Por Beatriz Olivera*

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) tienen como función principal la protección de zonas importantes por sus recursos naturales, flora, fauna y/o ecosistemas representativos. Además de ser zonas de protección de la naturaleza, las ANPs tienen por objeto preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, además de proporcionar un campo propicio para la investigación científica y proteger áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.

El marco jurídico que regula las ANPs es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), su reglamento en materia de ANPs, el convenio RAMSAR y la Convención sobre Diversidad Biológica. Sin embargo, pese a su objetivo y a que la legislación existente, en particular la LGEEPA establece importantes limitaciones a actividades que se pretendan realizar al interior de las ANPs, la realidad es que éstas se encuentran amenazadas e incluso una buena parte de ellas están invadidas por actividades extractivas tales como la minería, actividad que a todas luces atenta contra la protección de dichas áreas.

Actualmente en el país hay 182 Áreas Naturales Protegidas a nivel federal, cubriendo una superficie de 90.84 millones de hectáreas. De éstas, para 2017, la Secretaría de Economía había otorgado casi 60 mil hectáreas de concesiones mineras al interior de estas zonas en las ANP federales. Entre las ANPs invadidas están el Alto Golfo de California, la reserva El Vizcaíno en Baja California, la reserva de la Mariposa Monarca, la Sierra Gorda de Guanajuato y los Tuxtlas en Veracruz, entre otros.

El panorama para el resto de las ANPs del país no es más alentador: 73 de los principales proyectos mineros según el SGM se sitúan precisamente al interior de las áreas naturales protegidas y se ha concesionado a la minería un total de 2.22 millones de hectáreas, que equivalen al 7.2 por ciento de su superficie terrestre a nivel nacional.

La situación es grave, sin embargo, el marco regulatorio en la materia es sumamente laxo, si bien las limitaciones a la actividad minera señaladas por la LGEEPA son importantes, la realidad es que la ley minera en su artículo 20 es bastante permisiva al respecto, puesto que señala la necesidad de obtener autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo las ANPs cuando se realicen obras y trabajos de exploración y de explotación. En otras palabras, mientras la LGEEPA restringe la actividad minera en las ANPs, la Ley minera la permite.

En el Congreso de la Unión, a la fecha se han presentado dos iniciativas cuyo propósito es poner límites a la actividad minera dentro de las ANPs. La primera, presentada por la Senadora panista Guadalupe Saldaña busca prohibir las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos reservados a la federación en las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y en las que se utilice cualquier compuesto que incluya cianuro o mercurio.

La otra iniciativa presentada por la Senadora Lucía Trasviña tiene por objeto preservar y proteger las ANPs frente a los embates de la industria minera. Propone prohibir, tanto en la LGEEPA como en la Ley Minera, la realización de actividades de la industria extractiva en ANPs, así como aquellas que pongan en riesgo la preservación del área. Además, propone la prohibición de realizar en zonas marinas obras y actividades de exploración, explotación o extracción de minerales submarinos.

Ambas iniciativas fueron presentadas en septiembre de 2018, y a la fecha no se ha presentado el dictamen correspondiente. Los rumores en el senado incluso señalan que la industria minera y representantes de gobierno están cabildeando en contra de estas iniciativas. Pero más allá de ello, desde la sociedad civil, es urgente que se abra un espacio de discusión y análisis de ambas iniciativas en formato de parlamento abierto con el objetivo de contribuir al proceso de dictaminación que, bajo un enfoque plural y diverso, permita construir un instrumento legislativo en beneficio de la sociedad y del medio ambiente.

Los datos sobre proyectos mineros en ANPs fueron tomados de:

Llano, Manuel (2018) en “Las actividades extractivas en México: Minería e Hidrocarburos hacia el fin del sexenio. Anuario 2017, disponible en http://fundar.org.mx/mexico/pdf/AnuarioExtractivas2017.pdf

*Beatriz Olivera es investigadora del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar

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