Durante la presentación del “Estudio sobre ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los Derechos Humanos”, realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la doctora Patricia Ávila García, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad indicó que lo anterior se traduce en un “desvío de poder” para dar paso a la consolidación de un proyecto económico neoliberal de extractivismo que conlleva al despojo de agua y devastación de ecosistemas en territorios campesinos indígenas, además del acceso desigual en los asentamientos humanos tanto urbanos como rurales.

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- El modelo económico de México ha desatado distintas problemáticas en materia de agua al favorecer intereses de élite, sin tomar en cuenta el bienestar y los derechos humanos de la población, señalaron especialistas.

Desde la perspectiva de la academia y la sociedad civil, señaló la doctora Patricia Ávila García, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, “existe un agravio estructural por parte del Estado al privilegiar intereses económicos de actores privados, particularmente de trasnacionales e internacionales, en detrimento a los derechos individuales y colectivos de indígenas y campesinos, principalmente”.

Durante la presentación del “Estudio sobre ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los Derechos Humanos”, realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la doctora indicó que lo anterior se traduce en un “desvío de poder” para dar paso a la consolidación de un proyecto económico neoliberal de extractivismo que conlleva al despojo de agua y devastación de ecosistemas en territorios campesinos indígenas, además del acceso desigual en los asentamientos humanos tanto urbanos como rurales.

Otra de las problemáticas que se desencadenan, afirmó, es la afectación al disfrute de los derechos humanos al agua y al saneamiento, así como a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) que incluyen la alimentación, el medio ambiente sano, la salud y la vivienda.

“El agravio se relaciona con la falta de cumplimiento de la Ley, la normatividad laxa y permisiva, la gestión centralizada y autoritaria del agua, la insustentabilidad en el aprovechamiento del recurso, su disposición final y el limitado acceso a la justicia ambiental e hídrica”, dijo.

La importancia de la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los asuntos hídricos, subrayó, radica en el “boom” de los proyectos mineros, de fracking y megaobras que requieren grandes cantidades del vital líquido y dejan a su paso contaminación.

Los ríos y lagos mexicanos se están contaminando a una velocidad exponencial y los sectores vulnerables de la población se están movilizando por dichas afectaciones.

“El país ha entrado desde hace varias décadas en un cambio estructural en su economía y esto ha implicado una apertura comercial que implica la inversión de empresas, en donde entra el boom de las mineras, el boom de los megaproyectos y todo el boom de inversiones de capital que ven una gran oportunidad en todos los espacios en México y Latinoamérica”, criticó.

También destacó que a través de los recursos hídricos y de los procesos productivos, la industria busca maximizar sus utilidades, sin tomar en cuenta el tema de derechos humanos, lo que se asocia a un “modelo de privatización del territorio, del agua” que genera conflictos, agravios y despojo a las comunidades que difícilmente logran tener acceso a la justicia.

Aunado a ello, dijo, la normatividad es laxa y se encuentra obsoleta, por lo que requiere de una actualización urgente.

Al abordar el asunto de la situación del vital líquido, el maestro José Luis Pablos Hach, de la Facultad de Medicina Vrinaria y Zootecnia, recordó que el país cuenta con 446 mil 777 metros cúbicos de agua dulce al año que sufre variaciones en su cantidad y desigual distribución territorial. El experto mencionó que en la República Mexicana hay 51 ríos principales por los que fluye el 87 por ciento del escurrimiento superficial.

“De las 731 cuencas hidrológicas que hay, 104 muestran problemas de disponibilidad que se debe a la sobreexplotación, sobreconcesión y contaminación que venimos arrastrando desde hace muchos años y en temas de agua subterránea, de 653 acuíferos, 105 se encuentran en situación de sobreexplotación”, afirmó.

El especialista recordó que desde 2002 se realiza fracking en territorio nacional. Se trata de una técnica intensiva de fracturación de pozos cercanos entre sí. Las principales entidades en las que se ejecuta la técnica, informó, son San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, León, Tamaulipas e Hidalgo.

En esos sitios, añadió, presentan graves problemas de escasez del vital líquido, por lo que la situación de sobreexplotación de los acuíferos se ve agravada por el uso de químicos empleados en la fractura hidráulica.

“Se emplean de 9 a 29 millones de litros por pozo mezclados con arena y hasta 750 químicos tóxicos para la explotación. Generalmente allí habitan pueblos indígenas a los que se les violaría el derecho humanitarias al agua. Se consignan 3 mil 780 pozos en operación”, puntualizó.

En su oportunidad, la doctora Adriana Sandoval Moreno, coordinadora del estudio conformado por ocho capítulos, manifestó que el país presenta distintas problemáticas como son la sobreexplotación y contaminación de los cuerpos de agua, por lo que las autoridades se enfrentan a retos importantes en materia.

La doctora reconoció que se ha avanzado en el tema de infraestructura, tecnificación y eficiencia, sin embargo, criticó, se continúa con la contaminación de ríos y lagos, se sigue explotando a los acuíferos y los conflictos por el vital líquido van en aumento.

También mencionó una serie de “dilemas” que enfrenta el Estado mexicano en materia de agua, que se centra en la restauración de los cuerpos de agua contaminados y sobreexplotación, en el cumplimiento del derechos humanos al agua y al saneamiento, en la justicia en afectaciones y conflictos por el vital líquido, en la falta de coordinación y efectiva participación social, además de la poca coordinación y ausencia de visión holística.

Ante este panorama, la especialista emitió varias recomendaciones que debieran ser atendidas por las autoridades del país:

-Diseñar mecanismos de seguimiento para las acciones inconstitucionales relacionadas con los usos del agua y su gestión: prevención, vigilancia, seguimiento y evaluació

-Asegurar el cumplimiento para la protección, manejo y remediación de cuencas y cuerpos de agua.

-Transparencia con acceso sencillo y abierto a la información de programas, proyectos, acciones y recursos públicos en la materia.

-Contar con un mecanismo jurídico que dé certidumbre en los espacios de participación a los actores de cuenca para incentivar la gobernanza del agua.