En la corta gestión del nuevo gobierno se han presentado tres asesinatos sin que se hayan realizado pronunciamientos sobre la mejora de las políticas de protección, incluyendo el Protocolo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos.  Al respecto, Ana Cristina Ruelas, directora en México y America Central de Artículo 19, cree que López Obrador no ha expuesto acciones claras que garanticen que los delitos cometido contra la prensa se investiguen y castiguen.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- En México la labor periodística se ejerce en un entorno de continua criminalización y crímenes impunes que se traducen en el incremento de agresiones y asesinatos diarios. A pesar del cambio de gobierno, del pasado 1 de diciembre, la poca disposición con la que el Estado ha actuando para investigar y resolver estas transgresiones aparentemente no se ha transformado. En el breve periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tres periodistas han sido asesinados sin que establezcan protocolos de actuación claros que garanticen la seguridad del ejercicio periodístico.

Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19, organización que promueve el avance de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico, sostiene que las circunstancias ya han dado la oportunidad al nuevo gobierno de manifestarse, sin embargo, continúa sin ser claro sobre el modo en el que investigará y protegerá la labor del periodista.

“Hay que tomar en cuenta que México esta sumido en una ola de violencia contra la prensa que viene ya generando agresiones diarias, asesinatos que van en incremento y que quedan en total impunidad y sí, una política de Estado que ha buscado de manera continua desde todas las instituciones del Estado y todos los órganos de Gobierno reducir todos los flujos de información que llegan a la sociedad. La violencia contra la prensa no terminó el 1 de julio y de hecho tampoco terminó el 1 de diciembre”, dijo.

La nueva estrategia de comunicación del Presidente López Obrador le ha permitido estar en contacto directo con la prensa todos los días. Debido a esta interacción, los periodistas se han vuelto más vulnerables a la estigmatización de su trabajo. El mismo Presidente se ha referido en algunas ocasiones hacia la prensa con seudónimos como “prensa fifí” y “corazoncitos”; una actitud que preocupa a los periodistas.

“Es importante y muy muy necesario que el nuevo gobierno se inhiba de estigmatizar a la prensa, en un contexto como el nuestro las declaraciones del Presidente de la República en contra de la prensa solamente avivan la violencia y le dan la pauta a diferentes particulares y a diferentes perpetuadores el ir en contra de la prensa (…) Los más altos funcionarios, incluido el Presidente de la República, deben hacer un reconocimiento expreso de la importancia de los periodistas, una sanción expresa a cualquier tipo de agresión y un hecho consecuente que tiene que ver con otras instituciones de Estado de una investigación y sanción de este tipo de agresiones”, dice Ruelas.

“El 25 de febrero presentamos un análisis llamado el Protocolo de la Impunidad en el que dábamos cuenta de aquellos elementos que han formado la posibilidad de que todos los días sigamos agrediendo periodistas y uno de ellos tiene que ver con la criminalización del trabajo periodístico, con la estigmatización del trabajo periodístico por parte de las autoridades, por parte de los más altos funcionarios públicos que permiten o que son un aliciente para los perpetradores de seguir agrediendo a la prensa, esto es algo que tenemos que cambiar y es algo que tenemos que ver en este nuevo gobierno”, agrega.

Del año 2010 a diciembre del 2018 sólo se abrieron mil 140 investigaciones de delitos contra la prensa; 183 carpetas se han consignado y únicamente en 10 casos se dictaron sentencias condenatorias, lo que se traduce en un 99.13 por ciento de impunidad.

Artículo 19 ha documentado el asesinato de 123 periodistas: 48 se produjeron durante el periodo de Felipe Calderón Hinojosa; 47 fueron perpetrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y tres más ocurrieron en el breve periodo del nuevo gobierno, antes de cumplir sus primeros 100 días de gestión.

UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA PERIODISTAS

En México existe un Protocolo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos que aunque visibiliza la agresión diaria, no ha sido capaz de garantizar la seguridad plena del ejercicio informativo. Desde su creación los beneficiarios han insistido en la necesidad de hacer mejoras al mecanismo, a pesar del aumento de asesinatos no ha habido una respuesta gubernamental concisa.

