Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– El gobierno de Guerrero desistió de emprender la acción penal en contra de la comandanta, Nestora Salgado García, miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el municipio de Olinalá, en Guerrero.
Néstora Salgado García fue detenida el pasado 21 de agosto, acusada del secuestro en agravio de por lo menos seis personas, entre ellos dos menores de edad.
“El gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, solicitó al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal en contra de Nestora Salgado García, como muestra de que este gobierno ciudadano, ha sido constante en la búsqueda de la paz y el desarrollo armonioso de Guerrero en todas sus vertientes”, anunció el gobierno en un comunicado.
La solicitud se hizo al fiscal Godínez Muñoz, dentro de la facultad exclusiva del Ministerio Público representado en su persona, conforme a lo establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el Ejercicio de la Acción Penal.
El gobernador pidió que “sin quebrantar los derechos humanos de las víctimas, la Fiscalía General del Estado, de manera conjunta con la Secretaría General de Gobierno, establezcan mecanismos para la reparación del daño a favor de quienes resultaron agraviados”.
El pasado 10 de noviembre diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), llamaron al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, a retomar el diálogo para revisar la liberación de Néstora Salgado García y Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En conferencia de prensa, los legisladores Roberto López, José Luis Muñoz, Elena Tapia, Carlos de Jesús Alejandro, Lourdes Amaya, Roxana Luna, María del Rosario Merlín y Vicario Portillo, recordaron que los casos ya se habían abordado con el antecesor del actual gobernador.
Salgado García es coordinadora de la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá y pertenece a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, conocidas como CRAC; mientras Suátegui Muñoz es líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), y ambos permanecen detenidos.
Los legisladores argumentaron injusticia en ambas reclusiones e “impunidad de grupos del crimen organizado y de servidores públicos” y se consideren todas las pruebas de descargo presentadas a la fecha.
Además, llamaron a las autoridades de los gobiernos federal y del estado de Guerrero para que brinden garantías de seguridad a las y los defensores de los derechos humanos y cesen los asesinatos y desapariciones.