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Pueblo de Durango se aferra a la Ley y derrota a los que pondrían una planta de cianuro en su patio

09/12/2020 - 5:40 pm

Desde de 2017 el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio luchó contra el proyecto de la empresa Chemours Laguna que intentó la construcción y operación de una planta productora de 65 mil toneladas anuales de cianuro de sodio (NaCN); Pop Lab narró lo que tuvieron que pasar para vencer a la empresa en los tribunales.

Por Alonso Merino Lubetzky

Guanajuato, 9 de diciembre (Pop Lab).- “El cianuro sirve para tres cosas: para extraer oro, para extraer plata y para poner en riesgo la vida“, dijo Don Julio, miembro del Frente Unido. El proyecto Chemours Laguna consiste en la construcción y operación de una planta productora de 65 mil toneladas anuales de cianuro de sodio (NaCN), un químico fundamental para la industria minera que ya no se producirá en la comunidad de Dinamita del municipio de Gómez Palacio, Durango.

Luego de episodios de represión policiaca, persecución política, encarcelamientos y enfrentamientos legales contra comunidades compuestas principalmente de niñas, niños y personas de la tercera edad, la resistencia social del Frente Unido surte efectos en una batalla más ganada a la empresa química estadounidense The Chemours Company Mexicana.

Chemours Laguna llegó hace más de tres años a la comunidad de Dinamita, a un costado de El Siete Pueblo Nuevo. Sin haber concluido sus obras, ni comenzado a producir el compuesto tóxico —uno de los más letales para la salud humana y ambiental en el mundo—, ya ha impactado negativamente en la vida de una veintena de comunidades y miles de personas generando divisiones entre ellas.

La empresa Chemours Laguna llegó a la comunidad de Dinamita y generó divisiones entre los pobladores de la zona. Foto: Alonso Merino Lubetzky, Pop Lab

De arrancar la producción del compuesto, Chemours Laguna provocaría severos daños a la salud de las personas y a los ecosistemas de la región de la Comarca Lagunera. Además, sus instalaciones se encuentran apenas a unos kilómetros de Austin Bacis SA de CV (Austin Powder México), una fábrica de explosivos para minería —”hija de Dupont”, dicen en la zona—, lo que comprometería aun más la tranquilidad de la Comarca y elevaría el riesgo de un desastre socioambiental de enormes proporciones. Justo ayer, una planta química de la multinacional explotó en Virginia, Estados Unidos, dejando dos heridos y daños en los alrededores del río Kanawha.

A pesar de que la empresa se benefició de la resolución de un juicio de amparo en mayo de 2020, la nulidad de la autorización de impacto ambiental regresa a The Chemours Company “al mismo lugar donde se encontraba cuando llegó a la Comarca Lagunera. O sea, que no tiene nada”, sostuvo Gustavo Lozano de Acción Colectiva Socioambiental y de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería (REMA).

BASTÓ CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN: MAL MANEJO DE AMONIACO

“Hasta revivieron los muertos”, dice Don Ramón cuando cuenta la noticia del fallo judicial en favor del Frente Unido. Don Ramón, como otras cientos de personas de los pueblos organizados de La Laguna, llevan cinco meses en plantón afuera de las instalaciones de la planta de cianuro de The Chemours Company para frenar su construcción. La postura del plantón es no moverlo hasta no ver que Chemours Laguna se desmantele y se vaya.

De los diez conceptos de impugnación presentados por los demandantes del Frente Unido, para el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue suficiente analizar solo uno de ellos relacionado con el abastecimiento y traslado del amoniaco, sosa cáustica y otras materias primas utilizadas en la producción del cianuro, según se lee en la sentencia.

De acuerdo con la sentencia, la Semarnat debió solicitar a Chemours información suficiente sobre el proceso de recepción y descarga de los compuestos químicos que sirven para la producción del cianuro, puesto que realizó la evaluación de impacto ambiental de la planta con un estudio incompleto.

Según lo que dice el boletín presentado por REMA el día de ayer, “el concepto de impugnación analizado resultó fundado” por lo que el “TFJA consideró procedente declarar la nulidad de la resolución de la Semarnat que autoriza el Proyecto Chemours Laguna”.

