Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– México es uno de los países más racistas del mundo y la falta de consulta de los gobernantes hacia los pueblos indígenas para tomar sus decisiones es generalizado, dijo Armando Haro Encinas, investigador del Colegio Sonora amenazado de muerte por su trabajo con los Guarijíos de la región serrana de Álamos.
“No es sólo en Sonora, en todos los gobiernos, somos el país más racista del mundo”, dijo.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la principal problemática en el país radica en la falta de consenso con los residentes de diversas regiones naturales para la construcción de proyectos de orden estatal o federal.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, urgió a los Estados a aumentar sus esfuerzos para respetar los tratados que protegen a los pueblos indígenas.
“Incluso si los tratados fueron firmados o ratificados hace más de un siglo, éstos siguen siendo la piedra angular de la protección de la identidad, la tierra y las costumbres de estos pueblos”, dijo Pillay.
La alta comisionada recordó que estos documentos a menudo permitieron poner fin a períodos de conflicto, explotación y expropiación, por lo que instó a los gobierno a honrarlos y respetarlos.
“Sin embargo, en demasiadas ocasiones las comunidades indígenas se ven obligadas a recurrir a los tribunales para forzar a los Estados a que cumplan sus promesas”, añadió.
“El mensaje para este Día Internacional de los Pueblos Indígenas es que se deben redoblar esfuerzos para construir una colaboración entre los Estados y los pueblos indígenas que esté basada en la confianza, el respeto mutuo, el estado de derecho y la afirmación de la cultura y las costumbres de los aborígenes”, sentenció Pillay.
En México, los casos de Noé Vázquez Ortiz, el ambientalista del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) que murió mientras defendía su tierra ante un proyecto que pretende acabar con más del 67% del territorio forestal de Amatlán de los Reyes, Veracruz, para la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal; los litigios del pueblo yaqui, en Sonora, y de los huicholes, en la región de Wirikuta, San Luis Potosí, son ejemplo de la grave situación en el país debido a la exclusión de los grupos étnicos.
LOS PILARES, SONORA
Haro Encinas y Ramón Martínez Coria, miembros de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable, asesoraban a los Guarijíos sobre las negociaciones de la construcción de la presa Los Pilares con el Gobierno del Estado, cuando fueron amenazados de muerte y tuvieron que huir de la entidad hacia el Distrito Federal.
El gobierno sonorense planea construir una presa que afectará a los pueblos de los Guarijíos y según los especialistas, no se llamó a una consulta popular para su realización.
El Gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías declaró a la prensa, en diciembre de 2010, que para la construcción de la presa Los Pilares [en una parte del territorio guarijío], ya hay 290 millones de pesos en el presupuesto federal.
La meta principal es llevar l00 millones de metros cúbicos adicionales de agua a los agricultores del Valle del Mayo, pero la obra se construirá río arriba e inundará 40 hectáreas de la etnia guarijía.
Una de las principales omisiones en el proyecto de Los Pilares, es la realización de una Consulta Pública que el sistema jurídico mexicano reconoce a partir de 1989, cuando el país firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este convenio reconoció el derecho de los pueblos indígenas a ser informados y llamados a Consulta Pública desde las primeras etapas de un proyecto, cuando el Gobierno pretenda realizar obras públicas que afectarán a sus recursos naturales.
“De nada sirve la figura de la Consulta, si no dicen en qué consiste, cómo se llevará a cabo. No tenemos un procedimiento estandarizado sobre cómo se tiene que aplicar”, dijo Haro Encinas.
Armando Haro explicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pretende hacer válido un convenio que firmaron los cincos gobernadores de la etnia Guarijía para cumplir con el requisito de la Consulta.
LOS PROYECTOS DE PADRÉS
El Gobierno encabezado por Padrés Elías suma con la polémica sobre Los Pilares, dos conflictos donde está involucrados grupos indígenas.
El primero de ellos es la defensa que la tribu Yaqui sostiene desde 2010 la de la Cuenca del Río Yaqui en contra del proyecto Acueducto Independencia, el proyecto emblemático de la administración de Guillermo Padrés.
La obra, que tiene un costo de 3 mil 860 millones de pesos, inició su construcción a finales de 2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a través de 172 kilómetros de tubería de acero.
Andrea Ulisse Cerami, abogado del Área de Defensa y del Área de Políticas Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), dijo en febrero que el gobierno de Sonora violó derechos humanos de la etnia, incluso con ataques a los opositores del acueducto.
