Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).– La tarde del viernes 2 de enero, Moisés Sánchez Cerezo se encontraba dormido en su domicilio de la colonia Gutiérrez Rosas, en el municipio de Medellín del Bravo, Veracruz. Un grupo de al menos nueve hombres fuertemente armados arribó a su domicilio a bordo de tres automóviles, tres de los sujetos entraron hasta su cuarto y se lo llevaron, relató su hijo Jorge Sánchez.

Su caso ha movilizado nuevamente a los periodistas veracruzanos y de varias ciudades del país, quienes hace casi un año protestaban también, primero exigiendo la aparición con vida del periodista Gregorio Jiménez, secuestrado por hombres armados en su domicilio el 5 de febrero de 2014. Seis días después, el 11 de febrero, esos reclamos arreciaron luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informara el hallazgo del cuerpo del comunicador en una fosa clandestina.

El caso de Moisés Sánchez puso nuevamente en evidencia la crisis de inseguridad que vive la prensa en Veracruz, que es la entidad más violenta para ejercer el periodismo en México, según organizaciones civiles nacionales y extranjeras, así como periodistas.

El hijo de Sánchez Cerezo detalló que su padre fue secuestrado alrededor de las 19:30 horas de ese viernes, junto con su computadora, su cámara fotográfica y varios celulares.

“Todo fue tan rápido pero sabemos [que se lo llevaron] por su trabajo periodístico, porque se lo llevan con su equipo y no se llevaron dinero ni nada”, denunció Jorge Sánchez.

Moisés es, hasta el momento, el quinto periodista desaparecido en Veracruz, y el cuarto en lo que va de la administración del Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa. Sin embargo, ayer, durante el transcurso del día versiones extraoficiales destacaban que el periodista habría sido encontrado muerto desde el pasado lunes; esa información no ha sido confirmada por la Procuraduría General de Justicia local.

De acuerdo con la organización internacional Artículo 19, del 2000 a la fecha en Veracruz se ha asesinado al menos a 15 periodistas, homicidios que podrían estar relacionados con la labor periodística de las víctimas.

Durante el mandato del priista Javier Duarte de Ochoa, la situación se ha agravado. Artículo 19 contabiliza los homicidios de 10 periodistas de diciembre de 2010 a la fecha.

Los años más violentos para los periodistas en la entidad han sido 2011 y 2012, los primeros del gobierno de Duarte. En 2011 se registraron al menos cuatro asesinatos de periodistas, mientras que en 2012 se documentaron cinco.

Y no sólo las cifras muestran la realidad en Veracruz, también los periodistas del estado lo han denunciado en diversas ocasiones.

Mussio Cárdena Arellano, periodista y analista político de Coatzacoalcos, denunció que en la entidad, el gobierno, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, no quiere que la prensa dé a conocer la realidad que se vive: una deuda histórica que cada día crece mes más y que genera crisis en la sociedad.

Por ello, aseguró, “hay un control económico muy fuerte a través del convenio de publicidad, con los medios. Hay periodistas que son millonarios gracias al dinero del gobierno del estado”.

“Aquí se crean publicaciones que están para aplaudirle al Gobernador, y esto viene desde la época de Fidel Herrera Beltrán. Se le aplaude a un Gobernador, se le aplaude a los funcionarios de gobierno, y se vuelven unos magnates del periodismo. Muchos de esos medios no están en manos de periodistas, son industriales del periodismo, y hasta los políticos, son dueños de medios de comunicación”, dijo Cárdenas Arellano en entrevista con SinEmbargo.

Por otro lado, comentó, a los periodistas críticos de la entidad, se les secuestra, se les desaparece, se les acosa.

Ayer, en medio de la desaparición del periodista Moisés Sánchez, Sayda Chiñas Córdova, periodista también de Coatzacoalcos, denunció que el jueves la despidieron del diario Notisur, donde laboraba desde hace cinco años, debido a su activismo y por exigir justicia para su compañero Gregorio Jiménez en 2014, y ahora, para Moisés Sánchez.

La también reportera del diario La Jornada, quien hace unos días dijo a este medio que en Veracruz “mucha de la presión viene por parte del Estado”, denunció que debido a las manifestaciones en las que ha participado, por su activismo en redes sociales e incluso por denunciar la realidad que vive el periodismo veracruzano en entrevistas con diversos medios, ayer le dieron “las gracias”, justificando que ya no daba resultados periodísticos.

