Los colombianos, como los chilenos, como los mexicanos se hartan en contra de un orden social, impuesto mediante la violencia estatal y del crimen organizado, que los condena a una vida de miseria, precarización, trabajo extenuante y pocas recompensas. Foto: Fernando Vergara, AP.

Más que protestar en contra de una reforma tributaria que buscaba cobrarles más impuestos, en Colombia se produjo un estallido social porque la gente está harta del régimen. Así me explica Manuel Rozental lo que ocurre en esa nación sudamericana a partir del 28 de abril, cuando los colombianos decidieron salir en masa a protestar contra el Gobierno y el régimen “mafioso-fascista” que lo sostiene.

“Lo que ocurre hoy en Colombia no tiene precedentes, tal vez se parezca al Bogotazo de 1949. Lo que está sucediendo aquí es que la gente se hartó, la gente no quiere más este régimen. Se puede decir que el Gobierno presentó un proyecto de reforma tributaria, pero eso fue el pretexto pues aunque el Gobierno retira la reforma tributaria, la gente sigue en la calle”, explicó desde Colombia para Radio Universidad de Guadalajara Manuel Rozental, quien forma parte del colectivo Pueblos en Camino, que acompaña luchas de comunidades indígenas colombianas y de otras parte de América Latina (aquí la entrevista).

El Estado colombiano ha respondido al estallido del pueblo con una dura represión, según el recuento documentado por la organización no gubernamental Temblores. Desde que inició el paro nacional en Colombia el 28 de abril hasta el 7 de mayo han ocurrido mil 733 casos de violencia de la fuerza pública, 37 homicidios por parte de la policía, 275 víctimas de violencia policial, 936 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 341 intervenciones violentas por agentes del Estado, 28 víctimas de agresión en sus ojos, 105 casos de disparos de armas de fuego por la policía y 11 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública.

El estallido social de ahora en Colombia, añade Rozental, debe ponerse en el contexto del Acuerdo de Paz de 2016 que el Gobierno firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según Manuel Rozental, este acuerdo “se incumple pero en realidad de ejecuta”. Esto es así porque por un lado no sirvió para llevar la paz a Colombia y menos resolver el conflicto social que dio pie al conflicto armado. Desde la firma del Acuerdo de Paz, 971 líderes indígenas y defensores del territorio han sido asesinados en Colombia, y de otro lado, los territorios que antes controlaba la guerrilla, ahora se han abierto y han sido incorporados a actividades mineras, de monocultivo, narcotráfico y otras actividades que provocan el despojo de territorios de pueblos y comunidades.

Estas acciones ocurren al mismo tiempo que a Colombia llegan gigantescos flujos de dinero producto de la venta de cocaína porque ese país produce 92 por ciento de esta droga que se consume en el mundo.

A pesar de estos flujos financieros, el Gobierno y las élites colombianas han descargado el peso del aparato estatal en el pueblo colombiano con una deuda externa que representa 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) (de 323 mil millones de dólares). La reforma tributaria propuesta por el Presidente Iván Duque tenía la intención de recabar más impuestos para pagar esa deuda.

Entonces, explica Manuel Rozental, el estallido colombiano no es sólo contra esa reforma tributaria sino las políticas extractivistas, de agronegocio y del narcotráfico que provocan violencia y despojo de tierras y bienes comunes. Y el estallido es contra ese orden mafioso-fascista que lo sostiene, afirma.

Al hablar de un orden mafioso-fascista, Rozental se refiere al entrelazamiento que existe de los intereses de los acaudalados de Colombia, junto a clase gobernante, fuerzas armadas y crimen organizado. Así lo explica: “las academias hablan del narcotráfico como crimen organizado e introducen un montón de teorías, pero se tiende a poner al crimen organizado como un tema aparte y no como tema político y parte de la estructura social. Y en realidad lo que está pasando es un orden político, económico, social y mafioso. Las formas dominantes de acumulación de capital combinan el terror o la venta de protección, la corporativización mafiosa de Ejercito, policía, fuerza pública al servicio de ganancias privadas del mismo narco y el hecho de que estos flujos gigantescos de ganancias están llegando a los actores políticos y económicos más poderosos. Y si no fuera el narcotráfico, sería el fracking petrolero, o sería la minería o el agronegocio o lo es, se combinan todas esas. Son fuentes de ganancias que financian a unas élites que combinan lo legal y lo ilegal, se apropian de las estructuras del Estado y someten a los pueblos a la conveniencia de participar reclutándose a estos. Son mafias, pero son mafias fascistas, porque además odian a los pobres, odian a los indígenas, odian a quien quiera que les desafíe o les exija derechos porque consideran que su bienestar, su poder y sus ganancias son el bienestar de la nación y un derecho heredado intocable. Y pueden tener un discurso de izquierda o de derecha, en realidad se trata de un régimen de terror, de fuerza y de imposición para someter a un pueblo. Eso lo representa y lo simboliza Álvaro Uribe”.

Visto así, el estallido que ahora recorre las calles y plazas colombianas de un modo retoma el sentido de la protesta social que sacudió Chile a partir de octubre de 2019 o que cimbró Ecuador también en octubre de 2019. Y por las mismas razones han existido protestas y movilizaciones en otras partes de América Latina y el mundo.

Los colombianos, como los chilenos, como los mexicanos se hartan en contra de un orden social, impuesto mediante la violencia estatal y del crimen organizado, que los condena a una vida de miseria, precarización, trabajo extenuante y pocas recompensas. Es decir, una vida indigna. El estallido colombiano es por una  sociedad donde la vida sea digna de vivirse.