“Se trata de actividades ilícitas ocurridas en los años en que Lozoya era director general de Pemex. El robo se hizo a embarcaciones que transportaban combustible. Aquí aparece otra vez un vínculo con Odebrecht, a través de una empresa donde los brasileños tenían participación”, comentó el titular de la UIF en entrevista para El Economista.
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su posible participación en el delito de robo de combustible en altamar, afirmó su titular Santiago Nieto Castillo en entrevista con el reportero Luis Miguel González para El Economista.
“Se trata de actividades ilícitas ocurridas en los años en que Lozoya era director general de Pemex. El robo se hizo a embarcaciones que transportaban combustible. Aquí aparece otra vez un vínculo con Odebrecht, a través de una empresa donde los brasileños tenían participación”, añadió el titular de la UIF.
Santiago Nieto dio a conocer que ya hay una denuncia interpuesta en la Fiscalía General de la República (FGR) y que es la cuarta acusación que enfrenta el exdirector de Pemex que será extraditado a México.
“Hay, además, otros dos procesos de investigación que están muy avanzados, pero nos falta concluir. Uno tiene que ver con la compra de un astillero en España y el otro con Fertinal”, comentó.
Respecto a la compra del astillero, los hechos ocurrieron en enero de 2013 cuando Lozoya hizo una inversión de 51 millones de euros para participar al 51 por ciento en una constructora de navíos llamada J. Barreras, misma empresa que estaba en quiebra cuando el exdirector de Pemex invirtió esa cantidad millonaria.
Cuatro años después, en 2017, la entonces Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), presidida por Santiago Nieto (ahora titular de la UIF), presentó evidencias de los vínculos de Lozoya en el caso Odebrecht; no obstante, la investigación no llegó muy lejos debido a la destitución de Santiago Nieto.
“Se trata de un caso que es emblemático. México es uno de los pocos países que no ha llevado a proceso a ningún funcionario público relacionado con el caso Odebrecht. Esta es una de las razones por las que México aparece en una posición tan mala en las clasificaciones de Corrupción de Transparencia Internacional. Estamos en el lugar 138, es decir, 40 lugares por debajo de Brasil o Perú, que sí hicieron mucho en ese tema”, expresó el titular de la UIF al periodista Luis Miguel González.
Al hacer la comparación de las investigaciones que Santiago Nieto ha hecho con la UIF y en su momento lo hizo con la Fepade, el funcionario detalló que en la Fepade sólo se concentraban en delitos electorales y Emilio Lozoya estaba siendo investigado por financiamiento ilícito en las campañas electorales.
“Se había requerido información a Suiza, Brasil e Islas Vírgenes. Los datos que teníamos es que Odebrecht le había pagado 10 millones de dólares por conseguir contratos futuros, era la lógica que imperaba en otros países de América Latina, también en España, Angola”, precisó.
No obstante, el trabajo que ha realizado con la UIF le ha permitido entrever un entramado financiero, evasión fiscal y probablemente peculado relacionado al enriquecimiento ilícito.
“Detectamos una transferencia de 3.4 millones de dólares de AHMSA a una empresa filial de Odebrecht y de ahí a Tochos Holding, propiedad del señor Lozoya. Además, hay varias transferencias de cifras de varios miles de francos suizos”, reveló Santiago Nieto a El Economista.
Finalmente, Santiago Nieto expresó que espera que Lozoya llegue a los tribunales para que sea juzgado. “Nosotros en la UIF hemos cumplido con nuestra función”, expresó.
“Emilio Lozoya ha dicho que es un instrumento del delito, que hay otras personas responsables; que su actuación no es dolosa y que tiene información que va a ser presentada a la Fiscalía. Hay que esperar a ver los elementos que aporta, si proporcionara información para poder seguir la línea superior de mando de los casos de corrupción. Al Ministerio Público le corresponderá valorarlos”, concluyó.