La Semarnat para otorgar la autorización a la Manifestación de Impacto Ambiental sólo evaluó el impacto de la tubería, pero omitió los efectos sobre el agua, argumentando que es competencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y también una Consulta Pública con el pueblo Yaqui.
Según el Cemda, el Acueducto Independencia generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, afectará los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, pondrá en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP) Bavispe-El Tigre localizada en la Cuenca del Río Yaqui y a la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseachic.
Debido al conflicto por la construcción del Acueducto Independencia, los yaquis mantienen bloqueada la carretera federal México-Nogales desde el 20 de junio, debido a que se encendieron dos de las cinco bombas de la obra para iniciar el periodo de pruebas.
Armando Haro aseguró desde su autoexilio en el Distrito Federal por las amenazas de muerte que recibió en Sonora, que la falta de interés de los gobernantes por escuchar a los grupos indígenas, no es privativo del estado norteño.
El investigador desde que arribó a la sierra de Álamos empezó a recibir amenazas de distintos tipos, desde vandalismo, hasta mensajes intimidatorios en su celular.
Haro dijo que desconoce cuándo regresará a Sonora, pues las autoridades sonorenses le negaron la protección a pesar de que fue solicitada a través de un mecanismo de protección establecido en la reciente Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
PROYECTOS MINEROS Y WIRIKUTA, SAN LUIS POTOSÍ
A través del “Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias”, dado a conocer el 31 de mayo pasado, se dio a conocer que México es uno de los países en América Latina que ha logrado mayores avances legislativos e institucionales en materia de derechos de estos pueblos; sin embargo, la intensidad de los conflictos sociales que se manifiestan para conservar los lugares sagrados, sus comunidades y no perturbar la naturaleza, suelen ser criminalizados, situación que ha llevado incluso a la pérdida de vidas, un hecho que “es preocupante”.
El documento hace hincapié en la importancia del sector minero en nuestro país, pues según la Secretaría de Economía, se ha convertido en la tercera industria que más inversión atrae al país, sólo después del petróleo y las exportaciones automotrices y electrónicas.
En 2011, registró una inversión de 4 mil 700 millones de dólares; además, se crearon 307 mil empleos directos y un millón de indirectos.
En 2010, hubo 301 empresas con proyectos mineros en el país, de las cuales 202 fueron canadienses, 51 estadounidenses, 14 mexicanas, siete australianas, siete chinas, seis japonesas, cuatro de Reino Unido, dos peruanas, e igual número de coreanas, chilenas e italianas; así como una de Bélgica y una de la India. El estudio explica que dichas empresas se caracterizan como efímeras “derivado del modelo de explotación intensiva que llevan a cabo” y porque las tecnologías que utilizan producen notorios “pasivos ambientales”.
Según el informe, los conflictos reflejan “una importante ausencia del Estado para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas”. También critica que a menudo las empresas extractivas nacionales y transnacionales fallen en sus obligaciones legales y en sus responsabilidades sociales.
Un caso emblemático de la lucha entre pueblos indígenas por la defensa de su territorio y las empresas extranjeras es el de Wirikuta en Real del Catorce, San Luis Potosí, cuya área ceremonial principal (Cerro Quemado) se encuentra dentro del Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural.
Wirikuta, la tierra de origen, es un territorio sagrado y de gran significado para los huicholes, que alberga una riqueza en tradiciones y por su equilibrio ecológico que ha sido puesta en peligro en los últimos años por la modernidad.
Es un territorio 191 mil hectáreas ubicadas en el estado de San Luis Potosí, en los municipios de Real de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz y Villa de Ramos, al que los huicholes realizan peregrinaciones por ser centro ceremonial.
Sobre este polígono se otorgaron 76 concesiones mineras a Universo de Revolution Resources Corp. y a Real Bonanza filial de First Majestic Silver Corp. por un total de 98 mil hectáreas, de las cuales 70 mil se hallan dentro del sitio de Wirikuta.
En respuesta, el Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, creado en diciembre de 2010, logró agrupar a organizaciones indígenas, civiles, eclesiásticas y de universitarios que se han manifestado en contra de la explotación del lugar.
El 27 de febrero de 2012, el Poder Judicial de la Federación, que por primera vez se involucró en un conflicto de esta índole, instruyó la suspensión provisional del proyecto minero La Luz de Real Bonanza.
