El movimiento de los pueblos que se declaran “libres de la megaminería” avanza: habitantes de los municipios veracruzanos Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Actopan notificaron a las autoridades estatales y federales su resolución en contra de permitir la operación de proyectos extractivos que afectan sus comunidades.

Esta resolución se da luego de que ejidatarios y comuneros de Acacoyagua, Chiapas, tomaran las misma determinación.

Guillermo Rodríguez, miembro de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, sostiene que “de no hacer nada, Veracruz corre el riesgo de presentar los daños permanentes asociados a la ambición desmedida de las mineras”.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Comunidades de los municipios Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Actopan, en el estado de Veracruz, se declararon libres de minería ante los riesgos que, acusan, representa para su vida, salud y para el medio ambiente.

Los pobladores de ambos municipios veracruzanos entregaron a dependencias de los gobiernos estatal y federal copias de Actas de Asamblea en las que ponen de manifiesto que las comunidades organizadas se declaran como comunidades “libres de megaminería tóxica”.

A nivel federal, las dependencias notificadas fueron la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En el ámbito estatal, la Secretaría de Medio Ambiente y el Gobierno veracruzano.

En el estado gobernado actualmente por el panista Miguel Ángel Yunes Linares, justo en Alto Lucero y Actopan, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), la Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz (RIAVER) y otras organizaciones luchan contra el proyecto minero denominado Caballo Blanco de las compañías canadienses Gold Corp y Timmins Gold Corp.

Las organizaciones civiles Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica (UVPLMT) y el colectivo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida (PVUDV) informaron que la decisión se encuentra amparada en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, en la legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México, entre los que se encuentra el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

“La entrega de las Actas a las dependencias del Gobierno federal y estatal es para mantenerles al tanto sobre una decisión que hemos tomado, con plena libertad y autonomía sobre nuestro territorio […] para proteger la vida, la salud y el medio ambiente”, declaró Ascensión Sánchez Vásquez, presidente de la UVPLMT.

De acuerdo con información oficial, hasta 2013 en Veracruz se hablaba de la existencia de 88 concesiones mineras en una superficie total cercana a las 214 mil 700 hectáreas.

LOS DAÑOS SOCIALES

En entrevista para SinEmbargo, el maestro Eduardo Torres Alonso, miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que la minería provoca impactos a nivel ambiental, social y salud, especialmente.

En la salud de los habitantes y los empleados, la minería causa padecimientos que se encuentran “a la orden del día”. Las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, dijo, son las más frecuentes, del último tipo, el cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) son las más graves.

Los daños que la minería ocasiona en el medio ambiente se dan en el suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina los mantos freáticos y los terrenos hasta volverlos infértiles.

El tipo de minería “más lacerante”, explicó, es la que se ejecuta a cielo abierto, ya que provoca grandes boquetes en el suelo y causa modificaciones a la permeabilidad, entre otros problemas.

Además ocasiona contaminación sonora con el uso de maquinaria para fracturar superficies rocosas, con lo que se afecta la salud de la fauna y la gente.

Las consecuencias principales a nivel social derivadas de la actividad extractiva, señaló, son positivos y negativos.

Los negativos: En las zonas de extracción, los habitantes se ven afectados, ya que existe desplazamiento y migración local. Además, se rompen vínculos de solidaridad y elementos de identidad en las comunidades. Y los positivos: Se generan recursos económicos, pero no para las comunidades, sino para las empresas.

En ese sentido, a decir de Guillermo Rodríguez, de Lavida, “desafortunadamente, México cuenta con muchas experiencias sobre el terrible daño ambiental y social que provocan los megaproyectos por tajo a cielo abierto” y advirtió que “de no hacer nada, Veracruz corre el riesgo de presentar los daños permanentes asociados a la ambición desmedida de las mineras”.

PUEBLOS HARTOS DE LA MINERÍA

El rechazo de los pobladores veracruzanos a la minería se suma a la lucha emprendida por habitantes del municipio chiapaneco Acacoyagua. Recientemente, ejidatarios y comuneros de aquél municipio se han levantado contra la invasión de empresas mineras en sus territorios, donde existen 13 concesiones y ya han operado dos minas de las empresas Male SA de CV y el El Puntal SA de CV.

En el acta del Ejido Acacoyagua –entregada en el Ayuntamiento presidido por el Alcalde Patricio Eli Matías Salas– los comuneros establecieron que, en el ejercicio de sus derechos agrarios, “está prohibido el paso de todo tipo de transporte de las empresas mineras, en el transito de toda superficie ejidal, con la finalidad de conservar el uso adecuado de nuestros caminos que con tanto sacrificio hemos logrado”.

Ante este panorama, Torres Alonso indicó que las comunidades donde se desarrolla la minería generalmente se encuentran marginadas, aisladas y analfabetas y después de soportar promesas de desarrollo incumplidas y devastación ambiental, optan por decir NO a la actividad extractiva, toda vez que “no les están respetando sus derechos” y “no reciben nada a cambio”.

Todo, señaló, se lleva a cabo con el aval del Gobierno mexicano. Las empresas canadienses tienen el 70 por ciento de las concesiones mineras que hay en México, ya que “vienen a hacer lo que no pueden en su país” que es devastar la naturaleza y los recursos naturales, además de pasar por encima de los derechos humanos de los pueblos.