En enero del 2019 fue asesinado el periodista Rafael Murua, quién era beneficiario del mecanismo. Para Cristina Ruelas su muerte pudo haber marcado el cambio se gobierno, en el sentido que pudo haber dejado claro qué acciones tomaría para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, sin embargo, una vez más se optó por continuar en impunidad:

“En los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya han asesinado a tres periodistas, posiblemente vinculados con su labor. Uno de ellos había sido beneficiario del mecanismo de protección a periodistas y creo que ahí me voy a detener porque realmente el asesinato de Rafael Murua es algo que pudo haber marcado el cambio de gobierno en el sentido de que el gobierno diera cuenta sobre las acciones que iba a realizar para garantizar que los periodistas mantuvieran un estado de seguridad, que pudieran ejercer su trabajo de manera libre.

“¿Por qué es importante el asesinato de Rafael Murua? Porque él confió en el Estado, él siguió las pautas del Estado para ser protegido y el Estado falló. El Estado hasta hoy no ha rendido cuentas sobre lo que dejó de hacer para que esto sucediera. Para que un periodista pueda confiar en el mecanismo de protección necesita tener certeza de que el mecanismo va a protegerle y no hay mejor certeza que investigar las causas por las que un periodista decide acercarse al mecanismo de protección. Mientras no haya consecuencias contra los perpetradores de las agresiones contra la prensa, mientras no haya un mensaje muy claro de no más impunidad las agresiones se van a mantener y desgraciadamente hasta hoy no hemos tenido claridad sobre las acciones que el nuevo gobierno va a realizar para que esto deje de estar sucediendo”.

La abogada y maestra en políticas públicas crítica que hasta ahora el Estado no haya considerado revisar y cancelar aquellas medidas que criminalizan la labor periodística y que podrían servir como acciones preventivas ante el delito.

“Hasta hoy las acciones que el gobierno ha señalado que va a implementar para el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos son muy ambiguas y no dejan ver esta integralidad de la protección de periodistas, es decir, no nos han dicho que van a hacer en materia de prevención y son muchísimas acciones que tendría que estar implementando ya el gobierno. Por ejemplo, la derogación de todos los tipos penales que hoy son utilizados por funcionarios públicos para ir en contra de periodistas, esa es una medida preventiva importante que se tiene que implementar ya en cada uno de los estados de la República para que no haya el pretexto de ir en contra de periodistas. Por otro lado es importante que el mismo mecanismo, a través de la tercera unidad de prevención, haga un análisis de riesgo nacional para poder identificar cuáles son las zonas de mayor peligro para los periodistas. También es importante que haya medidas específicas para identificar cómo se están dando las amenazas a través de las redes sociales en contra de periodistas”, dijo.

Las agresiones de funcionarios o partidos políticos hacia los reporteros son una de las más comunes. En el primer semestre del 2018 la red Rompe El Miedo documentó 388 agresiones en contra de la prensa, de las cuales, el 46.7 por ciento se registraron en el contexto electoral, siendo los partidos políticos, militantes o simpatizantes, los principales agresores. Otro 37 por ciento, equivalente a 69 agresiones, tenían como origen a un funcionario público.

“Hay que tomar en cuenta que las agresiones contra los periodistas son muy rentables para el poder, la prensa es la que nos acerca a la realidades que hay afuera, es la que nos cuenta sobre la corrupción, las violaciones graves de derechos humanos, el desvío de recursos, etcétera, etcétera. Acallar a la prensa es una manera de mantener el status quo y en ese sentido es que desde siempre Artículo 19 ha dicho que las agresiones contra la prensa no forman parte de un daño colateral del estado de violencia que se vive en el país, sino realmente son un daño intencionado que busca callar al mensajero y convertirlo en el mensaje, un mensaje de silencio para sus colegas y un mensaje para quienes están siendo la audiencia de este mensajero”, sentenció la activista.

