El Estado mexicano le abre las puertas a organismos internacionales y luego se las cierra en la nariz cuando le salen críticas. Los casos se acumulan: el Relator Especial sobre la Tortura, los miembros del GIEI, los representantes de la CIDH… Y hasta el Papa Francisco. 

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– “En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, dijo ayer el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Reid Ra’ad Al Hussein.

El funcionario de las Naciones Unidas se quejaba, así, de la respuesta que tiene el Estado mexicano a cada informe crítico sobre la situación que se vive en México debido a las constantes violaciones de derechos humanos contra ciudadanos, periodistas, activistas, estudiantes, organizaciones.

“Si hay un punto de vista diferente sentémonos y hablemos de la esencia”, agregó. “Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en el país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la sociedad eligió”.

Pero Reid Ra’ad Al Hussein no descubría el hilo negro. El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha respondido con negativas a una gran cantidad de informes, críticas y recomendaciones internacionales y nacionales sobre la crisis de derechos humanos que sufre México al menos desde 2006 –cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas–, pero que se ha intensificado con los años y los meses.

Ayer mismo, por la noche, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lanzaron un comunicado conjunto en el que destacaron el reconocimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos al trabajo que desempeña el Gobierno mexicano para mejorar en esa área. Sin embargo, en ese documento nunca se citaron las fuertes críticas expresadas por el funcionario de manera pública.

“El Gobierno de México concuerda con el Alto Comisionado en que todas las autoridades del Estado, a nivel federal, estatal y local, debemos redoblar esfuerzos para proteger debidamente los Derechos Humanos. La estrategia seguida por el gobierno hasta ahora para enfrentar y abatir estos problemas estructurales va encaminada en la misma dirección”, se planteó en el comunicado conjunto.

“De igual forma, como se señaló en las reuniones con el Alto Comisionado, se están profundizando las investigaciones para esclarecer el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, así como otros casos que han lastimado profundamente a la sociedad. El Gobierno de México comparte el dolor de las víctimas, y reitera su compromiso de alcanzar la verdad y llevar a todos los responsables ante la justicia”, plantearon la Segob y la SRE.

Algunas de las recomendaciones que se le ha hecho al Gobierno de México, las ha aceptado. Sin embargo, en los hechos y de inmediato, opera como si las rechazara.

Dos ejemplos recientes corresponden a los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el primero, el GIEI cuestionó la “verdad histórica” desde su raíz: toda la explicación del entonces Procurador Jesús Murillo Karam confluía en el basurero de Cocula. Los expertos dijeron que, con base a su peritaje, allí hubo un incendio de dimensiones suficientes para quemar 43 cuerpos, en este caso de los normalistas desaparecidos de Iguala entre la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre de 2014.

La Procuradora Arely Gómez González aceptó, casi en tiempo real, el informe de los expertos internacionales, presentado el domingo 6 de septiembre. Pero al día siguiente, Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) de la Procuraduría General de la República (PGR), apareció en noticieros desde la mañana para rechazar el informe de GIEI.

De manera similar operó el Gobierno federal con el último reporte de la CIDH que fue hecho público el pasado 2 de octubre. Inmediatamente después de que los representantes de la Comisión Interamericana –órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA)– presentaron sus conclusiones de una visita a México, Roberto Rafael Campa Cifrián lo rechazó. La CIDH informó que el país vive una “grave crisis de derechos humanos”, caracterizada por una situación extrema de violencia, inseguridad, pobreza, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada e impunidad.

“La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”, concluyó el órgano autónomo.

Pero, momentos después, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Campa Cifrián, sostuvo en conferencia que las observaciones presentadas “no reflejan la situación general del país”.

“El Estado mexicano considera que si bien algunos casos específicos que ellos observaron, estos no reflejan la situación general del país en materia de derechos humanos”, dijo Roberto Campa. Antes, el Gobierno federal había presumido una supuesta apertura que, en los hechos, no se dio.

Pero ni Campa Cifrián ni Zerón de Lucio operaron algo distinto a la marca del sexenio de Peña Nieto.

Ayer, el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos dijo que “hay una fuerte convergencia de miradas sobre los alcances de los problemas de los derechos humanos en México entre la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y académicos del país”.

Pero alertó: “Desde hace tiempo México ha sido muy generoso en sus invitaciones; por tanto, ha sido una sorpresa para nosotros cuando el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Juan Méndez, fue sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos actores políticos […]. Esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en acciones sobre otros informes presentados recientemente”.

