Claudia Sheinbaum con AMLO
Con Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México, existe la seguridad de que Gobierno local y federal podrán trabajar de la mano con mayor facilidad que en administraciones anteriores, principalmente gracias a que por por primera vez la capital y el país son gobernados por un mismo partido. Si bien, la nueva Jefa de Gobierno cuanta con una buena imagen que le permite ser respetada y escuchada, algunos consideran que su discurso cada vez se asemeja más al de Andrés Manuel López Obrador. En Milenio, el periodista Álvaro Cueva, escribe que: “Claudia Sheinbaum no canta nada mal las rancheras en materia de comunicación. Es como un Andrés Manuel López Obrador en potencia, pero con dos ventajas fundamentales: es más joven y es mujer. Esto la acerca a más y mejores sectores de la sociedad y le permite proyectar mayor dinamismo y carácter, construir un personaje como no existe otro en el contexto de los gobernadores mexicanos. Las multitudes la ven y la respetan, la escuchan, le creen y ella es capaz lo mismo de tomar decisiones de alto carácter, como acabar con los granaderos, que de provocar escándalos como el de las ventanas blindadas de su oficina. Es la primera vez, desde que se fue el PRI de la capital del país, que vemos una perfecta concordancia entre lo que hace la Presidencia y lo que hace la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México […] A esto me refiero cuando le digo que Claudia Sheinbaum no canta nada mal las rancheras en materia de comunicación política. La señora es excelente en todos y cada uno de sus discursos, el personaje que se está inventando tiene un poder gigantesco y es capaz de convencer, con una frase, a cualquiera. Pero sí debería despegarse un poco de las acciones y del tono de Andrés Manuel López Obrador, crear su propia historia. Sus antecedentes y los de la capital del país son otros y si a esto le sumamos que es joven y que es mujer, lo que ella le podría aportar a la cuarta transformación sería increíble”.

Fobaproa en Texcoco
En Reforma, el periodista Juan Pardinas, escribe que: “en teoría, la vocación natural de un gobierno de izquierda es ampliar y garantizar los derechos de las personas. El profesor de derecho estadounidense Cass Sunstein establece que la distancia entre un principio ético y un derecho efectivo es un presupuesto. Un anhelo loable es que las trabajadoras del hogar tengan acceso a servicios de salud y otra cosa muy distinta es que haya clínicas, médicos y medicinas disponibles para atender y curar a este grupo de la población. El nuevo gobierno necesita administrar mejor sus recursos para que sus compromisos no se queden en promesas o rimas folclóricas. Después del anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de Texcoco, Enrique Cárdenas afirmó: “La decisión… será recordada como una de las peores estupideces de un Presidente en la historia económica contemporánea”. Algo sabe el doctor Cárdenas de historia económica, su libro de 909 páginas, El largo curso de la economía mexicana. De 1780 a nuestros días, es uno de los textos más completos que se han escrito sobre el tema. Además de la historia económica, la otra preocupación intelectual de Enrique Cárdenas ha sido el tema de la desigualdad económica. La decisión de cancelar el aeropuerto es una herida autoinfligida en la agenda de un gobierno que dice tener profundas preocupaciones sociales. Las consecuencias del absurdo apenas se alcanzan a ver. El aeropuerto cancelado se sigue construyendo. Varilla, cemento y dinero continúan fluyendo a ese páramo gigante de suelo salitroso en Texcoco. Cada día que pasa se siguen invirtiendo más fondos en un fantasma de hormigón. Si la obra se cancela de forma definitiva, el gobierno tendría que pagar cerca de 120 mil millones de pesos a los inversionistas que tienen en sus manos los bonos del aeropuerto. Para no desembolsar esa suma e intentar una complicada negociación, la obra ya cancelada continúa en construcción. Antes del error de octubre, el dinero para pagar esos bonos provendría del flujo de recursos proveniente de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), que paga cada pasajero al usar la terminal aérea. Como lo explican mis colegas del IMCO Ana Thaís Martínez y Jorge Andrés Castañeda, en www.nexos.com.mx, cinco años de TUA del actual aeropuerto y 25 años de la terminal de Texcoco hubieran saldado esas deudas. La mayor parte del aeropuerto se hubiera pagado con el ir y venir de más viajeros. Como ya no habrá nuevo aeropuerto, ahora esos bonos los pagaras tú. Al igual que el Fobaproa, el rescate bancario del fin de siglo, la cancelación del Nuevo Aeropuerto implicará la privatización de ganancias y la socialización de pérdidas. Los tenedores de bonos serán rescatados con dinero que se debió encauzar para cerrar las brechas entre las aspiraciones éticas y los derechos efectivos de los ciudadanos. En Twitter ya se bautizó a la cancelación del aeropuerto como el #Pejeproa. El Fobaproa original resultó mucho más costoso al erario público, pero los costos del error actual van más allá de recortar presupuestos para salud, educación y seguridad. Un pleito legal con los tenedores de bonos aumentaría el nivel de riesgo de la economía mexicana y en consecuencia las tasas de interés que pagan el sector privado, el gobierno y sus empresas. Como lo demuestran Martínez y Castañeda, entre octubre y diciembre, el bono de diez años del gobierno mexicano tuvo un incremento del 28% (de 4.85 a 6.21%). Esa sobretasa se seguirá pagando aún después del año 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador termine su mandato. En el país de un solo hombre, la única salida de este laberinto pasa por que una persona admita y encare las consecuencias de su error. Parece complicado. El peor obstáculo de AMLO para lograr un buen gobierno no es el pensamiento neoliberal o las reacciones conservadoras sino la soberbia embriagante de sus propias certezas”.

