Acatic no es una excepción. El trágico destino de esta familia es el resultado de un Estado débil e inoperante que se vuelve contra sí mismo. Foto: Especial.

Nadie va a Acatic, pero todos pasamos por ahí. Es el primer pueblo de la cuenca lechera de los Altos de Jalisco y el primero de la lista de los municipios del estado. La desaparición de una familia completa, padre, madre, hija, tía y sobrino, lo puso en el mapa nacional. Nadie sabía lo que ahí pasaba, y pasa, hasta que raptaron a esta familia; nos fuimos enterando poco a poco no solo de cosas terribles que suceden en Acatic, sino que hay quienes sabían y no hicieron nada.

A raíz del secuestro nos enteramos que siete de los policías municipales estaban involucrados en el delito. No solo detuvieron ilegalmente a la familia, sino que ellos mismos la entregaron al crimen organizado. La Fiscalía del estado los detuvo y los presentó ante un Juez. Al procesar las órdenes de aprehensión resultó que dos de ellos ya habían sido acusados y que tenían órdenes de aprehensión que nunca fueron ejecutadas.

Ayer apareció Julia, la niña de año y medio, sola y abandonada en un predio rural de La Barca, a cien kilómetros del lugar donde la plagiaron. La Barca, municipio límite con Michoacán, también tiene historia, otra historia terrible: ahí se encontraron las primeras fosas clandestinas del estado hace casi una década y de ahí eran la mayoría de los inocentes masacrados por la Policía Federal en un rancho de Tanhuato hace seis años. La aparición de la niña sola no parece ser una buena noticia sobre el destino del resto de la familia.

Este caso es una terrible síntesis del fracaso de las instituciones del Estado frente al crimen organizado. Falló el municipio. El Alcalde, panista, Marco Tulio Moya, tenía (o tiene) un policía infiltrada, no de ahora sino de hace tiempo y no se enteró, no quiso enterarse que para el caso es igual porque no hizo nada.

El Gobierno del estado sabía. Al menos alguien en la Fiscalía debió haber estado enterado de las órdenes de aprensión contra los dos policías y no solo no las ejecutaron, sino que nadie supervisó que así fuera. Uno supondría que dos órdenes de aprehensión contra policías no es un asunto menor o que pase desapercibido. Hace un año, a propósito de la muerte de Giovanni por abuso policiaco y la represión de manifestantes por parte de miembros de la policía ministerial, el Gobernador Alfaro dijo que la Fiscalía estaba infiltrada. Un año después pareciera que sigue siendo cierto y no ha pasado nada.

El Gobierno federal abandonó a las policías municipales. Contrario a lo aprobado por el Congreso que en la ley de seguridad estableció que además de la Guardia Nacional habría un programa de fortalecimiento a las policías municipales, este año no hay un peso para ello. Encima, se abandonó el programa de certificación de policías y exámenes de control y confianza, que tenía muchos defectos, pero era mejor que lo que hay ahora: nada.

Acatic no es una excepción. El trágico destino de esta familia es el resultado de un Estado débil e inoperante que se vuelve contra sí mismo.