México

Aureoles pagó una red de espionaje: Bedolla. Lo vinculan con esposo de Gómez Mont

09/11/2021 - 9:10 am

Alfredo Ramírez Bedolla detalló que la Administración de Silvano Aureoles firmó un contrato en 2017 por la cantidad de 19.5 millones de dólares para la compra de un software para el monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo Michoacán.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Alfredo Ramírez Bedolla, actual Gobernador de Michoacán, denunció que el exfuncionario Silvano Aureoles Conejo habría comprado un software de espionaje a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont.

En conferencia de prensa, Bedolla detalló que la Administración de Silvano Aureoles firmó un contrato en 2017 por la cantidad de 19.5 millones de dólares para el monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo el estado, y que en cada uno de los municipios se utilizaron 12 computadoras para “su servicio y mantenimiento”.

“Este es un contrato muy grande. Efectivamente todo indica que es de espionaje porque se establece que se instalarán doce terminales para estar monitoreando, por lo que aquí se indica, las direcciones de IP, o sea, de Facebook, WhatsApp (…) De 19 mil 500 millones de dólares es el contrato. Y por supuesto que forma parte de las investigaciones que estamos realizando. Tenemos bien ubicado el contrato”, añadió el actual Gobernador.

Ramírez Bedolla dijo que no se sabe a quiénes espiaban ni con qué fines. No obstante, señaló que en la pasada Administración se utilizaba un modelo de fraude mediante el arrendamiento, pues mencionó que se rentaban patrullas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5), helicópteros e incluso cuarteles de la policía.

“Entendemos que una parte del contrato se pagó y otra no. Y se retiraron los equipos, por tanto, es un contrato donde no está determinado cómo establecieron ese monto de 19 millones de dólares. Qué reportes tenían que entregar. Lo que detectamos es que el Gobierno anterior utilizaba un modelo de fraude con base a arrendamientos, rentaban las patrullas, rentaban el C5, rentaban software de este tipo, los equipos de salud”, agregó.

El día lunes, Salvador García Soto, columnista de El Universal, dio a conocer que en el Gobierno de Silvano Aureoles contrató a una empresa tecnológica e informática propiedad de Álvarez Puga, a la que se pagaron hasta 132 millones de dólares en cinco años, desde 2017 hasta 2021 para instalar y operar un sistema de espionaje.

Alfredo Ramírez Bedolla, actual Gobernador de Michoacán. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.

En ese sentido, el columnista explicó que la empresa de Álvarez Puga recibió 2.5 millones de dólares mensuales por “sus servicios de monitoreo y seguimiento”, con un primer pago de siete millones de dólares, lo que representó un total de 132 millones de dólares que la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán pagó.

García Soto informó que en el contrato aparecen las firmas del Secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza; del titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez, mientras que por Integra Software, firmó Raúl García Palacios como “administrador único”.

“De acuerdo con fuentes que conocieron de la instalación y operación de ese ‘sistema de monitoreo y seguimiento de direcciones IP’, se trataba en realidad de un centro desde donde se practicaba espionaje y seguimiento a teléfonos celulares y equipos de cómputo no sólo de Michoacán sino de todo el país, y en donde se espiaba a personajes políticos, empresarios, periodistas y otras personas públicas“, indicó García Soto en su texto.

Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont. Foto: Instagram.

Actualmente, Víctor Manuel Álvarez y la conductora Inés Gómez Mont son buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) en 195 países a petición de la Fiscalía General de la República, que solicitó una ficha roja.

Ambos son perseguidos por la Fiscalía General por su probable responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos.

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