Autora: Karla Motte
En 1964 se dio a conocer una escalofriantes noticia: habían descubierto una extensa red de tráfico de mujeres con presencia en varios estados de la República, en la que además de explotación sexual se habían perpetrado múltiples asesinatos y actos atroces en contra de más de noventa jovencitas que fueron raptadas, ultrajadas y esclavizadas. La avalancha mediática en torno a este caso ocurrió después de que dos de las víctimas lograron escapar y llegaron hasta la comandancia de la policía en León, Guanajuato, lugar en donde narraron lo sucedido dando inicio a un largo juicio en contra de las proxenetas y algunos cómplices.
Los reporteros de diversos periódicos no sólo siguieron detalladamente cada episodio del juicio, sino que por la naturaleza del hecho se suscitó un fenómeno periodístico sin precedentes, pues se avivó el escarnio público mediante la franca invención de situaciones que aderezaron la historia alimentando el morbo público. Así, este caso de por sí enormemente escandaloso fue adquiriendo rasgos extraordinarios para la opinión pública –como supuestos actos satánicos y quema de fetos- que lo llevaron a prevalecer en la memoria colectiva y llegar incluso hasta la sátira literaria en el libro Las muertas del escritor Jorge Ibargüengoitia, al cine con el filme “Las Poquianchis” dirigido por Felipe Cazals y al teatro con la ópera cómica “Serafina y Arcángeles”.
La red de explotación estaba regenteada por tres hermanas: Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela, originarias del estado de Guanajuato a quienes se les conoció como “Las Poquianchis”, en alusión al nombre de uno de los prostíbulos que administraban. Desde la década de 1950 comenzaron a secuestrar jovencitas en situación de marginación y pobreza, y llegaron a tener burdeles en los estados de Jalisco, Querétaro, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Coahuila.
Durante el juicio las hermanas González Valenzuela se mostraban como devotas católicas que justificaban sus acciones diciendo que no permitían “actos inmorales” en sus burdeles, al tiempo que poco a poco se fueron destapando los numerosos crímenes que cometieron. Todo ello alimentó el amarillismo de la prensa y el semanario Alarma!, uno de los medios de nota roja más explícitos, cubrió detalladamente el caso y gracias a eso selló su permanencia en este género periodístico llegando a aumentar su tiraje de 140 000 a 500 000 ejemplares.
Tras las investigaciones y pesquisas se condenó a Delfina, María de Jesús y María Luisa a 40 años de prisión por los delitos de lenocinio (Casa, inmueble o domicilio en el que se ejerce la prostitución.), secuestro y homicidio calificado; se consignó a trece mujeres más por colaborar con la red de prostitución y a once hombres como cómplices por prestarles servicios. En la época aun no existía una legislación en materia de trata de personas, pues a nivel mundial ésta se consolidó hasta el año 2000 con la Convención de Palermo convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que estableció los lineamientos internacionales para combatir este flagelo social. En México la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se aprobó seis años después, aunque su contenido y aplicación ha suscitado críticas y polémicas.
En su momento el caso de las Poquianchis puso de manifiesto la existencia de un alto nivel de impunidad, corrupción y colusión de autoridades locales que a sabiendas de los crímenes, solaparon la red de explotación durante más de diez años. Además, dejó ver una realidad soterrada en México que contrastaba con un discurso público donde prevalecía el conservadurismo, la moralidad católica y una idea oficial de progreso económico y social.
Publicado por Wikimexico / Especial para SinEmbargo
