Las restricciones tenían como propósito redefinir la forma en que se puede acceder al asilo y a formas similares de protección humanitaria si se enfrenta persecución en el país de origen.

Por Suman Naishadham

PHOENIX (AP) — Un Juez federal bloqueó el viernes las restricciones más radicales al asilo impuestas por el Gobierno de Donald Trump cuando faltan menos de dos semanas para que el Presidente electo Joe Biden asuma la Presidencia de Estados Unidos.

Las medidas debían entrar en vigor el lunes. La orden de la corte tiene efecto limitado aunque inmediato porque el Gobierno ha suspendido en gran medida el asilo en la frontera con México durante la pandemia del coronavirus argumentando motivos sanitarios.

Sin embargo, la aplicación de las nuevas normas habría afectado a algunas personas que todavía pueden pedir asilo y aumentarían las dificultades para todos los solicitantes una vez se levanten las restricciones relacionadas con la pandemia.

El Gobierno de Trump alegó que las medidas eran una respuesta adecuada a un sistema plagado de abusos y rebasado por solicitudes carentes de mérito.

Las restricciones tenían como propósito redefinir la forma en que se puede acceder al asilo y a formas similares de protección humanitaria si se enfrenta persecución en el país de origen. Las normas habrían ampliado los motivos por los que un Juez podría considerar “frívolas” las solicitudes de asilo y prohibir a los solicitantes acceder alguna vez a la protección de Estados Unidos.

El Juez federal James Donato, en San Francisco, afirmó que el Secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, carece de autoridad para imponer esas normas, dando la razón a los grupos activistas que presentaron una demanda.

Donato, que fue nombrado en 2013 por el expresidente Barack Obama, escribió que el nombramiento de Wolf infringió el orden de sucesión establecido y señaló que era la quinta ocasión que un tribunal fallaba contra Seguridad Nacional por el mismo argumento.

“El Gobierno ha reciclado exactamente las mismas reclamaciones judiciales y fácticas presentadas en los casos anteriores, como si no hubieran sido rechazadas completamente en opiniones bien razonadas por diversas cortes”, escribió Donato. “Esta es una estrategia de litigio preocupante. En efecto, el gobierno sigue colisionando el mismo carro contra un portón, con la expectativa de que algún día pueda traspasarlo”.

Donato dijo que su fallo es de aplicación nacional porque limitar su alcance “convertiría la política de inmigración en una tela de retazos fragmentada y deshilvanada”.

Por el momento se desconoce si el Gobierno de Trump presentará un recurso de emergencia. El Departamento de Justicia no respondió el viernes en la noche una solicitud de comentarios.

Aaron Frankel, abogado de los demandantes, describió las restricciones como “nada menos que un intento para poner fin al sistema de asilo”.

El asilo es una protección legal diseñada para quienes huyen de la persecución por su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a un grupo social. Cualquier extranjero que pise territorio estadounidense tiene derecho legal a solicitar asilo, según la ley federal y las obligaciones previstas en los tratados internacionales.

La norma de Trump reduciría las categorías de persecución y la severidad de las amenazas por las que se concede la protección. Quienes solicitaran asilo por su género o porque peligraban ante grupos delictivos, funcionarios u “organizaciones no estatales” posiblemente no tendrían derecho a él.

Se habría ordenado a los jueces de inmigración que fuesen más selectivos al conceder la protección y se les habría permitido rechazar la mayoría de las peticiones sin una audiencia judicial.

Asimismo, los jueces habrían sopesado diversos nuevos factores que habrían afectado negativamente a la capacidad de los solicitantes para conseguir la protección, entre ellos el no pagar impuestos. Los antecedentes penales habrían contado contra los demandantes incluso con la eliminación de sus condenas.

Según las restricciones vinculadas a la pandemia. que están en vigor desde marzo, aproximadamente nueve de cada 10 personas detenidas en la frontera son expulsadas de inmediato por motivos de salud pública. El resto son procesados de acuerdo con las leyes de inmigración, que incluyen el derecho a pedir asilo.

Donato discrepó con la manera en que algunos funcionarios llegaron a la titularidad del Departamento de Seguridad Nacional. Wolf se convirtió en secretario interino en noviembre de 2019, en sustitución de Kevin McAleenan, que también ocupaba el cargo de forma provisional. Diversas cortes han fallado que Wolf saltó indebidamente a la titularidad desde su posición de subsecretario para Estrategia, Política y Planes.

Igual que otros jueces, Donato dijo que McAleenan, que era comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, también fue ascendido a la dirección del departamento sin respetar la jerarquía, lo que hizo que el traspaso del cargo a Wolf “careciera de efectos legales”.

Seguridad Nacional no tiene un secretario ratificado por el Senado desde la renuncia de Kierstjen Nielsen en abril de 2019.

Pese a los reveses judiciales en su contra, el Gobierno de Trump ha implantado varias políticas que restringen el asilo, como que los solicitantes esperen en México mientras un tribunal de Estados Unidos atiende sus peticiones.

Se prevé que Biden revierta algunas de las políticas migratorias de Trump, como la de permanecer en México, aunque recientemente dijo que su Gobierno necesitaría “posiblemente los próximos seis meses” para armar de nuevo un sistema que pueda procesar las solicitudes de asilo para impedir una aglomeración de migrantes en la frontera sur.

También el viernes, la Corte de Apelaciones del 4to Circuito en Richmond, Virginia, falló en contra de la política del Gobierno de conceder a los gobiernos estatales y locales el derecho a rechazar el reasentamiento de refugiados.

El panel de tres jueces dijo que la orden ejecutiva de Trump que obligaba tanto a las entidades estatales como locales a dar su consentimiento antes de permitir que se reubique a refugiados en sus jurisdicciones socavaría la Ley de Refugio de 1980. Esa norma, establecida por el Congreso, tenía como propósito permitir a agencias de reubicación encontrar el mejor lugar para que una persona progrese al tiempo que trabajan con las autoridades locales y estatales.