Un cambio en la política de drogas de la magnitud que el país necesita no es una cosa sencilla, sobre todo por la larga trayectoria del prohibicionismo del que apenas estamos viendo la salida. Un siglo de políticas públicas basadas en un paradigma errado que, sin embargo, ha gozado de enorme consenso social y ha modelado la visión que del consumo de substancias tiene buena parte de la sociedad. Prejuicios que definen actitudes, creencias sin sustento que obstaculizan el cambio y generan resistencias al necesario nuevo enfoque con el cual se deben enfrentar los riesgos de salud asociados a las drogas.

La política que ha dominado al mundo respecto a las drogas ha calado a fondo. La mayoría de las personas, ciudadanos de buena fe, siguen resistiéndose a la regulación sensata, pues durante décadas las drogas se han presentado, desde el poder y desde la medicina como terribles azotes que destruyen a la juventud y carcomen a las sociedades. Una visión catastrofista que justifica la intervención punitiva del Estado contra todo el proceso de producción, comercio y consumo de un conjunto de sustancias muy diversas, con efectos distintos, con riesgos sanitarios que no son equiparables entre sí, aunque han sido puestas en el mismo saco por decisiones del poder.

El prejuicio ha estigmatizado a los consumidores y a las sustancias, pues ha provocado visiones distorsionadas que consideran igual de peligrosos a los opiáceos que a la mariguana o a las anfetaminas que al LSD. En el imaginario colectivo el alcohol resulta menos peligroso que la psilocibina, la sustancia activa de los hongos alucinógenos. Estos errores de apreciación impiden que los consumidores de sustancias sean tratados con justicia, pues a todos se les califica como drogadictos y se ignora que según la Organización Mundial de la Salud solo alrededor del diez por ciento de los usuarios de sustancias psicoactivas prohibidas pueden ser considerados usuarios problemáticos, incluidos dentro de estos los que pueden ser clasificados como dependientes o adictos.

De ahí que no sea fácil un giro como el que de manera tentaleante ha anunciado el actual Gobierno. Con contradicciones cotidianas, que le dan la razón a Soledad Loaeza cuando dice que este Gobierno avanza como los cangrejos, caminando de lado con pasos adelante y atrás, el Gobierno de López Obrador ha dado señales alentadoras de cambio en la política de drogas. La más importante, nada desdeñable, ha sido el nombramiento de Gady Zabicky al frente del Comisión Nacional contra las Adicciones, todo un giro respecto al Comisionado anterior, el ignorante y atrabiliario Mondragón y Kalb.

Zabicky es médico psiquiatra especialista en el tema y ha sido un prominente activista contra el prohibicionismo. En su presentación en sociedad en la mañanera presidencial, Gady planteó el meollo de un cambio de estrategia, pues señaló que hasta ahora primero actuaban las fuerzas represivas del Estado contra los consumidores, después los jueces y al final llegaban los médicos a recoger los pedazos que les quedaban. En efecto, la política contra las adicciones ha puesto por delante a las policías y ha abusado del sistema de justicia penal para hacer la tarea que le debería corresponder a los servicios de salud en aquellos casos que amerite su intervención, pues respecto a la mayoría de los consumos hoy ilegales lo que debería primar es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como también señaló el nuevo Comisionado y ha fallado la Suprema Corte.

Otra buena señal, previa, fue la presentación por parte de la actual Secretaria de Gobernación de una iniciativa integral para regular el cannabis, la cual está en proceso de dictamen en el Senado, junto con otras en el mismo sentido presentadas por legisladores de distintos partidos. Aunque el trámite parlamentario ha sido tortuoso, el Senado ha convocado ya a un procedimiento de parlamento abierto sobre el tema y el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, ha dicho que se podría votar en el próximo período de sesiones.

El mismo día que se presentó a Gady Zabicky el Gobierno anunció de nuevo su campaña de prevención como parte de una estrategia integral de combate a las adicciones. Los spots presentados, sin embargo, no reflejan la nueva visión representada por Zabicky, pues son convencionales, moralinos y siguen reflejando la idea de que todas las drogas prohibidas son iguales y que lo mejor que nos podría pasar sería vivir en un mundo libre de drogas. Parecen resabios de la época de Reagan.  No toman en cuenta que la prevención que sí funciona es la que presenta información basada en la evidencia, que diferencia claramente la peligrosidad de cada sustancia y que no estigmatiza a los consumidores. La misma idea de campaña de combate a las adicciones es equivocada, pues a las adicciones no se les combate: se les previene y se les atiende cuando surgen.

Pero como ya nos estamos empezando a acostumbrar, los claroscuros de la nueva política se tornaron negros en cuanto el Presidente abrió la boca. Con su estilo descalificador e impostadamente populachero, López Obrador salió a decir, durante la misma tarde de la presentación del nuevo funcionario y de la campaña, que había que estigmatizar a las adicciones, decirles “fuchi, guácala”, en la peor tradición moralizante que el nuevo responsable de CONADIC quiere erradicar. El Presidente también ha asociado varias veces el consumo de sustancias con la violencia y el delito, sin entender que es la prohibición y no el consumo el que convierte en delincuentes a los usuarios de sustancias. De nuevo la contradicción entre el conocimiento experto y las intuiciones y prejuicios presidenciales, que parecen estar marcando el errático rumbo del Gobierno. Ojalá la evidencia y la sensatez acaben imperando por fin respecto a las drogas y que los dichos presidenciales se queden en mero guiño a la galería.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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