El Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, calificó como “impune” el hecho de que llegara mucho tiempo después la detención de dos zetas en Piedras Negras. “El crimen organizado tiene el peso que tiene porque se los han dado. El día en que se hicieron todas esas atrocidades en Piedras Negras, Allende y Zaragoza, ¿dónde estaban las autoridades?, ¿cuántos años después?” señaló el religioso.
El pasado 5 de julio, la Federación Internacional de Derechos Humanos junto con junto 100 organizaciones mexicanas hicieron público un informe en el que documentaron la colusión de Los Zetas con autoridades gubernamentales de Coahuila para cometer delitos como tortura y desapariciones forzadas entre 2009 y 2016, por lo que pidieron que se abra un expediente preliminar sobre México. Al respecto, el Obispo aclaró que “hay indicios de esto y lo que se está pidiendo a la corte es que haya una investigación mucho más específica sobre este caso”.
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Por Karla Tinoco
Ciudad de México/Saltillo, 9 de julio (SinEmbargo/Vanguardia).– Las condenas en contra de 2 presuntos miembros de Los Zetas a casi 6 años después de la desaparición de 7 personas el 18 de diciembre de 2011 en el penal de Piedras Negras, fue calificada por el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, como “impune”, pues llegó mucho tiempo después.
Apenas este viernes el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Rio Grande, con residencia en la ciudad de Piedras Negras, dictó sentencia condenatoria en contra de Santiago Peralta García, a 75 años, y Manuel Elguezabal Hernández, a 50 años de prisión, dentro del proceso penal número 490/2016 por el delito de desaparición de persona agravado, informó la Procuraduría de Justicia local a través de un comunicado.
Sin embargo, la averiguación previa penal fue iniciada hasta el 30 de enero de 2014 luego que entre diciembre de 2009 y enero de 2012 fueron ingresadas diversas personas que fueron asesinadas y calcinadas en el área de los patios de carpintería y cuyos restos fueron vertidos en el rio San Rodrigo a la altura del ejido El Moral.
“El crimen organizado tiene el peso que tiene porque se los han dado. El día en que se hicieron todas esas atrocidades en Piedras Negras, Allende y Zaragoza, ¿dónde estaban las autoridades?, ¿cuántos años después? El tema es la impunidad en la que se cometen muchísimos crímenes”, señaló el Obispo Raúl Vera López al término de una celebración eucarística en el templo de San Francisco de Asís.
“Hay muchos asesinados y hay muy pocos asesinos, hay muchos secuestrados pero hay muy pocos secuestradores; o sea, si nos ponemos a contar el número de delitos comparado con lo que hay, estamos hablando ya de 150 mil personas asesinadas en México.
Además, hay datos que dan los especialistas que indican que en México hay más muertos que en Siria y en Afganistán… con ello vemos que la persecución del delito en México es mínima y que no cuentan los más de 30 mil desaparecidos”, dice el religioso.
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Finalmente, explicó que tras el informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) en el que se solicita se abra una investigación más amplia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Allende y Piedras Negras, presuntamente porque existen indicios de la intervención del Gobierno, aclaró:
“Lo que hubo en estos días fue un primer paso, una comunicación para pedirles que hagan una investigación más especializada respecto a eso. Los crímenes de lesa humanidad son los que se cometen sistemáticamente y vienen normalmente de parte de los gobiernos, hay indicios de esto y lo que se está pidiendo a la corte es que haya una investigación mucho más específica sobre este caso”.
El pasado 5 de julio, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) junto con junto 100 organizaciones mexicanas hicieron público un informe, que presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI), en el que documentaron la colusión de Los Zetas con autoridades gubernamentales de Coahuila para cometer delitos como tortura y desapariciones forzadas entre 2009 y 2016, por lo que pidieron que se abra un expediente preliminar sobre México.
Los hermanos Moreira, Humberto y Rubén, han gobernado Coahuila de 2005 a 2017, periodo en el que se cometieron dichos crímenes. Diferentes investigaciones periodísticas y testimonios de víctimas dan cuenta de que las autoridades gubernamentales estaban al tanto de lo que ocurría en la entidad, incluso, mencionan una estrecha relación con Los Zetas.
De acuerdo con el informe “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, Los Zetas y las fuerzas especiales responsables de la seguridad en Coahuila (Policía Municipal, Policía Estatal Acreditable, GRI, GATE, GATEM y/o GRUPO DE ELITE, GROM) en la entidad cometieron “un ataque sistemático contra la población civil”.
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“La información analizada lleva los autores del informe a concluir que del 2009 al 2011/ 2012: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión. Y del 2011/ 2012 al 2016: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales”, destacaron las organizaciones en el informe con miras a que se concrete el inicio de una investigación.
La comunicación presentada a la CPI se basó en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, y en particular de los expedientes de 73 víctimas.
La evidencia, precisó el informe, sugiere que no sólo el municipio sino también el Gobernador de la época, Humberto Moreira Valdés, estaba al tanto de lo que pasaba y que Los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad.
El otro episodio que denuncia la FIDH es el sucedido en la cárcel de Piedras Negras, que supuestamente “se convirtió un centro de operaciones de Los Zetas” durante años.
