Por Natalia Pérez Cordero*

El 10 de mayo es una fecha icónica para las madres en México, pues es la ocasión para celebrar a esa institución conocida como la maternidad o el ser madre que conlleva toda una carga afectiva, pero también un rol de cuidados, crianza y otras labores que envuelven el ámbito “doméstico” o del hogar, que ha recaído principalmente sobre las mujeres; por ello este vínculo con la madre ha sido emblema de celebración cada 10 de mayo. Sin embargo, este día no es de fiesta para miles de madres que buscan a sus hijas e hijos que han sido desaparecidos.

Este próximo 10 de mayo se cumplirán doce años de la “Marcha de la dignidad nacional de madres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia”, a la cual se han ido sumando otras marchas impulsadas por distintos colectivos de todo el país, donde miles de madres, cada año en esta fecha, toman las calles y salen a marchar para exigir al Estado mexicano la localización de sus familiares desaparecidos y desaparecidas. Además, exigen justicia para que esta crisis de violencia y desapariciones se detenga y que no haya otras madres, ni ninguna otra persona teniendo que enfrentar todos los estragos psicosociales y rupturas familiares, comunitarias y sociales que deja este grave delito.

Estas mujeres no sólo han salido a marchar, también muchas de ellas han tenido que dejar su hogar y abandonar ese rol tradicional de cuidados para literal salir a buscar a sus seres queridos desaparecidos ante la inacción del Estado, en ese proceso –queriendo o no– han aprendido de leyes y de diálogo e interlocución con actores políticos para impulsar la creación de marcos normativos y políticas públicas en la materia. En ese camino se han unido en colectivos como una forma de sostener la búsqueda de sus familiares y la exigencia de verdad y justicia frente al Estado. Asimismo, han logrado visibilizar y reconocer la crisis de desaparición de personas como uno de los problemas públicos prioritarios a atender por parte del Gobierno mexicano.

Un ejemplo digno de mencionar es el caso de María Herrera, quien busca a cuatro de sus hijos (Raúl, Gustavo, Luis Armado y Jesús Salvador Trujillo Herrera) desparecidos entre el año 2008 y 2010 en los estados de Guerrero y Veracruz, quien fue nombrada por la revista Time, el pasado mes de abril, como una de las 100 mujeres más influyentes a nivel mundial en el año 2023. Reconociendo que, en su camino de búsqueda por sus hijos conformó el colectivo “Familiares en Búsqueda María Herrera” y en 2014 impulsó la Red de Enlaces Nacionales, desde la cual se han impulsado siete brigadas nacionales de búsqueda, tanto en vida, como en muerte, en distintas zonas del país, al tiempo que han impulsado labores de reconstrucción del tejido social en zonas de alta violencia.

Como doña Mari, miles de madres y otros familiares también han aprendido de labores de investigación, técnicas de antropología e identificación de fosas y hasta de restos humanos, arriesgando sus vidas en esta titánica labor; si bien, motivadas por el amor de madres y en espera de encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos, realizan estas labores sin las mínimas garantías de protección y seguridad por parte del Estado. Esta situación ha implicado crímenes atroces en contra de estas madres buscadoras, tan solo en el año 2022 fueron asesinadas cinco mujeres buscadoras, y el caso más reciente es el de Teresa Magueyal, quien fue asesinada el pasado 3 de mayo en el estado de Guanajuato por buscar a su hijo José Luis Apaseo, desaparecido en el año 2020.

En este contexto, resulta paradójico decir que, gracias a la lucha y exigencia de estas mujeres actualmente se tiene una Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, así como todo un entramado institucional y de normas secundarias, cuyo objetivo es establecer con claridad cuáles son las obligaciones y la manera de coordinarse de las distintas instancias –tanto federales como estatales– para localizar a las personas desaparecidas, para investigar y sancionar a las personas responsables de este delito y para prevenir o evitar su repetición. Y es que, para las madres buscadoras no serán suficientes los avances, en tanto que sus hijas e hijos y las más de 112,140 personas desaparecidas sigan sin volver a casa, mientras el Estado siga teniendo como pendiente identificar a las más de 52 mil personas fallecidas en custodia de los servicios forenses estatales, y mientras no exista mecanismo de protección alguno que les proteja del riesgo que corre su vida a causa de realizar la búsqueda a la que son obligadas a emprender ante la insuficiencia e ineficacia del Estado por encontrar a sus familiares desaparecidos. Mientras que el Estado siga sin cumplir a cabalidad sus obligaciones para terminar esta crisis de violencia e impunidad que rodea a la desaparición de personas en México, seguirá existiendo una deuda por parte del Estado mexicano con las madres buscadoras y defensoras de derechos humanos.

Resulta fundamental reiterar la exigencia al Estado mexicano para el fortalecimiento de una política integral que permita atender las desapariciones existentes, prevenir nuevas desapariciones y, sobre todo, una política que contemple los impactos diferenciados que enfrentan las mujeres como víctimas de la desaparición, y también aquellos que enfrentan como madres y mujeres buscadoras. Por ello, hacemos un llamado a unirnos a esta exigencia y acompañar a las madres que han resignificado el 10 de mayo, en la próxima marcha a realizarse en distintos estados y solidarizarnos con las madres que buscan a lo largo y ancho del país.

¡HASTA ENCONTRARLES!

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* Natalia es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

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