En América Latina ya existen ejemplos al respecto no de amnistía pero sí de indulto a favor de narcotraficantes. Y los resultados parecen positivos. Foto: Sitio Oficial AMLO

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de otorgar amnistía a los capos del narcotráfico devino en una fuerte polémica por considerar descabellada la idea de que el Estado se olvide de los delitos cometidos por los varones de la droga, de los muertos, de los desaparecidos y de todo lo pernicioso y violento que ha significado el crimen organizado en México.

El gobierno de Felipe Calderón –el Presidente de la guerra fallida –terminó su administración en el año 2012 con más de 120 mil muertos. En aquel tiempo se justificó, como ahora, que esa descomunal cifra tenía que ver con la guerra entre narcotraficantes. Pocos dijeron que las Fuerzas Armadas ya no ejecutaban detenciones sino que salían a las calles a matar.

Enrique Peña Nieto –cuya gestión adolece de una política antidrogas –lleva cinco años en el poder y la cifra de muertos ya supera, por mucho, a la que heredó Calderón. Y lo peor es que no se ve por donde el actual gobierno pueda frenar la ola de violencia que desatan catorce cárteles en el país, con todas sus ramificaciones criminales y políticas que convierten a diversos estados como Guerrero, Michoacán o Veracruz, en verdaderos campos de batalla de la delincuencia.

Por otro lado, cabe decir que la política represiva del Estado ha fallado. Existen cientos de ejemplos, a lo largo de los últimos diecisiete años, que muestran que a la delincuencia organizada no sólo se le combate con operativos policiacos o militares y más dinero. Este ha sido el error de los gobiernos panistas que encabezaron Vicente Fox y Felipe Calderón y sin duda ha sido el desatino de la administración de Peña Nieto.

Durante estos periodos gubernamentales se han gastado miles y miles de millones de pesos en echar a andar una política represiva contra la delincuencia cuyos resultados nadie ve. Se ha estirado hasta el límite el elástico en el uso de las Fuerzas Armadas, se han despilfarrado cantidades estratosféricas de dinero –a la que se suma la ayuda internacional, particularmente de Estados Unidos — en mantener una política represiva sin que existen todavía soluciones.

Y es que el resultado de encarar al crimen con operativos y mucho dinero es adverso. Se ha revertido, como paradoja, la acción penal coercitiva y el crimen organizado, dotado de tantos recursos como el Estado, ha respondido con más violencia y mayor corrupción, lo que en muchos casos ocasiona que las fiscalías de los estados sufran atrofia y que tanto las policías como sus jefes se sometan a las órdenes del crimen. De esta manera surge lo que llamamos el Estado fallido, ese aparato maniatado por la corrupción del crimen organizado que termina paralizado frente al poder de los cárteles.

¿Qué hacer ante la evidente atrofia del Estado? ¿Hay salida?

En Italia, por ejemplo, uno de los países que vivió una guerra de enorme magnitud frente a la mafia, puso en marcha múltiples acciones que acompañaron su política represiva frente a la delincuencia. El combate armado no fue su única herramienta. Trabajó con políticas a largo plazo en educación, en la creación de empleos, en reconstruir el tejido social que no sólo estaba rasgado sino totalmente roto, destruido.

De igual forma puso en marcha un riguroso programa para sacar de las adicciones a miles de jóvenes y los convirtió en seres humanos, en personas útiles. Las empresas del crimen organizado, aseguradas por ser ilegales, las echó a andar para crear empleo y otorgarles opciones útiles y de desarrollo a la gente dentro del marco de la legalidad. Convenció a los grupos criminales de que es mejor estar del lado de la ley y no al margen.

La batalla en Italia contra la delincuencia se efectuó por todos los frentes. Su abanico de opciones fue variada. Era claro que el gobierno italiano quería resolver de fondo un problema que, de no hacerlo, habría llevado al país a un colapso.

Estas breves líneas vienen a cuento a propósito de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de otorgar amnistía a los capos de la droga. Aunque el tabasqueño no fue claro en su propuesta –dijo que apenas la estaba estudiando –la idea generó mucha polémica y, como es obvio, en tiempos de campaña el linchamiento en los medios oficiosos y oficiales no se dejó esperar.

Diego Fernández de Cevallos –abogado, ex Senador y ex candidato presidencial plagado de claroscuros –no se dejó esperar y de inmediato fustigó a López Obrador. Otras reacciones también resultaron muy fuertes.

Sin embargo, en América Latina ya existen ejemplos al respecto no de amnistía pero sí de indulto a favor de narcotraficantes. Y los resultados parecen positivos.

En Ecuador, por ejemplo, una medida similar se puso en marcha en el año 2008. El gobierno de Rafael Correa se dio cuenta de que su política represiva frente al crimen organizado le estaba generando una crisis mayor en las prisiones –hacinamiento, condiciones inhumanas para los reos, cero trabajo de reinserción y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, igual que ocurre en México –y fue por ello que puso en marcha la aplicación del indulto. La medida de conoce como “Indulto para mulas”.

El fundamento de esta medida que se aplica en Ecuador fue sacar de las cárceles a la gente detenida por traficar o transportar droga está enmarcada en lo que el gobierno de Ecuador llamó “La humanización del sistema de rehabilitación social” y “el cumplimiento de los deberes fundamentales como es respetar y hacer respetar los derechos humanos”.

Cuando la Asamblea Constituyente analizó la propuesta y revisó la ley vigente de entonces resultó evidente que se establecían penas desproporcionadas con respecto al delito cometido, pues en la realidad, la mayoría de las personas condenadas, no eran grandes traficantes o expendedores, sino personas denominadas mulas, mujeres en su mayoría, que no tenían control sobre el narcotráfico sino que se trataba de operadores que alquilaban su cuerpo para transportar drogas a cambio de dinero.