El CIBER ACOSO

En el 2017 la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) documentó 12 casos de espionaje por el malware Pegasus, presuntamente comprado por el Gobierno mexicano. Entre la lista de quienes eran vigilados se encontraban los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui.

En la actual administración, reporteros de la fuente de Presidencia han denunciado una serie de agresiones realizadas a través de redes sociales. Los hechos ocurren luego de que hacen preguntas incomodas durante las conferencias matutinas. Hasta ahora el tema no ha escalado porque no se han identificado ataques más allá de las redes digitales, sin embargo, han sido considerados como una alerta de otro tipo de violencia.

Ana Cristina Ruelas hace un llamado a que el Gobierno federal, a través de la Fiscalía General y la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión, atienda estas cosas, ya que en México “lo que pasa en el mundo digital puede trasladarse al mundo físico”:

“Primero (tiene que) decir que las amenazas y aquellas agresiones que configuren delitos a través de las redes sociales tienen que ser investigadas por la Fiscalía General y por Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión, y por otro lado también tienen que ser tomadas en cuenta por el Mecanismo de Protección de Periodistas. En México hemos visto que lo que pasa en el mundo digital se traslada al mundo físico, no podemos decir que lo que pasó en redes sociales no va a pasar en la vida física, hemos sido muy claros en que lo digital se convierte en algo tangible y que normalmente las agresiones a las que están sujetos las y los periodistas después se trasladan al mundo físico, por eso es que el gobierno no las puede desestimar, las tiene que tomar en cuenta, las tiene que investigar y tiene que llegar a sanciones aquellos perpetradores que están amenazando a periodistas a través de las redes sociales”.

De acuerdo con el informe “Violencia en Línea contra las mujeres en México del 2018”, elaborado por el colectivo feminista Luchadoras en colaboración con organizaciones como Artículo 19, en el 2015 hubo 84 ataques contra periodistas y comunicadoras, de los cuales 23 fueron amenazas y seis de ellas fueron a través de redes sociales.

EL PAÍS MÁS PELIGROSO PARA EL PERIODISMO

En los últimos años el asesinato de periodistas ha incrementado de manera paulatina. En el sexenio de Vicente Fox Quesada el número final de asesinatos fue de 22; 12 años después la cifra se convertiría en más del doble alcanzando las 47 ejecuciones durante el gobierne de Peña.

Los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registran 144 asesinatos por reporteo ocurridos desde el año 2000. La cifra solo ha sido superada por Afganistán y Siria, países con guerras declaradas.

A 100 días del nuevo gobierno es imposible saber si el número aumentará y en qué dimensión lo hará. Ana Ruelas asevera que la única certeza posible es que el asesinato del Samir Flores – el pasado 20 de febrero- no será el único si el Estado no emprende alguna acción para parar las agresiones.

“No te puedo decir que el número de agresiones ha aumentado porque no tenemos ese dato, pero lo que sí te puedo decir es que definitivamente las agresiones ante un contexto de tanta impunidad, un contexto en el que la impunidad rebasa al 99 por ciento de los casos, no pararan. No podemos decir que el asesinato de Samir Flores, que ocurrió el 20 de febrero de este año, haya sido el último, sabemos que no lo es, sabemos que van a seguir asesinando periodistas porque hasta hoy no existe ninguna acción del Estado para detener estas agresiones, esto es lo que es preocupante.

“Las estadísticas cambian todos los días, pero lo importante es saber que hoy por hoy no existe un periodista que pueda hacer su trabajo de manera segura en México porque es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América y solamente se compara el ejercicio periodístico con países que están en guerra declarada. Lo que vive un periodista en México es lo que viviría un periodista en Afganistán o en Siria, en países en guerra, es por esto que es importante que los ciudadanos también reconozcamos la importancia del periodismo de acercarnos información para tomar mejores decisiones. En la medida en que la ciudadanía reconozca la importancia del periodismo en México, también el periodismo va a poder ejercer su trabajo de manera más libre y es en la medida en que nosotros vamos a poder participar en el espacio público”, sentenció.