El plantón exigió que la empresa desmantelara la planta y se fuera de la zona. Foto: Alonso Merino Lubetzky, Pop Lab

NI GUANAJUATO, NI DURANGO: TEJIDO DEL CLONFLICTO

El primer intento de Chemours para instalar la planta de cianuro fue en la ciudad de Salamanca, Guanajuato en 2016, donde encontró el rechazo del Observatorio Ambiental Ciudadano Biósfera y del Gobierno municipal, cuya administración encabezada por Antonio Arredondo Muñoz, se negó a otorgar el permiso de uso de suelo para no provocar más problemas de contaminación en la ciudad del Corredor Industrial del Bajío.

Inmediatamente, Chemours arrojó su segundo anzuelo al noreste de Guanajuato, en el municipio de San Luis de la Paz. El 04 de agosto de 2016 apareció el proyecto Chemours San Luis en la Gaceta Ecológica de la Semarnat. La empresa anunció una inversión de 3 mil 200 millones de pesos y la creación de 700 empleos durante la primera etapa y 50 empleos directos permanentes durante su operación.

Ante ello, la sociedad local impulsada por la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano, así como por otras organizaciones que forman parte de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, organizaron una amplia movilización respaldada por el Presidente Municipal Guillermo Rodríguez Contreras, pese a que Chemours Company, por su parte, tenía la anuencia del exgobernador panista Miguel Márquez Márquez para instalarse en el estado de Guanajuato.

Con dos luchas perdidas en el Bajío, Chemours Company solicitó a la Semarnat cancelar el proceso de evaluación en Guanajuato para huir a la Comarca Lagunera donde colocó la primera piedra de la planta en junio de 2017. Un proyecto idéntico al Chemours San Luis, pero ahora en la semidesértica comunidad de la Comarca Lagunera, Dinamita, del municipio de Gómez Palacio en Durango. La región ha sufrido de estrés hídrico por años debido a la producción intensiva de lácteos. Este sería recrudecido por la planta de cianuro por su alto consumo de agua.

El proyecto de San Luis de la Paz, Guanajuato y el de Gómez Palacios, Durango solo cambió en su ubicación. El evento inaugural celebrado en la comunidad El Siete Pueblo Nuevo estuvo presidido por el Gobernador de Durango, José Aispuro, y la entonces Alcaldesa priista de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera Ale. El nacimiento de Chemours Laguna, sin embargo, vio pronto su ocaso.

Chemours Laguna, presentado en marzo de 2017, fue autorizado por la Semarnat en la Comarca Lagunera en apenas tres meses. Se enfrentó nuevamente en agosto del mismo año a la oposición ciudadana de pobladores de más de 20 comunidades que junto con la REMA conformaron el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.

Miembros de la comunidad El Siete presentaron una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Sala Regional del Norte en Torreón. Foto: Merino Lubetzky, Pop Lab

El descontento se despertó en las comunidades porque Chemours las invisibilizó en la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, diciendo a la Semarnat que en un radio de 5 kilómetros no había poblaciones que pudiesen ser afectadas por la planta de cianuro. Semarnat, pese a estar obligada a verificar lo expuesto por la empresa, no lo hizo y emitió un autorización infundada.

“La autorización de fecha 8 de mayo de 2017, contenida en el Oficio Nº SGPA/DGIRA/DG03273, nunca debió concederse ya que la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por The Chemours Company contiene múltiples irregularidades que incumplen con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) pues presenta información inconsistente, incompleta, omisa y, en consecuencia, falsa, con relación a los impactos ambientales, a los documentos y a las fuentes consultadas, así como a los riesgos a la salud pública”, dice el comunicado de la REMA.

Según lo expuesto por la REMA, la actual resolución “nos devuelve a marzo del 2017 y coloca al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en una mejor posición para combatir, desde el inicio, al Proyecto Chemours Laguna”.

ORIGEN DE LA DEMANDA DE NULIDAD

En agosto 2017 miembros de la comunidad El Siete presentaron una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Sala Regional del Norte en Torreón. En esta propusieron diez conceptos de impugnación —diez razones jurídicas, dice Gustavo Lozano de REMA—, por los que se tendría que declarar la nulidad del proyecto Chemours Laguna.