Y efectivamente, Juan Méndez sufrió el embate de subsecretarios de Estado que se dedicaron durante semanas a tratar de desmentirlo, hasta que el Relator Especial sobre la Tortura se dijo sorprendido desde el extranjero por el discurso beligerante de México.

AMNISTÍA ALERTA POR OÍDOS SORDOS

También, la organización Amnistía Internacional (AI) coincidió en que México no está escuchando las recomendaciones internacionales y, por el contrario, ha soslayado su importancia.

Para que las recomendaciones emitidas por organismos internacionales tengan un impacto real en los derechos humanos, es necesario que el Gobierno mexicano reconozca la magnitud de las violaciones a los mismos, expuso Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.

“No se podrá hacer frente al problema mientras no se admita que existen diferentes patrones de violaciones a derechos humanos profundamente arraigados y no así un contexto de aislados y extraordinarios casos”, comentó Quiroz.

Al criticar la postura adoptada por la Secretaría de Gobernación frente al informe preliminar emitido el pasado 2 de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo civil pidió a las autoridades mexicanas reconsiderar su posición e implementar de manera inmediata las recomendaciones hechas.

“México debe cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos humanos e impunidad, demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política y dar pasos firmes para pasar del discurso al desarrollo de planes integrales y medidas concretas para resolver los problemas estructurales en materia de derechos humanos”, agregó.

IMPUNIDAD, SELLO DEL ESTADO: ONGS

El martes pasado, luego de que el lunes un juez federal ordenara la libertad para cuatro de los siete militares encarcelados por la ejecución extraoficial de civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dijo en entrevista con SinEmbargo que en medio del problema de impunidad estructural que vive México, las fuerzas armadas no rinden cuentas, a pesar de que se  encuentran presentes en la mayor parte de casos de violación de derechos humanos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 “La mayoría de los casos que ha resuelto la Corte Interamericana contra México, tiene como elemento común la participación de las fuerzas armadas en graves violaciones de los derechos humanos”, expuso.

También se refirió a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, donde presuntamente participó el 27 Batallón del Ejército, al que el Gobierno federal ha negado el acceso a los expertos de la CIDH que investigan el caso en coadyuvancia con la Procuraduría General de la República.

En ambos casos, dijo, hay falta de rendición de cuentas. Las fuerzas armadas mexicanas simplemente no pagan por sus errores.

“La mejor manera de corregir esto es garantizando que los casos emblemáticos sean sancionados y resueltos. En el caso Tlatlaya, la reciente resolución no pone en entredicho la masacre, pero sí es una señal de alarma”, dijo.

También José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), dijo que México está sumido en una “profunda crisis de derechos humanos” y casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, deben generar investigaciones serias por parte del Gobierno federal alrededor de la participación del Ejército mexicano en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.

Vivanco consideró que a un año de la masacre de Tlatlaya, el pendiente más importante es la justicia y resultados concretos sobre la posible ejecución extrajudicial de 22 personas.

“El caso Tlatlaya es un gravísimo ejemplo de un problema mayor, y lamentablemente no se trata solamente de denuncias de ejecuciones, pues según expertos internacionales las fuerzas de seguridad mexicanas están implicadas también en desapariciones y en casos de tortura. Esta crisis se manifiesta, a su vez, en una preocupante desconfianza en las instituciones judiciales, que no han logrado combatir la impunidad que rodea a estos graves abusos”, planteó.

El activista internacional de los derechos humanos recordó que aunque hay evidencia de la ejecución de 12 personas, algunos soldados sólo fueron acusados por la muerte de ocho.

“Además, los abusos que sufrieron las tres mujeres que presenciaron los hechos en manos de autoridades del Ministerio Público estatal, para que no contaran lo que vieron también siguen impunes. En el mismo sentido, aunque la CNDH sostuvo que hubo encubrimiento por parte de la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] esa línea de investigación sigue sin llegar a resultados concretos que se hayan hecho públicos”, argumentó.

José Miguel Vivanco planteó que el Gobierno federal y el Ejército deben demostrar un “genuino interés” por resolver los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, los cuales consideró emblemáticos.

