Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Uno de los temas más polémicos de la propuesta de la Reforma Energética presentada por el gobierno federal, la apertura del sector a la inversión privada, está contemplado en el proyecto de dictamen que hoy se discutirá en comisiones en la Cámara de Senadores.

Las modificaciones propuestas incluyen el pago en efectivo a las petroleras internacionales, pero también el pago con barriles de petróleo.

Ayer, en una accidentada jornada en la que senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) abandonaron momentáneamente las pláticas previas a la presentación del proyecto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta comunicó tres acuerdos:

Subir el anteproyecto de dictamen a la página de Internet del Senado para que pueda ser consultado por cualquier persona.

Iniciar hoy las discusiones en el salón de plenos de la Comisión Permanente para que puedan ingresar otros senadores con voz, pero sin voto, y el tercero que sea de día “no estar sesionando en las noches ni en lo oscurito”.

Hoy de 10:00 a 21:00 horas se reunirán Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos Primera y mañana se continuará a las 11:00 hasta concluir con la discusión.

De acuerdo con el proyecto de dictamen que ayer mismo se subió a la página web del Senado, se contemplan modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con los cuales, Petróleos Mexicanos (Pemex) se abre a nuevas modalidades de contratación con particulares, ya sean nacionales o extranjeros, como los de servicios, utilidad o producción compartida, o de licencia “para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos”.

También prevé que el sindicato petrolero mantenga sus posiciones en el consejo de administración de Pemex; se crea el Fondo Mexicano del Petróleo, fideicomiso en el que el Banco de México (Banxico) tendrá la función de administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 Constitucional, con excepción de los impuestos.

Si hubiera remanentes derivados de la renta petrolera, este fondo los destinará para la reducción de pasivos del sector público, para el sistema de pensiones, proyectos de inversión en ciencia y tecnología e inversión especializada en proyectos petroleros.

El artículo 4to transitorio detalla que la ley establecerá las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas productivas o a los particulares por virtud de las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos que hagan por cuenta de la nación.

Entre las modalidades de contraprestaciones deberán regularse las siguientes:

En efectivo para los contratos de servicio; con un porcentaje de la utilidad para los contratos de utilidad compartida; con un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida.

Con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que se hayan substraído del subsuelo para los contratos de licencia; o cualquier combinación de las anteriores.

De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, con este dictamen se abre la puerta a compañías extranjeras como Exxon Mobil Corp para desarrollar campos a lo largo de áreas poco exploradas en territorio mexicano.

La Iniciativa considera también la extracción del gas de shale que “supone una gran oportunidad de crecimiento para nuestro país, sin embargo, ello no debe obviar en modo alguno, la necesidad de que en dicho proceso se observen las medidas ambientales más eficientes tendientes a minimizar los riesgos y daños al medio ambiente y a las personas, particularmente a los mantos acuíferos. Es por lo
anterior que la legislación deberá establecer con claridad, los requisitos y condiciones generales que en materia ambiental deberán observar los operadores
para la extracción del gas de lutitas”.

EL SECTOR ELÉCTRICO

En el caso del sector eléctrico se propone que el Estado se quede solamente con la planeación y control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y difusión.

La iniciativa sostiene que una parte del problema del sector eléctrico nacional es la ineficiencia de CFE, sobre todo a nivel de la distribución. Las pérdidas promedio que tiene el organismo varían entre el 16 y el 18% y en algunas zonas del país son cercanas al 30%, lo cual contrasta con el 6% que tiene Estados Unidos. Aunado a lo anterior, CFE tiene elevados costos administrativos por falta de incentivos y por las presiones políticas que tiene una paraestatal que no opera como una verdadera empresa.

Propone un nuevo modelo de gestión de negocios y administración del sector eléctrico. Así, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) deberá transformarse en un operador independiente del sistema y del mercado, pero dentro de la propiedad del Estado. La red de transmisión de CFE estaría a cargo de una filial con separación legal, contable y operativa, y dando la oportunidad a los privados de hacerse cargo de la expansión. Finalmente, la distribución también se separaría regionalmente bajo reglas análogas a la transmisión.

La Secretaría de Energía será la responsable de la política energética y la planificación del sector eléctrico, misma que tomará como base las recomendaciones del Cenace y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Esta última entidad regulará la transmisión y la distribución (tarifas, condiciones contractuales, calidad del servicio) y vigilará la competencia en generación (a través de permisos y reglas de mercado), sujetando en su caso a CFE a una regulación asimétrica. A su vez, la CFE operaría como una verdadera empresa que estando sujeta a competencia debería contar con autonomía de gestión y flexibilidad de colocación accionaria.

Por último, en la Iniciativa se establece que el Ejecutivo Federal propondrá al Congreso de la Unión un programa de substitución de subsidios generalizados por
subsidios focalizados en los insumos energéticos.

SE ENTREGA EL PETRÓLERO: PRD

Tras conocerse el proyecto de dictamen las reacciones no se hicieron esperar: desde el líder moral del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, legisladores del Sol Azteca y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) expresaron su rechazo.

Cárdenas propuso en Oaxaca una consulta ciudadana para el primer domingo de julio de 2015, donde se podrán echar abajo las modificaciones que se puedan hacer en los próximos días a la Constitución.

Para eso, afirmó, ya se cuenta con un millón 700 mil firmas, que representan el 2% de la Lista Nominal de electores que avala esta petición.

“Es la única forma que tenemos de detener en el 2015 la reforma, pero también convoco a que los legisladores se conviertan en activistas en defensa del petróleo”.

Cuauhtémoc Solórzano explicó que la propuesta del Gobierno Federal es grave porque pretende, entre sus modificaciones quitarle la palabra “estratégico” al petróleo, lo cual significa que al Gobierno no le importa si hay combustible o no.

En tanto, el dirigente de Morena, Martí Batres Guadarrama, llamó hoy a las 7:00 a realizar nuevamente un cerco alrededor del Senado para pernoctar el domingo y de ser necesario, el lunes, para protestar en contra de la reforma.

“Ratifica el propósito de privatizar y extrajerizar el petróleo”, argumentó.

Por su parte, la fracción del PRD en el Senado rechazó el dictamen al argumentar que es una conspiración del Gobierno para entregar el petróleo a los extranjeros.

Luego de señalar que el proyecto incluye la producción compartida y el esquema de licencias a empresas privadas, Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del sol azteca, acusó que el documento se elaboró en forma secreta entre el PRI y el PAN.

El senador del PRD, Alejandro Encinas, recordó que en el artículo 27 se establece que “tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e inprescriptible y no se otorgarán concesiones”.