Cuando se escriba la historia de la transición mexicana a la democracia, los cuestionamientos sobre el papel de las grandes personalidades se convertirán en un quebradero de cabeza. Los historiadores van a batallar para delimitar si esa democracia aspiró a concretarse en instituciones sólidas y duraderas o se perdió en los devaneos de los personalismos.

En la coyuntura del informe presidencial, independiente de su número ordinal, se vio de manera diáfana que no hablaron las instituciones sobre el estado de la administración pública. Más que un Presidente titular de uno de los poderes de la República, vimos en López Obrador la reedición de un jefe que pretende serlo de las instituciones nacionales. Este fenómeno es altamente preocupante, y de suyo pondría en cuestionamiento si realmente transitamos hacia la democracia o la rueda de la historia ha girado hacia atrás.

Quien vea esto únicamente a través de los resultados electorales o las encuestas de popularidad, equivoca el camino. La Constitución misma ha recalcado que ese sistema es un sistema de vida, que sólo puede entenderse al abrigo de una compleja pero vital institucionalidad que la haga posible, viable, cercana a la gente, con puertas en todos los poderes a fin de posibilitar también el fincamiento de responsabilidades y la rendición de cuentas.

Para López Obrador lo importante es su individualidad, su carácter providencial más que la investidura, que deviene de titular un poder con una amplia batería de instituciones que lo rodean, algunas de carácter autónomo, que fueron surgiendo al calor de desagregar a la “presidencia imperial” facultades sin ton ni son. Esto significa que la atención se centra en el ofrecimiento personalísimo que son obviedad en frases ya gastadas como “no miento”, “no traiciono”, “no soy igual”, “ya no me pertenezco”; o la que sonó como retintín los últimos días, “no es por presumir, pero…”. El resultado de esto, implícita o explícitamente, es la apuesta por un liderazgo carismático que todo lo sabe y todo lo puede, y si hay algo que no tiene sabor a democracia es precisamente esto.

Supongamos que el equipo gobernante es brillante por sus méritos y sus capacidades, pero el único que puede decir la última palabra es este Presidente. Y es cierto, tiene ciertas y amplias facultades, pero último y único no son lo mismo. Este fenómeno, si no se corrige a tiempo, va a causar una distorsión en la ruta que se emprendió para conquistar un sistema democrático en el país, a contrapelo del partido de estado que se mantuvo casi ocho décadas en el poder y al que, no está por demás decirlo, perteneció López Obrador en su etapa formativa.

El problema crucial –y qué desgracia que se decante por la implantación de supuestos códigos de ética o constituciones morales– será que se empiecen a imponer visiones únicas y absolutas que, dígase lo que se diga, huelen a una nueva puesta en escena del nefasto totalitarismo.

La democracia mexicana necesita de instituciones. Si algunas de las actuales no sirven o están defectuosas, que se reformen, que se deje de estar cuestionando las autonomías, en particular al Poder Judicial, que ciertamente requiere una transformación, pero no como a veces se deja sentir, por su pretendida abolición para tornarla en obsequioso aparato.

No lo olvidemos, instituciones defectuosas con hombres y mujeres incapaces, producen malas decisiones. Las fuertes y bien construidas generan buenas decisiones, aunque quienes las ocupen tengan debilidades de diversa especie. El ideal es que el Presidente asuma que lo es de la República mas no el jefe de todo, y que esto sólo es posible como producto de un diseño institucional acorde al ideal democrático.

Si se quiere ser grande, deseo que perturba y enajena a muchos líderes, que lo sea como reza el Evangelio que ha penetrado al Palacio Nacional, teniendo ojos para ver, oídos para oír, y corazón para amar al prójimo, pero que en este mundo lo haga pensando menos en su diminuta biología que en las instituciones que dan distancia en el tiempo.

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Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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