrés Díaz Fernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Según el litigante, Felipe Calderón se comprometió a resolver el caso en 2007 sin ningún sustento legal.

“No atrajo la averiguación previa, después decían que no podían intervenir porque era un delito cometido en el Estado de México y no implicaba a la federación”, subraya.

Díaz Fernández destaca que existe una facultad de atracción que tiene la federación para hacer suyos los casos con trascendencia. Pero en la investigación de Aldo, se hizo nada.

Incluso la sentencia para los detenidos se alargó más de la cuenta; la legislación marca que no puede pasar más de un año, pero debido a apelaciones y alegatos de la parte defensora el caso se mantiene estancado, detalla el abogado.

Mientras tanto, la tala inmoderada continúa en los bosques que Aldo Zamora defendió y su padre es continuamente amenazado y hostigado.

“El gobierno federal se olvidó totalmente del caso. No hay ningún tipo de discurso o pronunciamiento”, declara Andrés Díaz.

 

Los caídos por diversidad sexual

La impunidad es una realidad que en México a todos les llega. Los activistas que defienden sus derechos a la diversidad sexual también padecen persecución y son asesinados. Guerrero es un ejemplo de ello.

De acuerdo con José Lavoisiere Luquin, presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano (Ceprodehi), en lo que va de 2011 se cometieron 22 crímenes en contra de activistas y simpatizantes del movimiento gay en el estado de Guerrero (Vanguardia, 5/VII/2011).

Recientemente, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) condenó, a través de un comunicado, el asesinato del homosexual Javier Sánchez Juárez, de 21 años, en Zumpango del Río, Guerrerto, quien participó en una movilización a favor de la diversidad sexual en esa localidad.

La instancia aclaró que el crimen del joven se suma al aún impune homicidio de Quetzalcóatl Leija Herrera, quien era presidente del Ceprodehi y fue asesinado a pedradas la madrugada del 4 de mayo pasado en Chilpancingo.

Meses antes, Leija Herrera fue atacado de forma similar en el zócalo de la ciudad donde, finalmente, se encontró muerto.

 

Familia en el exilio

Los familiares de los activistas amenazados y asesinados también son víctimas. Lo consigna el informe de la CNDH, lo dice el visitador Gustavo de la Rosa, lo comprueban los hechos.

No sólo el crimen de Felicitas Martínez y Teresa Bautista continúan impunes en San Juan Copala, Oaxaca. Sus familias viven en el exilio.

La comunidad a la que pertenecían las activistas asesinadas pertenecía al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi) y fue tomada por una de las organizaciones en conflicto: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult), narra el abogado David Peña.

“Las familias de la dos jóvenes están fuera de la comunidad. Tuvieron que irse, el grupo contrario las sacó de ahí”, detalla.

Y de la estación de radio lo que se sabe es que decayó a raíz del homicidio de las locutoras y La Voz que Rompe el Silencio, donde Felicitas y Teresa pusieron su empeño durante tres meses, fue aplacada paulatinamente por la impunidad.