Entre las mayores pérdidas que ha sufrido gradualmente el Estado mexicano durante las últimas dos décadas, y que se han acelerado durante este Gobierno, se han dado en el terreno la laicidad del Estado. Desde la reforma del siglo XIX, el Estado mexicano se distinguió por ser el más laico de América Latina, no solo en sus formas, sino en el fondo, en la manera en la que sus políticas y decisiones estuvieron alejadas de los dogmas religiosos. Por supuesto, el enorme peso de la iglesia católica se dejó sentir en diversos momentos y los gobernantes no siempre aplicaron la separación a rajatabla, pero en general, la construcción estatal mexicana pudo abstraerse de la influencia religiosa.

Durante el porfiriato, la quejas por el relajamiento de las normas establecidas por las leyes de reforma fueron frecuentes entre los liberales más comprometidos. Porfirio Díaz adoptó una actitud pragmática a la hora de aplicar las disposiciones legales más anticlericales, como narra David Brading sobre su actitud respecto a los reclamos del entonces joven Diputado Francisco Bulnes, “que durante la década de 1890 había hecho campaña de prensa contra Próspero Cahuantzi, el gobernador de Tlaxcala, por permitir que se hicieran manifestaciones religiosas en las calles. Sin embargo, el presidente Díaz intervino para impedir cualquier proceso judicial, explicando a Bulnes que las leyes de la Reforma admirables ‘pero no son las leyes del país no son las leyes del pueblo mexicano’ pues la mayoría católica las odiaba por estar contra su religión”.

La cuestión de laicidad estuvo en el centro de las discusiones del Congreso Constituyente de 1916, tanto cuando se discutió cómo debería definirse la educación, como cuando se plantearon las limitaciones para la participación de los ministros de culto en los asuntos públicos y el estatuto jurídico de las iglesias. Es bien conocido el enfrentamiento violento azuzado por la jerarquía católica cuando los principios constitucionales se tradujeron en leyes que fueron consideradas como restrictivas de la libertad religiosa durante el Gobierno de Plutarco Elías Calles, que llevó a un grado extremo la intención de contención de la influencia católica, en los mismos tiempos en que en Turquía Ataturk establecía un laicismo radical, hoy revertido por el islamista Erdogan, quien usa la religiosidad como sustento demagógico de su concentración autoritaria del poder.

Después de la llamada Guerra Cristera, los sucesivos gobiernos relajaron la aplicación de los criterios más anticlericales de la legislación, en el mismo sentido pragmático que antes se le criticó a Díaz, pero las formas liberales se mantuvieron y se contuvo relativamente la intromisión religiosa en las políticas públicas, a pesar de que desde la década de 1940 se procuró no importunar demasiado a las consciencias conservadoras y se llegó a un compromiso de simulación del cumplimiento de la ley, donde se guardaban las formas, pero se aceptaban la violaciones del marco jurídico, sobre todo en lo que tocaba a la prohibición de que las congregaciones religiosas impartieran educación primaria, secundaria y normal.

A pesar de que Ávila Camacho se declaró creyente, nunca alteró las formas laicas del Estado. A partir del Gobierno de Alemán, las relaciones entre el Gobierno y la iglesia se suavizaron y se evitó la confrontación, pero los sucesivos gobiernos mantuvieron amplia autonomía y mantuvieron a raya los intentos de veto clerical a sus políticas. López Mateos no se amilanó ante las críticas religiosas a los libros de texto, y Echeverría echó a andar una campaña de planificación familiar, aunque tardía, y una tímida educación sexual a pesar de las críticas eclesiales. En términos generales, las políticas del Estado se sustentaron en criterios objetivos y en intereses políticos, no en creencias religiosas.

Claro que los gobiernos del PRI, en su proverbial pragmatismo, evitaron poner en marcha políticas que pudieran revivir el enfrentamiento de la década de 1920. Y es cierto que desde la década de 1960 la estrategia de las redes católicas fue penetrar con cuadros formados en sus organizaciones al partido del régimen, por lo que cada vez fueron más frecuentes los gobernadores cercanos a la iglesia católica, pero las expresiones personales de fe se dejaban para el ámbito privado. Si la hija de un Presidente de la República se casaba por la iglesia, la ceremonia era discreta y nunca los gobernantes alardeaba en público de su religiosidad.

Las reformas de Carlos Salinas de Gortari, concebidas como una manera de adecuar la ley a la realidad, generaron incentivos para que las confesiones religiosas volvieran a la primera fila del debate público. A los católicos se fueron sumando progresivamente los grupos evangélicos que habían ido creciendo por todo el país desde los tiempos en que Lázaro Cárdenas les abriera las puertas, en un intento por reducir el predominio católico. Los llamados “protestantes”, que durante años fueron sólidos defensores del Estado laico, pues los protegía en su despliegue frente al predominio católico, fueron adoptando en los últimos años una actitud cada vez más militante para imponer su agenda e imponer su veto a reformas que atentaran contra sus creencias, como el aborto o el matrimonio igualitario y, con ello, acabaron por confluir con el catolicismo más beligerante.

Si el régimen del PRI cuidó las formas y mantuvo relativamente a raya las intenciones de los grupos religiosos de convertirse en actores deliberantes, con la llegada de la democracia el uso político de las creencias volvió a ser redituable. Fox con su crucifijo en la toma de posesión y su Secretario de Gobernación católico militante mostraron las posibilidades de retroceso del laicismo, identificado por algunos con el autoritarismo del antiguo régimen. Por ello fue un avance que el artículo 24 de la Constitución fuera reformado para definir sin ambages al Estado como laico. Pero entonces llegó López Obrador.

El retroceso vivido durante los que va del presente Gobierno en la laicidad del Estado ha sido mayor incluso que el de los primeros meses del Gobierno de Fox. Las formas presidenciales y la manera en la que ha convertido a líderes religiosos, tanto evangélicos como católicos, en actores deliberantes resultan escandalosas. Curas y pastores peroran en actos oficiales y se reúnen con gran publicidad con el Presidente e influyen en sus decisiones, mientras la opinión de los técnicos y los científicos es tomada con desprecio y sorna por el primer mandatario. Por fortuna, en materia de respuesta sanitaria a la pandemia, López Obrador parece haber concedido que sean los epidemiólogos los que tomen las decisiones, pero no ocurre lo mismo en materia económica, donde el Presidente parece haber impuesto sus creencias, por encima de los criterios basados en evidencia. Así, lo peor de la religiosidad presidencial no es que la exprese en público, sino que determine la manera en la que gobierna. Lo primero es demagógico, lo segundo puede ser criminal.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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