El 1 de mayo pasado circuló el Plan Nacional de Desarrollo (PND) enviado por el Presidente de la República al Congreso de la Unión para cumplir con el mandato constitucional que data de los tiempos de Miguel de la Madrid, quien al principio de su Gobierno impulsó las reformas a los artículos 25 y 26 de la Constitución que instituyeron el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

El sentido supuesto del PND es contar con un instrumento que ordene y le de un sentido general a las acciones gubernamentales; un documento que pretende ser un mecanismo de rendición de cuentas, aunque no exista sanción alguna a su incumplimiento. Los sucesivos gobiernos, desde hace 36 años, han cumplido con el requisito, aunque a la hora de las concreciones los objetivos planeados han acabado casi siempre en entelequias y no precisamente en el sentido aristotélico del término.

Cualquiera que haya pasado por algún cargo en la administración pública sabe que los primeros meses de cualquier gobierno se dedican a la generación de insumos para el plan y a las consultas que acompaña su elaboración, para inmediatamente después concentrarse en la construcción del programa sectorial correspondiente. Miles de cuartillas se han escrito y muchas horas de trabajo se han dedicado durante las últimas tres décadas y media a la elaboración de estos documentos. Los ha habido mejores y peores, algunos han usado metodologías bien diseñadas, mientras otros han sido más descuidados. Ninguno ha sido muy relevante a la hora de gobernar o de evaluar a los respectivos gobiernos, más allá de ejercicios académicos.

Sin embargo, las formas se cuidaban y se hacían esfuerzos por presentar documentos más o menos coherentes que cumplieran con los criterios elementales de un plan gubernamental, con objetivos, metas e indicadores evaluables. El plan presentado por López Obrador, en cambio, es distinto. Como a él no le gusta toda esa jerga de la planeación, pues le suena neoliberal, entonces envió un largo discurso pegado a otro documento un tanto más ortodoxo, con brechas enormes entre uno y otro.

Las primeras 62 páginas del texto enviado al Congreso son el ejemplo más acabado de la retórica presidencial, con toda su grandilocuencia y cursilería y quedan como un pegote al resto del texto, al grado de que hay dichos que no tienen correlato alguno con el cuerpo propiamente programático del plan. Como plataforma de campaña suena bien, pero carece de cualquier seriedad instrumental, a pesar de la relevancia política de algunos de sus enunciados.

Un ejemplo de la falta de correlato entre el documento político y el propiamente programático es el de la política de drogas. En la parte declarativa se lee:

“5. Reformular el combate a las drogas. En materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública: en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo. Peor aún, el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación. La “guerra contra las drogas” ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública. La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica. La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU.”

Se trata de un párrafo notable. En él se resumen todos los elementos necesarios para una profunda reforma a la política de drogas y podría ser suscrito por todos quienes hemos llamado a acabar con el prohibicionismo por su fracaso evidente y por sus enormes costos sobre los derechos humanos y la salud de los usuarios de sustancias. Leerlo no puede más que despertar entusiasmo –o rechazo entre los conservadores que tanto denuesta el presidente–. Sin embargo, en el cuerpo del documento técnico no hay una sola mención más sobre el tema. Ni una palabra sobre los instrumentos de política para llevar a cabo el cambio, sobre las leyes que se tendrían que reformar para materializarlo o sobre la estrategia de política exterior necesaria para hacerlo digerible en el ámbito internacional. Bienvenida la declaración, pues ningún otro gobierno en el mundo ha hecho una crítica tan clara al desastre prohibicionista ni ha planteado las líneas generales para superarlo, pero ¿cuáles serán los programas concretos que enuncia? Se supone que el PND es el lugar para exponerlos. Ni una palabra al respecto.

La historia de la planeación en México no ha sido especialmente afortunada. En general, ha sido una historia de simulaciones; de ahí que tampoco valga la pena desgarrarse las vestiduras por lo que ahora ha presentado López Obrador. Solo baste decir que en este tema tampoco estamos ante transformación alguna.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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