Serenidad y paciencia
En el Excélsior, la columnista Vianey Esquinca, escribe que: “cada nuevo gobierno tiene (o al menos eso siente) el sagrado derecho constitucional de reinventar un país, un Estado o una ciudad cuando llega el poder. Cada gobernante quiere dejar su legado. En México, los ciudadanos ya están acostumbrados, y hasta resignados, a que cada gobierno quiere inventar la rueda, descubrir el hilo negro y el agua tibia. Los nuevos gobernantes tienen un privilegio: poder echarle la culpa a su antecesor de todo lo malo que encontraron, incluso si son emanados del mismo partido. Ese periodo de gracia, de hasta 6 meses, sirve para justificar por qué no pueden cumplir sus promesas o ir tan rápido como pretendían: “se llevaron hasta los escritorios y las sillas”, “dejaron las arcas vacías”, “nos entregaron un país en quiebra”. Cada nuevo sexenio o trienio es lo mismo. El problema es cuando el caldo sale más caro que las albóndigas. El 5 de diciembre, Claudia Sheinbaum tomó protesta como jefa de Gobierno y al llegar a su oficina se dio cuenta, escandalizada, horrorizada y ofendidísima, de que las ventanas ¡eran blindadas! ¿Cómo era posible tal derroche de irresponsabilidad, inconsciencia y extravagancia por parte de su antecesor? Hasta ahí todo bien, ventilar los excesos de Miguel Ángel Mancera sólo confirma lo que ya se sabe de su gobierno. La acción de Sheinbaum recordó a Jaime Rodríguez Calderón, quien, al ganar la gubernatura de Nuevo León, “clausuró” la casa de gobierno; luego de mostrar los excesos del anterior gobernador, Rodrigo Medina, envió a un museo el escritorio y la silla de Medina, porque, según él, enfermaban de poder y egolatría. Eso sólo se quedó en el show, porque El Bronco nunca tocó a Medina más allá. Que la nueva jefa de Gobierno exhiba lo que quiera, pero que no gaste más para “enmendarle” la plana a Mancera. ¿De qué sirve gastar dinero en quitar las ventanas blindadas y tirar a la basura el dinero utilizado? Los clásicos dirían: si ya nos saquearon, que no lo vuelvan a hacer. Además, seguramente al pueblo sabio le importa más que Mancera y su equipo rindan cuentas por haber dejado la CDMX en ruinas que si tenían o no blindaje en las ventanas. Eso no sólo le está pasando a la morenista en la CDMX. El Presidente está tomando medidas que a la larga pueden ser más caras. Con la venta del avión presidencial, por ejemplo, se podrían perder hasta 76 millones de dólares. Entonces, la buena es que cumple su promesa de campaña, que se deshizo del avión que no tenía ni Obama, la mala es que pueden salir perdiendo las arcas públicas. Lo mismo con el aeropuerto. Se han comentado las consecuencias económicas de haber detenido el aeropuerto de Texcoco, “pero el pueblo sabio lo pidió”; sí, pero el pueblo no les va a pagar a los inversionistas dueños de los bonos que hoy el gobierno quiere recomprar, lo que podría ser mucho más caro y complejo de lo que esperaban. Las prisas y la necesidad de demostrar que van en serio llevan a los morenistas a cometer varios errores. Pasaron la Ley Federal de Remuneraciones en fast track sin blindarla o hacer los cambios necesarios para que pudiera aplicarse. ¿Las consecuencias? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la echara para atrás, lo cual seguramente afectará el paquete económico. Las prisas no llevan a nada bueno. Morena puede seguir reinventando el país, culpando a la mafia del poder de no querer vivir en austeridad, pero también cabe en estos momentos tantita autocrítica y, sobre todo, serenidad y prudencia en la toma de decisiones”.

