El 21 de septiembre exigí ante el Congreso que se buscara al director del Registro Civil y al representante del Instituto Nacional Electoral estatales para que atendieran con urgencia el derecho humano a la identidad de los habitantes de las comunidades indígenas de la Sierra de Chihuahua, principalmente en la comunidad de Pino Gordo (Choréachi) del municipio de Guadalupe y Calvo.

Luego de las muchas visitas a las comunidades indígenas del personal de la delegación estatal de la Secretaría de Bienestar, que se realizan con el fin de incorporar a miembros de la etnia ralámuli a sus diferentes programas, se descubrió que sus habitantes carecen de los documentos de identidad esenciales, como acta de nacimiento (y por lo tanto su CURP) e identificación oficial, y muchos de ellos incluso manifiestan que ni siquiera se encuentran registrados en el Registro Civil.

Esto es grave, pues toda persona tiene derecho a su identidad y a ser registrada de manera inmediata luego de su nacimiento, y el Estado debe garantizar el cumplimiento de estos derechos y hasta expedir gratuitamente su primera copia certificada del Acta de Nacimiento. Esta situación, además de que no debe de presentarse en ninguna persona y menos aún debe ser tan constante para las más vulnerables, como son las comunidades indígenas más alejadas de la capital del Estado, ocasiona que se dificulte la incorporación de éstas a los programas sociales del Gobierno federal.

El pasado 13 de septiembre, se volvió a visitar la comunidad de Pino Gordo para incorporar a niñas y niños al programa de becas Benito Juárez, y aunque se inscribieron 40 menores, únicamente siete tenían su Acta, por lo que los otros 33 quedaron fueran del programa.

Un primer censo realizado por las autoridades locales a petición de los delegados reveló que, de los más de 800 habitantes de la región, 150 carecen de su Acta de Nacimiento y 689 no hablan castellano; de los cerca de 400 mayores de 18 años apenas más de la mitad tiene su credencial INE y de los más de 600 niños mayores de 6 años menos de un centenar sabe leer.

Nos queda claro que las distancias entre localidades o rancherías en los territorios de la Sierra Tarahumara son muy amplias y de difícil acceso, sin embargo, tenemos la tarea y el reto de que todos los habitantes de estos pueblos originarios tengan su registro de identidad y los documentos que los acrediten como mexicanos y faciliten que sean beneficiarios de los diferentes programas institucionales; incluso, en el caso particular de la comunidad de Choréachi ya existe una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenando al Estado mexicano medidas urgentes de protección colectiva en su favor.

Así como está la comunidad de Choréachi, existen otros pueblos originarios con las mismas necesidades y que requieren de la intervención coordinada de las Instituciones para erradicar esta falta alarmante de identidad política y civil.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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