Sayna Chiñas llevaba cinco años y seis meses como Coordinadora de información de Notisur y ayer, sin más explicaciones, la despidieron. Ella aseguró que los dueños del diario están ligados a actores políticos, específicamente, al Alcalde Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, y al Delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el municipio, el también ex Alcalde Marcelo Montiel Montiel.

Sobre el tema, Mussio Cárdenas columnista y colaborador en varios medios locales, como Plumas Libres, comentó que el gremio periodístico en Veracruz está contaminado por políticos y por empresarios.

“Aquí se crean publicaciones que están para aplaudirle al Gobernador, y esto viene desde la época de Fidel Herrera Beltrán. Se le aplaude a un Gobernador, se le aplaude a los funcionarios de gobierno, y se vuelven unos magnates del periodismo. Muchos de esos medios no están en manos de periodistas, son industriales del periodismo, y hasta los políticos, son dueños de medios de comunicación”, detalló.

Por ello, dijo, cuando periodistas le dan voz a los problemas sociales de la entidad se ponen en un riesgo, que se ve traducido en un acoso permanente, el cierre de puertas en otros medios y, en algunos casos, el “levantón como sucedió hace un año en Coatzacoalcos, con Gregorio Jiménez, y en el caso de Moisés Sánchez”.

O también, añadió, como ahora con el despido injustificado de Sayna Chiñas, el cual se debió “al activismo de la periodista que ha mantenido en casos como los de Gregorio Jiménez”.

Ambos periodistas coincidieron que en las agresiones contra su gremio en Veracruz hay una fuerte presencia de la “mano del gobierno”.

Cárdenas Arellano dijo que en el caso de Moisés Sánchez, “hay detenidos 36 policías, hay dos evadidos, y se señala al Alcalde de Medellín del Bravo, el panista Omar Cruz Reyes”.

Sobre el caso del periodista desaparecido, Mussio Cárdenas recordó que el hijo del periodista de Medellín del Bravo denunció la amenazas que su padre había recibido tres días antes de ser secuestrado. “Le dijeron que el Alcalde le iba a dar un susto”, por ello consideró que en el caso está involucrado el Edil de extracción panista, “quien ya había pactado con el Gobernador Javier Duarte, estaba en su esfera”, así como la policía.

“Hay evidencias de que los policías, incluso lo dijo el Procurador del estado, fueron quienes lo levantaron. Estamos hablando de una desaparición forzada”, aseveró el columnista.

Recordó que en el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, quien fue hallado muerto el 11 de febrero de 2014, la versión oficial fue que su asesinato se debió a un pleito entre vecinos.

“Estamos hablando de dos cuartadas semejantes, en las cuales le quieren quitar al trabajo profesional de ambos periodistas, la etiqueta de que los violentaron por lo que escribían.

Esa es una tendencia que trae el gobierno de Javier Duarte, de no aceptar que a los periodistas los están matando por su actividad periodística.

Son las autoridades del estado las que en las averiguaciones previas tratan de evitar que se exhiba que al periodista en Veracruz se le mata por su actividad profesional, acusó.

“Trataron de hacer lo mismo con Regina Martínez, fue una situación similar”. Sin embargo recordó que fue la propia periodista –quien fue asesinada el 28 de abril de 2012– la que documentó que a su casa habían entrado a robar dos veces antes de su muerte.

El gobierno estatal, afirmó el periodista, es uno de los principales responsables de la manera en cómo se trata a la prensa en Veracruz. “El Gobernador del estado lo primero que hizo, en el caso de Moisés, fue decir que no era periodista, que no era reportero, que era taxista”.

Sánchez Cerezo se dedicaba a manejar un taxi para mantener a su familia, expuso: “Él vive de su taxi y lo que le sobraba le servía para imprimir sus periódicos”.

En tanto, Sayna Chiñas denunció que en Veracruz “hay un acoso por parte del Estado, sobre todo a aquello que en redes sociales, les hablan a tus jefes y les dicen que los bajes. O les hablan a tus jefes y les dicen que le bajes”.

Chiñas dijo que ese tipo de acciones se dan por parte de los funcionarios encargados de la Comunicación Social del Gobernador, y de los propios Ayuntamientos. Todo esto, dijo, es operado por las policías municipales, que son las que más afectan al trabajo y a la integridad de los periodistas en esa entidad.

“Incluso ahorita hay un esquema, desde que entró el Mando Único, de que no nos podemos acercar [a los lugares de los hechos]. Hay vigilancia, nos toman fotos. Ya hacen otras labores de inteligencia, como ellos le llaman, que para nosotros no es otra cosa sino acoso”, denunció.