En el proyecto de ley de 2008 se establecieron los requisitos que definen los casos en los que se puede aprovechar el indulto –la no aplicación de una pena –para personas por transportar drogas: la existencia de una sentencia condenatoria anterior al 10 de julio de 2008, aunque su causa se encontrara aún en Consulta o Casación; la no reincidencia en delitos establecidos en la Ley sobre drogas; la cantidad de drogas debía ser menor o igual a dos kilogramos y, por último, el cumplimiento del diez por ciento de la sentencia con un mínimo de un año.

La propuesta se aprobó en el mes de julio de 2008. En aquel tiempo, la mayoría de la población carcelaria por estos delitos eran mujeres. Al lanzarse la idea del indulto a favor de personas que habían traficado con drogas o que eran sospechosas de tráfico, se produjeron en general dos reacciones predominantes: la primera fue un gran suspiro de alivio por parte de las y los presos, según han analizado expertos en Ecuador; la segunda fue una reacción negativa que se reflejó en una polémica en los medios de comunicación. Básicamente se argumentó que el indulto favorecería al narcotráfico.

Según las crónicas de la época, uno de los voceros de la oposición fue el Fiscal General de la Nación, Washington Pesantez, quien se pronunció en contra de la propuesta. El defendía la postura de que solo los delitos políticos merecían una amnistía, no los delitos comunes. El indulto propuesto a la Asamblea Constituyente también consideraba una lista de personas que habían sido víctimas de trampas políticas de los anteriores gobiernos.

No estaba claro qué grupo debía beneficiarse: si los pequeños vendedores o los transportistas de drogas. Por alguna razón resultó más aceptable para muchos que el indulto fuera aplicable solamente a los transportistas –las mulas –alguien que es víctima de las redes de traficantes y no las personas que vendían pequeñas cantidades en la calle.

La polémica se mantenía en lo máximo de su ebullición ya que al fijarse la cantidad de dos kilogramos o menos, las personas que encuadraban en lo establecido por la ley podían gestionar su excarcelación, aunque fueran vendedoras. Entre los requisitos no está establecido que las personas deban ser transportistas no existe una definición sobre qué es el transporte en este caso. Lo que está determinado en la ley es la cantidad.

El Fiscal General de la Nación dijo que si alguien transporta dos kilos lo hace solamente con motivos de venta, con una ganancia elevada, y que la mayoría de las presas estaba en la cárcel por cantidades que no superaban los cincuenta gramos, por lo que argumentó establecer esa cantidad como límite. A pesar de que tocó el tema de fondo, el Fiscal se equivocó mezclando dos casos distintos: la organización del tráfico y el tema de la descriminalización del uso personal, cada vez más común en la práctica legislativa y judicial en distintos países del mundo y en los debates de diversos países latinoamericanos.

Y es que en términos de la estructura del narcotráfico, las llamadas “mulas” al igual que los pequeños vendedores ocupan el eslabón más débil de las cadenas en un negocio altamente rentable. Muchas de ellas arriesgan sus vidas tragando sustancias que podrían causarle una muerte instantánea  o vendiéndolas en la calle por un monto relativamente bajo. El debate continúa, pues la propuesta en Ecuador abrió varios frentes bastante discutibles sobre si esta propuesta va encaminada, en el futuro inmediato, a descriminalizar la posesión de drogas en América Latina.

En Ecuador si bien el indulto puso en la calle a las llamadas mulas, víctimas de los capos, también benefició el crimen organizado que, con mucha facilidad, podía contratar abogados y hacer valer el indulto para sus operadores. Ecuador está entre los tres países productores de cocaína, después de Perú y Colombia. Es uno de los mayores exportadores de esta droga en el mundo.

La ventaja que tiene el narcotráfico en Ecuador es que la cantidad de droga que se permite para hacer valer el indulto es de dos kilogramos, nada menor, pues. Sin duda que los capos de la droga celebraron esta legislación, promovida en 2008 por el entonces Presidente Correa, cuyo argumento central fue hacer valer en todo momento los derechos humanos de quienes purgaban penas mayores por delitos considerados menores, como transportar cincuenta gramos de alguna sustancia controlada.

De ahí que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador haya generado tanta reacción enconada. Es cierto que el aspirante presidencial de Morena no ha sido explícito en su idea de otorgar amnistía a los capos. Sólo movió el avispero. Habrá que ver la costura y los argumentos que soporten la propuesta de otorgar amnistía al crimen organizado. Y habrá que ver cual podría ser, en el futuro, si López Obrador llega a la Presidencia de la República, la reacción de Estados Unidos, país que siempre a privilegiado la política represiva frente a la delincuencia.

Pero hay otro punto de fondo. López Obrador sabe que en México el narcotráfico y todos sus aliados constituyen una fuerza poderosa para ganar elecciones. Ya se vio en Michoacán. Se ha visto por años en Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sinaloa. De ahí que esta propuesta de la amnistía sea una forma de atraer la atención del crimen organizado para que consideren que si no gana el PRI, con López Obrador habrá formas de aplicar la ley en favor de quienes hoy son perseguidos ya por narcotráfico o por lavado de dinero. Todo dependerá si lo apoyan en el 2018.

La propuesta también puede leerse como una estrategia para colocarse bajo los reflectores, ya que el destape de José Antonio Meade y la fiebre priista lo opacaron durante algunos días. Descabellada o no, la propuesta de dar amnistía a los narcos generó polémica y su nombre volvió a estar en todos los medios.