Ni la falta de permisos detuvieron a Chemours Company para construir en la clandestinidad durante todos esos meses. Foto: Alonso Merino Lubetzky, Pop Lab

El proceso de resistencia de las comunidades, motivados por la parálisis del Tribunal, desembocó en un episodio de brutal represión policiaca que marca al Frente Unido hasta el día de hoy. El 09 de marzo de 2018 más de 400 habitantes de las comunidades El Siete, Dinamita, La Aurora, El Volado, Las Américas y Abisinia —según el portal _Raza Cero_— montaron una manifestación pacífica sobre la carretera que lleva a las instalaciones de la planta. En la manifestación participaron niñas, niños y adultos mayores.

Ante la exigencia pacífica del derecho a la salud y a un medio ambiente sano, las autoridades de Durango respondieron con violencia. El Director de Atención Ciudadana del Municipio de Gómez Palacio, Jaime López, bajo el cobijo del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro y de la exalcaldesa Juana Leticia Herrera Ale, coordinó la represión de la protesta con agentes antimotines que allanaron viviendas, destruyeron propiedades, comercios y autos, robaron mercancías y realizaron detenciones arbitrarias fuera de todo protocolo en el uso de la fuerza.

El tribunal tardó siete meses para admitir la demanda del Frente Unido, para luego declararse incompetente en Materia Ambiental enviándola a la Sala Especializada donde la aceptaron hasta abril del 2018, semanas después de la represión del emblemático 09 de marzo, donde las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales, dejaron más de 20 heridos, alrededor de 50 gomezpalatinos encarcelados ilegalmente y mil personas agredidas por la policía.

En mayo de 2020, Chemours anunció la renovación de las obras, así como una inversión de 240 millones de dólares en la primera fase, derivado de un fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Alonso Merino Lubetzky, Pop Lab

Es en abril de 2018, admitida ya la demanda en la Sala Especializada en Material Ambiental, cuando comienza de manera formal el proceso judicial contra la Semarnat por haber otorgado indebidamente y sin justificación la Autorización de Impacto Ambiental a Chemours para la construcción de la planta de cianuro.

De acuerdo con Gustavo Lozano de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería (REMA), “durante dos años la empresa estuvo intentando entorpecer el proceso”, ralentizando el juicio en su favor y haciendo tiempo para finalizar los trabajos de construcción. Chemours, al participar en el juicio, desconoció el derecho al acceso a la justicia de los demandantes que habitan El Siete, comunidad vecina de la planta, alegando una vez más la inexistencia de afectados directos.

CHEMOURS SIGUE OPERANDO

Luego de la represión, Víctor Manuel Pinedo Ledesma, representante legal de Pro Defensa del Ciudadano A.C. presentó un amparo en contra de la violación a derechos colectivos, humanos y ambientales por parte de autoridades estatales y municipales debido al conflicto en torno a la planta de cianuro. En el mapa legal, existe un amparo más promovido por el Ejido El Volado con una suspensión a favor de los pueblos.

Derivado del amparo de Pinedo, se decretó la suspensión del proyecto en marzo de 2018, la cual duró hasta agosto de 2019, cuando el Tribunal Colegiado de Torreón la revocó, según la información de los medios de la región de la Laguna.

En mayo de 2020, Chemours anunció la renovación de las obras, así como una inversión de 240 millones de dólares en la primera fase, derivado de un fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde esta resuelve otro aspecto del amparo en su favor.

La demanda de amparo contra autoridades de todos los niveles de Gobierno, sin embargo, logró que al haberse concedido la suspensión del proyecto los permisos municipales otorgados caducaran tornando ilegal la construcción y operación de la planta.

No obstante, ni las suspensiones definitivas, ni la falta de permisos detuvieron a Chemours Company para construir en la clandestinidad durante todos esos meses, según informan pobladores del Frente Unido. Al ver que las obras continuaba, el Frente montó un plantón desde el 23 de julio justo en los accesos de la planta, el cual persistirá hasta que la empresa se vaya, según dijeron en el campamento los pobladores.

“Hasta los perros guardianes de Chemours se sumaron al Frente Unido y ahora nos cuidan a nosotros”, dijo Nino, habitante de Dinamita y miembro del Frente Unido de los Pueblos de la Laguna.

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