Un transgénico es un ser vivo cuyo ADN ha sido alterado en un laboratorio para darle propiedades que no pueden recibir por medio de técnicas de reproducción tradicional. Foto: Sader, Cuartoscuro

Por María Colín*

En un conversatorio realizado el viernes pasado en la Casa de la Cultura Reyes Heroles, a propósito del informe Los transgénicos en México: 20 años de resistencia y lucha, publicado en noviembre pasado por Greenpeace México, investigadores, activistas y representantes de distintas organizaciones sociales coincidimos en que el actual gobierno mexicano tiene en sus manos la posibilidad de atender la deuda histórica para una efectiva protección de aquellos cultivos de los que México es centro de origen y de diversificación como el maíz, el algodón, el frijol, la calabaza, el chile, el aguacate y el amaranto, entre otros.

Un transgénico (también conocido como organismo genéticamente modificado (OGM) es un ser vivo (plantas, animales, etc.) cuyo ADN ha sido alterado en un laboratorio para darle propiedades que no pueden recibir por medio de técnicas de reproducción tradicional. Implica genes seleccionados de otros organismos que son insertados en otro con el propósito de crear una especie más deseable, por ejemplo un maíz tolerante al herbicida glifosato o resistente a insectos.

En 1999 Greenpeace reveló que embarques de maíz transgénico procedente de Estados Unidos estaba llegando a nuestro país sin ninguna evaluación de riesgo, lo que constituyó un escándalo; de igual modo que cuando en 2001, investigadores de la Universidad de Berkeley, California, revelaron el hallazgo de presencia de maíz genéticamente modificado en variedades nativas en la Sierra Norte de Oaxaca. Esto significó que el primer centro de origen y de diversificación a nivel mundial de un cultivo vital para la alimentación de poblaciones enteras había sido contaminado con variedades transgénicas, sin que se tuviera claro qué iba a pasar a futuro, dado que plantas de polinización abierta como el maíz intercambian sus genes con facilidad. “Hasta ahora no hay evidencia alguna de que la introgresión de los rasgos de las actuales variedades de maíz GM entrañe daños significativos para la salud o el medio ambiente en Canadá, Estados Unidos o México. Sin embargo, esta cuestión no se ha estudiado en el contexto de los ecosistemas mexicanos”, indicó entonces un informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN, Reporte Maíz y Biodiversidad, 2004).

Así como el cultivo del trigo es esencial para la alimentación de los europeos o el arroz para las poblaciones asiáticas, el maíz cobija esencial significancia para los pueblos mesoamericanos, no sólo alimentaria sino de manera religiosa, cultural, cosmogónica, identitaria, etc. Esta controversia del futuro de este cultivo, junto con otros originarios, dio lugar a un debate que alcanzó su cénit con las discusiones legislativas, detonadas entre 2000 y 2005, en el proceso de construcción de un marco jurídico que pudiera reducir, controlar o eliminar los riesgos que los transgénicos pueden conllevar a la salud humana, animal, flora, fauna, ecosistemas enteros, a otros cultivos y plantas.

Hoy tenemos claras las graves carencias del marco de bioseguridad de los transgénicos y la deuda que los agentes del Estado tienen con la sociedad civil, consumidores, investigadores y comunidad científica crítica y sin conflicto de interés, pueblos indígenas y comunidades campesinas.

En esta materia, algunos de los pendientes son los siguientes: (1) protección efectiva de los cultivos de los que México es centro de origen y diversificación, así como la veda a liberar transgénicos en sitios o regiones con presencia de dichos cultivos nativos o parientes silvestres. En este caso, todo el territorio debe quedar libre de maíz transgénico; (2) implementación de un etiquetado que garantice el derecho de las y los consumidores a la alimentación libre de transgénicos, como un derecho a saber y a elegir; (3) flexibilización de de los requisitos para el establecimiento de zonas libres de transgénicos, caso del Estado de Yucatán donde 2 mil apicultores de 10 municipios se ampararon en 2012 demandando ser libres de soya GM por los impactos económicos que tendrían su liberación y siembra, ante el rechazo de miel con trazas de polen transgénico al mercado europeo, poniendo en riesgo uno de los principales pilares de su economía familiar; (4) devolver la capacidad de emitir opiniones vinculantes a los órganos técnicos en la materia (Conabio, INECC y Conanp) sobre solicitudes de permisos de liberación de OGM, facultad que les fue denegada al final del mandato del expresidente Felipe Calderón (2012); (5) hacer efectivo el Régimen de Protección Especial del Maíz (RPEM) previsto en la Ley de Bioseguridad de los OGMs (LBOGM) y su Reglamento, que a la fecha permanece en letra muerta; (6) consideraciones sociales, económicas y culturales resultantes de los efectos de los OGM que se liberen al ambiente son descartadas en los análisis de riesgo y en los comentarios emitidos por gobiernos locales y particulares respecto a las solicitudes de permisos para sembrar cultivos transgénicos; (7) aún cuando el sistema previo de bioseguridad en México había adoptado el principio precautorio (de 1988 a 1998), poniendo como ejemplo la moratoria de facto para la liberación de maíz GM decretada en 1998; no obstante, la legislación vigente desde 2005 lo supedita a los costos y capacidades del país, además de que tampoco establece mecanismos de cómo se aplica y garantiza este principio de manera efectiva; (8) la carga de la prueba se le revierte a la sociedad, en vez de los promotores de los transgénicos; y (9) un exceso de secreción y confidencial de la información, atribuida a la protección de la propiedad industrial de las agrotransnacionales.

Las victorias legales conseguidas por la sociedad civil y las comunidades indígenas y campesinas son importantes pero están expuestas a violaciones e incumplimiento por parte de los agentes del Estado o por particulares, por lo que Greenpeace hace un llamado a las autoridades, aprovechando la transición política que vive México, para tomar acciones firmes a favor del patrimonio genético de México, empezando por prohibir, de una vez por todas, la introducción y siembra de maíz y otros cultivos GM en México, centro de origen y diversificación de esas especies en el país. La generación de políticas públicas y cambios legislativos es crucial para salvaguardar la riqueza genética, biológica y alimentaria que tiene México, que está en riesgo por conflictos de interés o desinterés en reconocer nuestro país como centro mundial de domesticación y origen de una amplia gama de plantas cultivadas y otras especies. No perdamos la oportunidad histórica con este nuevo gobierno de hacer cambios de fondo y definitivos.

*María Colín es campañista legal de Greenpeace México