SEDENA NO COOPERA EN CASO AYOTZINAPA

Apenas el martes pasado, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tienen por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace un año porque, indicó, no hay un señalamiento claro que los involucre en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir  que a los soldados los traten como criminales”, expuso Cienfuegos Zepeda en una entrevista difundida en el espacio del  periodista Joaquín López-Dóriga en Televisa.

El General Salvador Cienfuegos lamentó lo sucedido con los 43 normalistas, pero insistió que involucrar al Ejército –como se ha consignado en los informes de expertos internacionales– es algo muy grave.

“MANO DURA” CONTRA NORMALISTAS

También ayer, SinEmbargo publicó que un cable desclasificado por National Security Archive (NSA) plantea que en 2011 el Embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, expresó su preocupación por las “fuertes y desconcertantes” tácticas policiales de “mano dura” durante el enfrentamiento con estudiantes normalistas en la autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011.

El 12 de diciembre de 2011, estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron con la Policía Federal, Estatal y Municipal luego de una protesta en la que pedían la reanudación de clases en su escuela; en dicho enfrentamiento murieron dos alumnos. El encargado federal del operativo era Facundo Rosas, un funcionario policiaco que después fue contratado por el Gobernador Rafael Moreno Valle.

“Sin tomar en cuenta quién es responsable de las muertes, la evidencia de tácticas policiacas de mano dura son fuertes y desconcertantes”, escribió el Embajador en un cable que envió a Washington y  que tituló: “Violenta protesta en Guerrero deja dos muertos, autoridades señalan con el dedo”.

El Embajador describió que las autoridades federales y estatales “señalaron con el dedo”, se acusaron una a la otra de los disparos que dejaron dos jóvenes muertos, “independientemente de quién es responsable de las muertes, la evidencia de tácticas policiales de mano dura es fuerte y desconcertante”, advirtió Wayne.

“Organizaciones No Gubernamentales y la Comisión de Derechos Humanos local han condenado enérgicamente los asesinatos. Las investigaciones están en curso, pero las autoridades estatales y federales se han culpado una a la otra de las muertes. Aunque va a pasar un tiempo antes de que se aclaren los hechos, el Gobernador de Guerrero despidió a una serie de altos funcionarios estales en un esfuerzo por controlar el daño político. Resumen final”, concluyó el Embajador.

… Y HASTA POLÉMICA CON EL PAPA

El 23 de febrero pasado se reveló el contenido de una misiva del Papa Francisco al legislador porteño Gustavo Vera, en la que el líder de la iglesia católica en el mundo mostraba su preocupación por el avance del narcotráfico en Argentina y en la que le pidió”evitar la mexicanización” del país.

“Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror”, planteó el Pontífice en la misiva, publicada en la página web de la organización no gubernamental La Alameda, que preside el legislador argentino.

Ese mismo día, el entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade Kuribreña, expresó su “tristeza y preocupación” ante la postura del Papa Francisco. El canciller también anunció que el Gobierno mexicano enviaría una nota diplomática a El Vaticano.

“Nos parece que más que estigmatizar a México o cualquier otra región de los países latinoamericanos, lo que debiera hacerse es buscar mejores enfoques, mejores espacios de diálogo”, expuso.

Luego, la Santa Sede aclaró que el término “mexicanización” no tenía la intención de estigmatizar al pueblo mexicano e incluso no se trata de una opinión política “en detrimento de una Nación que viene realizando un esfuerzo serio por erradicar la violencia y las causas sociales que la originan”.

La relación de El Vaticano y el Gobierno de Peña Nieto quedó lastimada desde entonces. Se especuló que debido a las diferencias, el Pontífice no incluyó a México en su reciente gira por Cuba y Estados Unidos. También se comentó que el Papa había rechazado visitar el país por los niveles de violencia que reporta el país, especialmente en Guerrero, y que también ha lastimado a muchos sacerdotes en toda la República.

“Yo pensaba entrar en Estados Unidos por México al principio, la primera idea, Ciudad Juárez, el límite, ¿no?”, justificó Francisco a medios internacionales a bordo del avión papal en el que se trasladó a inicios de octubre de Santiago de Cuba a Washington.

“Pero ir a México sin ir a la Guadalupana… hubiera sido una bofetada”, dijo Francisco en referencia a la Basílica que es la casa de la Virgen de Guadalupe.

El martes pasado, Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, confirmó que el líder de los católicos en el mundo visitará México en 2016, aunque no dio fechas ni detalles de la agenda.