Alejandro Encinas, recibió a Tomas Rojo y a Cesar Cota Tortola,

El 12 de marzo, el Senador Alejandro Encinas, recibió a Tomas Rojo, vocero de la tribu Yaqui, para diálogar sobre el Acueducto Independencia. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).– Más de 50 organizaciones, entre las que se encuentran el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Centro de Análisis e Investigación (Fundar) y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunciaron que a dos años del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la construcción y operación del Acueducto Independencia en Sonora, el Acueducto continúa operando de forma irregular.

El 8 de mayo de 2013 la Primera Sala de la SCJN aprobó el amparo interpuesto por la tribu Yaqui en contra de la Autorización de Impacto Ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción del Acueducto Independencia.

Por decisión unánime, los cinco ministros de la Corte coincidieron en que los impulsores del proyecto violaron el derecho de consulta del pueblo, por lo que la Manifestación de Impacto Ambiental quedó invalidada.

En el fallo, la SCJN ordenó que se llevara a cabo una Consulta a la Tribu Yaqui y que en caso de que se demostrara un daño “irreparable” a este pueblo indígena, entonces se suspendiera la operación del Acueducto Independencia.

“Ambas partes de dicha resolución se han incumplido hasta el día de hoy, pues la obra continúa operando de forma irregular y los derechos de los Yaquis continúan siendo violados. Actualmente, el proceso de consulta a la Tribu Yaqui sigue suspendido sin que existan las condiciones para que se retome”, destacaron las organizaciones en un comunicado.

Entre los puntos que destacan las organizaciones que no se han cumplido se encuentran:

– La Semarnat no ha otorgado toda la información solicitada por la Tribu Yaqui en octubre de 2013.

– Mario Luna Romero, Secretario de las Autoridades Tradicionales del Pueblo de Vicam, y Fernando Jiménez Gutiérrez, vocero de la Tribu Yaqui, se encuentran presos desde septiembre de 2014, acusados de delitos que no cometieron. El Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo a ambos defensores de la Tribu Yaqui, reconociendo las irregularidades del proceso penal. En particular, en el caso de Fernando Jiménez Gutiérrez, el Juez Federal ordenó su libertad inmediata.

– El Acueducto Independencia sigue operando, privando de agua a la Tribu Yaqui, causándoles daños graves e irreparables como ha sido señalado también por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Las organizaciones también señalan que otros defensores de la Tribu Yaqui “han sido objeto de amenazas, hostigamientos y criminalización”.

Por lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado urgente a las diversas instancias del Estado mexicano que tienen responsabilidad en el caso a que cumplan de inmediato con lo dispuesto por la ley y acaten el mandato de la SCJN.

A la Semarnat -incluyendo las instituciones dependientes de la misma como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua)- se le insta a suspender de inmediato la operación del Acueducto Independencia y continuar con la entrega de la información solicitada a fin de que la Tribu cuente con elementos suficientes para tomar una decisión libre e informada, de acuerdo con a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a lo que establecen los acuerdos internacionales firmados por México en la materia, detallaron las organizaciones.

Del mismo modo instaron al gobierno del estado de Sonora para detener la criminalización de los defensores ambientales de la Tribu Yaqui y eliminar los obstáculos para la liberación de los defensores de derechos humanos Mario Luna y Fernando Jiménez.

Al Poder Judicial de la Federación le solicitó “impartir justicia pronta y expedita tanto en el caso de la operación irregular del Acueducto, como del proceso judicial que se le sigue a Mario Luna, Fernando Jiménez y Tomás Rojo, defensores ambientales e integrantes de la Tribu Yaqui”.

ACUEDUCTO INDEPENDENCIA

En enero de 2010, sin informar ni consultar a la Tribu Yaqui, el gobierno de Sonora presentó el proyecto Sonora Sistema Integral (Sonora Sí) donde se proponían diversas obras hidráulicas para abastecer de agua a varias ciudades del estado. Entre ellas, se propuso el Acueducto Independencia que desde el Río Yaqui trasvasa agua hasta la ciudad de Hermosillo.

La Semarnat emitió la Autorización de Impacto Ambiental para la construcción y operación del proyecto, sin cumplir lo que establece la ley respecto de la obligación de informar, consultar y buscar el consentimiento de las comunidades indígenas.

Fue entonces que la Tribu Yaqui decidió presentar una demanda de amparo, recibiendo una sentencia favorable en mayo de 2012, la cual fue impugnada por las autoridades federales. Debido a la importancia y trascendencia del asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el caso.

Después de un largo periodo de litigio, el 8 de mayo de 2013, la Corte resolvió el amparo a favor de la Tribu Yaqui, lo que significa que el Acueducto quedó, en los hechos, sin permiso para operar, por lo que debería haber sido suspendido, situación que no ha sucedido hasta el día de hoy en que se sigue extrayendo agua para trasladarla a la ciudad de Hermosillo.

En los hechos, detallan las organizaciones, el Acueducto Independencia está operando en violación del artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ocasionando un daño irreparable e irreversible a la Tribu, lo que ya ha sido constatado con el “Peritaje antropológico respecto al impacto social por la operación del Acueducto Independencia” elaborado por la Coordinación Nacional de Antropología del INAH.

“La insistencia del gobierno del estado Sonora en continuar con la operación irregular del Acueducto Independencia, la decisión de Conagua y de la Semarnat de permitir la ilegal operación del Acueducto, la actuación omisa del Gobierno Federal y del Poder Judicial ha resultado en altos costos políticos, económicos y sociales tanto para la Tribu Yaqui, como para el estado de Sonora y para el país, toda vez que el caso ha escalado a nivel internacional como referente de criminalización de los defensores ambientales y falta de cumplimiento de la ley en México”, señala el comunicado.

El Acueducto Independencia en Sonora, desvía hacia la ciudad de Hermosillo el agua del Río Yaqui, lo que limita el recurso a la tribu Yaqui. A mediados de 2010, la Semarnat, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), otorgó 50 millones de metros cúbicos del recurso hídrico para la construcción de este acueducto.