La clase política mexicana es tan cínica que ha convertido su propia corrupción en tema de proselitismo electoral. El colmo. Ahora resulta que la oferta central de todos los partidos y sus dirigentes con vistas a los comicios estatales de 2017 y la elección presidencial del 2018 es la lucha anticorrupción. Todos ofrecen acabar con ese flagelo vergonzoso que distingue a la vida pública de nuestro país… del cual ellos mismos son protagonistas. ¿Cómo la ven?

Y no están errados, mercadotécnicamente hablando. Un estudio dado a conocer por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en ocasión del Día Internacional contra la Corrupción, que la ONU celebra precisamente este viernes 9 de diciembre, muestra que efectivamente la corrupción es el segundo tema que más preocupa a los mexicanos, después de la violencia y la inseguridad. Por encima del desempleo y la pobreza.

El Instituto precisa que ocho de cada diez encuestados perciben al sector público como corrupto: partidos políticos, gobierno federal y gobiernos estatales, diputados y senadores, gobiernos municipales, las policías y el Ministerio Público. Están todos, desde el Presidente de la República y los gobernadores hasta el gendarme de la esquina. En cambio, sólo cuatro de cada diez consideraron como ámbitos de mayor corrupción a las escuelas públicas, el Ejército y la Marina.

No es casual entonces que los políticos cara duras vean ese tema como un atractivo señuelo para cazar votos de la ciudadanía. Tampoco, que en todos los casos, el anuncio de la creación de órganos partidarios internos para combatir la corrupción ha tenido un tono contundente y radical, además de cínico: “No toleraremos”, “vamos a erradicar”, “expulsaremos a los corruptos”, “basta de impunidad” han sido frases infaltables en el discurso de dirigentes y presuntos candidatos a riego de morderse la lengua.

El PAN y el PRI ya tienen su propia comisión anticorrupción. En el PRD están por anunciar su creación, solicitada hace poco por el coordinador de su bancada en el Senado. Para el dirigente de Morena y virtual candidato presidencial por tercera vez, Andrés Manuel López Obrador, prácticamente no existe otro tema en sus spots y declaraciones, como ocurrió en su entrevista de este miércoles con Televisa. Y hasta las pequeñas franquicias como el Partido Verde, Encuentro Social o Nueva Alianza ofrecen medidas contra la deshonestidad de los servidores públicos y legisladores. Háganme ustedes el favor.

Sin embargo, en los hechos, nada ocurre. Finalmente se solapan unos a otros. La Comisión Anticorrupción del PAN, que encabeza el ex dirigente nacional Luis Felipe Bravo Mena, fue anunciada hace 15 meses. Se informó entonces que los comisionados tenían una lista inicial de 12 casos, entre los cuales estaban el ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y la ex Alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, así como los involucrados en el cobro de “moches” y en la falsificación del padrón interno del partido, entre ellos el impresentable cacique del PAN capitalino, Jorge Romero Herrera.

Al único al que hasta la fecha han “suspendido” en sus derechos partidarios, no expulsado, es a Padrés Elías, que se presentó amparado ante la autoridad pero fue detenido sorpresivamente al igual que su hijo por otro delito no contemplado en la suspensión judicial. Y los panistas calladitos, mientras su dirigente nacional, Ricardo Anaya Cortés, se da vuelo en spots de radio y televisión… ¡con el tema del combate a la corrupción!

El PRI expulsó de sus filas al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sólo cuando ya se convirtió en prófugo de la justicia; pero nada ha hecho con relación a los casos de otros seis ex gobernadores priistas involucrados en presuntos actos de corrupción, los de Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, de manera destacada el chihuahuense César Duarte Jaquez, el quintanarroense Roberto Borge Angulo y el neolonés Roberto Medina de la Cruz.

Hace poco más de un mes, al anunciar pomposamente la creación de su Comisión Nacional Anticorrupción, el dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, se atrevió a decir: “Vamos a levantar oportunamente la bandera para atender los casos, antes de que sea demasiado tarde. Como principal forjador de instituciones de nuestro país, en el PRI, a través de esta Comisión Anticorrupción, habremos de predicar con el ejemplo para cumplirle a la ciudadanía”. Ofreció que antes de finalizar este año el partido resolvería las demandas de expulsión contra los tres ex gobernadores mencionados. No ha ocurrido.

Por su parte, Miguel Barbosa Huerta, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, urgió a su partido a crear también una comisión que investigue los casos de corrupción en los que se vean inmiscuidos los integrantes de ese instituto político. Dijo que el PRD tendría que hacer muchas más cosas, tendría que hacer investigaciones por muchos temas. “Lo que no hay es una comisión investigadora de casos de corrupción, que debería haber”, insistió el senador.

Tramposamente, los dirigentes de todos los partidos hablan a futuro, como si se tratara de un “borrón y cuenta nueva”. Con lo ocurrido atrás, aun recientemente, se hacen guajes. La explicación más atina da se llama complicidad. Ahí está como ejemplo –en pleno escándalo por los casos de corrupción en diversas partes del país–, el reparto millonario de aguinaldos, gratificaciones, apoyos y bonos especiales entre los senadores y diputados con motivo de sus fiestas decembrinas. A toda madre: La impunidad prevalece por encima del cuento chino, demagógico y mentiroso, de que “ahora sí” las cosas van a ser distintas. Válgame.

Twitter: @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

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Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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