Llevaba un saco claro, una pañoleta roja anudada al cuello y su cabello liso, impoluto, sobre los hombros. Durante los 13 minutos de la discusión nunca alzó la cabeza. Se mantuvo hojeando nerviosamente sus apuntes, tomando notas, con los labios apretados.

Cuando llegó el momento de votar, se acercó al micrófono solo un instante. Su voz apenas resonó en la sala de paredes blancas.

– ¿Maestra Arely Gómez?
– En contra.

Bajó de inmediato la mirada, al frenesí de sus manos inquietas sobre los papeles blancos, acomodando las hojas, poniendo los mismos papeles en su lugar por enésima vez.

Después votó Jacqueline Peschard, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

– A favor, se oyó tímidamente, en una votación que ya estaba más que perdida, pues el resto de los miembros del Comité Coordinador del Sistema coincidían con el voto de Arely Gómez.

¿Qué estaba en juego?

La iniciativa de exhorto para que las autoridades informaran al Comité quiénes habían contratado, y para qué se habían usado, los programas de espionaje de la firma israelí NSO, comprados por el Ejército, la PGR y el Cisen para intervenir comunicaciones privadas.

En su propuesta, el Comité pretendía que se le respondiera: ¿se usó este programa para fines diferentes a los que se compraron? ¿Qué autoridades lo tienen y cuál es el marco jurídico que les permite operarlo?

La respuesta fue un tecnicismo resumido, básicamente, en que el Comité pedía que se hiciera un exhorto por intervención de comunicaciones privadas, pero este delito no está entre los incluidos como “corrupción” en las leyes de Sistema, sino en otro, que sí aparece en el Código Penal Federal.

Y como los artículos no coincidían, pues el exhorto no iba.

La primera lección no fue menor: jurídicamente, la intervención de las comunicaciones no tiene un sendero fácil entre los delitos ya metidos en el paquete de la anticorrupción.

En un periodo electoral esto es sumamente grave, porque si algo ha dado insumo a la guerra sucia durante las últimas campañas en México ha sido precisamente que todos espían, publican audios, videos, sin alguna consecuencia.

Quienes votaron en contra se esforzaron en recalcar que la intervención les parecía terrible, reprobable, pero que “la autoridad competente ya está investigando”.

La autoridad es la PGR, donde Arely Gómez, sentada en esa misma mesa, usó el programa espía en el tiempo cuando periodistas y activistas fueron atacados, sin órdenes judiciales.

Pero extrañamente nadie allí, ni siquiera Peschard, dijo una palabra sobre esto. Nadie mencionó que quizá Arely no solo debía abstenerse de hablar, como lo hizo, sino también de votar en un asunto en el que claramente era juez y parte.

¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué el Comité aceptó una votación que derrotaba de tajo su primera batalla en un tema claramente de interés público, como es el caso #GobiernoEspía?

El asunto es un misterio. Ni en el momento de la votación, ni en la larga semana que ha transcurrido desde entonces, el Comité ha hecho un pronunciamiento público sobre el conflicto de interés de Arely Gómez en ese tema.

Tampoco se han pronunciado sobre una propuesta más que preocupante, dicha en los mismos 13 minutos por el representante del Consejo de la Judicatura Federal: que se revise si el Comité puede analizar la investigación de la PGR, cuando “esté instrumentado por la autoridad”, es decir, cuando la investigación esté concluida.

¿El Comité esperará a que le entreguen una investigación terminada, para revisarla si le dan permiso?

¿Se pronunciará sobre el conflicto de interés de Arely Gómez, hoy máxima autoridad en la revisión del correcto actuar de los servidores públicos en México? ¿O dejará pasar esta primera derrota, como un tecnicismo que no estuvo bien explicado?

Hay mucho en juego en una prueba que pone en blanco y negro una cruda realidad: mucha araña jurídica invade el camino a la anticorrupción en México. Y mucho carácter y empuje hace falta desde el Comité, para sortearla.

@penileyramirez / [email protected]

Peniley Ramírez Fernández

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Peniley Ramírez Fernández es periodista. Trabaja como corresponsal en México de Univisión Investiga.

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