Universidades insolventes
En El Universal, su Editorial, asegura que: “México tiene uno de los niveles más bajos de estudiantes universitarios, entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos; datos de este organismo señalan que en el ciclo escolar 2016-2017 apenas 32% de la población de entre 18 y 22 años se encontraba inscrita en el nivel universitario, inferior al promedio de los países de América Latina y muy por debajo de los países que conforman la OCDE. Ante ese escenario, el actual gobierno tiene planeado crear 100 universidades públicas en el país “con carreras acordes a cada región para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 mil estudiantes del nivel superior”. Una medida de ese tipo vendría a cubrir la demanda de miles de jóvenes que cada año quedan sin un lugar en alguna universidad. Sin embargo, antes tendría que revisarse la situación actual de las universidades que existen en el país, que no es del todo satisfactoria. Desde septiembre pasado se conoció que hay 10 universidades en emergencia financiera con el riesgo de afectar la educación de más de medio millón de jóvenes en el país. […] La situación no se creó de la noche a la mañana. Rectores de las universidades afectadas consideran que es consecuencia de la “mínima” colaboración y el desinterés que se dio en el sexenio recientemente concluido. De acuerdo con información entregada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de 2015 a 2018 la disminución al presupuesto federal en educación superior alcanzó 21 mil 950 millones de pesos, por lo que para el Presupuesto de 2019 los rectores están solicitando un incremento de 11 mil millones de pesos para revertir los recortes previos. El peso mayor para el financiamiento a las universidades públicas recae en la Federación. Es tiempo de que comience a distribuirse la carga. Los gobiernos estatales tendrían que contribuir con más apoyos financieros y las propias instituciones de educación superior deberían encontrar la forma de allegarse recursos sin tener que elevar o cobrar colegiaturas. En algunas entidades los gobiernos locales comienzan a contratar a jóvenes universitarios para la realización de proyectos, práctica que debería extenderse en el país. Muchos de los problemas nacionales empezarían a remediarse si todos los jóvenes tuvieran acceso a realizar estudios profesionales y si las universidades contaran con el respaldo económico suficiente para realizar sus tareas. No estaría mal revisar las condiciones de la educación superior antes de proyectar la creación de nuevos planteles”.

Silencio cómplice
En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “en el punto más crítico del debate sobre la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos las fracciones de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en el Senado no han querido ir más allá de haber firmado la acción de inconstitucionalidad. Existen algunas voces aisladas que critican la reforma que impide a los funcionarios públicos tener una remuneración superior a la del Presidente de la República, pero como fracción parlamentaria han optado por el silencio. Tal vez quieren evitar un enfrentamiento directo con los legisladores de Morena para asegurar su presupuesto”.

Corte aliada
En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “vaya que causó fuertes reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de diputados de Morena la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de frenar la Ley de Remuneraciones. Pero quien se fue más duro contra los integrantes de la Suprema Corte fue el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, quien acusó que ministros participaron en la redacción de la impugnación presentada por senadores de oposición. Queda claro que el zacatecano tendrá que sustentar sus acusaciones, pero hasta en la Corte corre la versión de que el propio Pérez Dayán y el ministro Jorge Pardo les echaron la mano a los legisladores. ¿A poco el interés por conservar el sueldo llega a tanto? Es pregunta suprema, sin corte… y que espera justicia”.

Pedrada
En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, estableció que la idea es poner a Jalisco como un ejemplo nacional de cómo se puede cambiar el rumbo de las cosas y construir un mejor futuro. El mandatario jalisciense asistió al segundo informe de actividades del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ricardo Suro Esteves, donde exhortó a terminar con el esquema de repartos partidistas en puestos de importancia para la entidad. “Yo no creo que se cometa un atropello si le planteamos, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, la necesidad, yo creo apremiante, de revisar este modelo de elección de los jueces de este estado”, apuntó. Sin duda, algo hay que enderezar de raíz”.

La “recomendada” de Ricardo Monreal
En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “nos cuentan que, el pasado viernes, los celulares de los senadores del Partido Acción Nacional estuvieron sonando uno por uno con llamadas que provenían desde el mismo interlocutor: la designada como posible ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf. Según los propios albiazules, doña Loretta exponía en la llamada sus credenciales como destacada académica; pero, sobre todo, se presentaba ante los legisladores como la “recomendación” del zacatecano Ricardo Monreal para acceder al máximo tribunal de justicia del país, en sustitución del ministro José Ramón Cossío. Aseguran que fue el propio líder de la bancada de Morena en el Senado quien compartió con la aspirante el directorio de los panistas; pues éste tiene muy claro que para impulsar a su “recomendada” se requiere de un muy nutrido voto de las fuerzas de oposición”.