Varias organizaciones globales, entre ellas Médicos sin Fronteras (MSF), han lanzado una campaña mundial para presionar a los gobiernos del mundo a que acepten la propuesta de liberar la patentes de las vacunas y medicamentos necesarios para proteger, curar y salvar el mayor número de vidas posibles. Foto: Jae C. Hong, AP.

Estamos en el pico más alto de contagios de COVID-19 desde que comenzó la pandemia hace un año en Wuhan, China, y en medio de una de las crisis sanitarias más severas y difíciles que ha enfrentado la humanidad, las esperanzas se están depositando en producir, distribuir y aplicar lo más rápido las vacunas que ya han mostrado efectividad para prevenir el contagio del virus. Pero aún en medio de esta catástrofe sanitaria, el capitalismo reacciona como es su naturaleza: obteniendo ganancias y lucro de la crisis de salud.

Si de verdad se quiere ganar terreno frente a la pandemia a lo largo de este año, debe haber una producción y distribución equitativa y suficiente para que la mayoría de los países apliquen la vacuna a la mayor cantidad de su población posible. Pero esto no está ocurriendo por dos razones: una es la concentración en los contratos de compra de vacunas que están acaparando los países ricos como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, mientras dejan en la cola del acceso a estos reactivos a los países pobres.

El otro aspecto, igual de preocupante y aberrante, es que los laboratorios dueños de la propiedad intelectual de vacunas, medicamentos e implementos necesarios para combatir la COVID-19 se niegan a permitir que se liberen las patentes para que las naciones con menos recursos puedan tener acceso pronto y a bajo costo a estos recursos que pueden salvar millones de vidas de sus poblaciones.

En una postura que sólo puede calificarse de mezquina, los gobiernos de países ricos, que son las sedes de los mayores laboratorios médicos del mundo, se niegan a aceptar una propuesta presentada oficialmente por la India y Sudáfrica ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) el pasado 2 de octubre para que se apruebe “una excepción temporal a la obligación de respetar las patentes registradas en relación a productos esenciales para terminar con la pandemia”. Lo que se pide es que se acepte este propuesta durante el tiempo que tome que la humanidad desarrolle una inmunidad colectiva, alrededor de 70 por ciento de la población mundial. La propuesta lanzada por la India y Sudáfrica fue suscrita posteriormente por Kenia, Eswatini, Pakistán, Mozambique y Bolivia y en total es avalada por 99 de 164 países suscritos a la OMC. México no aparece entre ellos.

Del lado contrario, se oponen a que se liberen las patentes o propiedad intelectual de las vacunas, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea. Estos gobiernos respaldan el argumento de las farmacéuticas de que liberar las patentes atenta contra un sistema de financiación de investigaciones por parte de los laboratorios privados. Pero en realidad la mayor parte del financiamiento para investigar y dar con las vacunas que ahora se están probando provino de los gobiernos, es decir, dinero de las sociedades.

De hecho, se estima que se invirtieron unos 13.900 millones de dólares (mdd) en el proceso de investigación sobre las vacunas contra COVID-19, de los cuales los gobiernos pusieron 8,600 mdd (63 por ciento), ONGs 1,900 mdd (12.6 por ciento) y las empresas 3,400 mdd (24.4 por ciento), según datos de la empresa de análisis de datos científicos Airfinity citados por la BBC.

Eliminar o suspender los derechos de propiedad intelectual sobre las patentes permitiría acceder a productos farmacéuticos y facilitaría el desarrollo y la producción de una cantidad mayor y a precio más bajo de pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19.

Un ejemplo es el del medicamento remdesivir, útil en el tratamiento de algunos pacientes contagiados por COVID.19. En junio de 2020 el laboratorio que lo produce, Gilead, anunció que el medicamento tendría un precio de más de 2,340 dólares (unos 46,800 pesos) por tratamiento de cinco días, sin embargo, una investigación independiente mostró que el tratamiento tiene un costo de producción de apenas 9 dólares (180 pesos), según un comunicado de Médicos sin Fronteras de octubre pasado.

Otro ejemplo de cómo las patentes encarecen de modo estratosférico los medicamentos o implementos necesarios para salvar vidas son las válvulas de reemplazo de los ventiladores mecánicos que son vendidas por los fabricantes que tienen la propiedad intelectual hasta en 11,000 dólares cuando ingenieros italianos las construyeron mediante impresoras 3D en 2 o 3 dólares cada una. Los ingenieros que tomaron esta iniciativa en el primer momento más alto de contagios en Italia fueron amenazados legalmente por facilitar el acceso a implementos necesarios en ese momento para salvar vidas. Este y otros ejemplos fueron documentados por Médicos sin Fronteras en diciembre pasado.

El ejemplo histórico de cómo los derechos de propiedad intelectual sobre patentes de medicamentos no sólo encarecen su acceso sino que cuestan vidas humanas es el tratamiento de los contagiados con VIH. Hace 20 años un tratamiento de patente original llegaba a costar hasta 10 mil dólares. Debido a su encarecimiento en aquella ocasión también se aliaron India y Sudáfrica (y posteriormente se sumó Brasil) para producir medicamentos genéricos que apenas costaban 400 dólares, lo que permitió su acceso generalizado en varios países del mundo. Previo a ese paso, se estima que 11 millones de personas murieron en el África Subsahariana antes de que esas medicinas salieran al mercado y al momento en que los países más pobres pudieron acceder a ellas en su versión genérica, según un despacho de la agencia EFE publicado en diciembre pasado.

De ahí la importancia de que ahora en esta terrible crisis sanitaria por la que atraviesa, literalmente, todo el mundo, los países ricos y los dueños de la propiedad intelectual de vacunas, medicamentos y otros implementos necesarios para tratar esta pandemia sean obligados a eliminar las patentes para permitir su acceso generalizado, suficiente y a bajo costo para toda la humanidad.

La propuesta de la India, Sudáfrica y otros países iba a ser analizada por un comité de propiedad intelectual de la OMC el pasado 18 de diciembre, sin embargo, ante la falta de consenso (claramente hay dos bloques), se pospuso la decisión para este mes de enero.

Varias organizaciones globales, entre ellas Médicos sin Fronteras (MSF), han lanzado una campaña mundial para presionar a los gobiernos del mundo a que acepten la propuesta de liberar la patentes de las vacunas y medicamentos necesarios para proteger, curar y salvar el mayor número de vidas posibles. En esta grave crisis sanitaria debe exigirse, al menos, una pandemia sin patentes y que las vacunas sean consideradas bienes comunes universales no mercancías para lucrar y obtener ganancias.