Por Marcos Vizcarra, especial para SinEmbargo

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo/Noroeste).– Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, no fue aprobado por la Evaluación de Control y Confianza y, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debió haber sido despedido desde el pasado el 31 de octubre.

Pero “Chuy Toño”, como se le conoce, sigue allí.

En respuesta a la solicitud de información del periódico Noroeste con folio 0001700302414, a través del sistema Infomex, la Procuraduría General de la República (PGR) contestó que Aguilar Íñiguez no está aprobado en sus exámenes, situación que lo obligaría a iniciar proceso administrativo para darse de baja de la corporación.

“La misma [solicitud] se turnó para su atención al Centro de Evaluación y Control de Confianza, la cual en atención a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, comunicó que en el Proceso de Evaluación de Control de Confianza practicó a la persona mencionada en su solicitud, resultó No Aprobado”, respondió la dependencia.

El artículo 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que ningún policía de cualquier corporación puede estar en funciones si no tiene aprobado la evaluación de Control y Confianza, máxime si es un mando policiaco.

El 30 de octubre de 2014, 3 mil 798 policías de corporaciones estatales y municipales fueron inhabilitados para iniciar su proceso administrativo, debido a que así lo estableció el programa de depuración policiaca, lo que generó inconformidades de elementos que fueron despedidos, quienes incluso organizaron marchas y plantones para pedir otra oportunidad.

Esta no sería la primera vez que Aguilar Íñiguez resulta No Aprobado para ser policía, pues en enero de 2011 obtuvo el mismo resultado, por lo que Mario López Valdez, Gobernador, solicitó segunda evaluación, misma que se aplicó en abril de ese año. El resultado fue el mismo. Noroeste solicitó una entrevista telefónica con Aguilar Íñiguez para conocer su versión, en la que sólo aseguró que su trabajo ha dado resultados.

–El documento dice que usted no está aprobado.

–Pues quién sabe, pero aquí estoy trabajando, ¿eh?

–¿Eso no afecta a la corporación?

–Pues yo digo que no, aquí ando, ya tengo 4 años y con resultados, ahí están los resultados, es lo único que te puedo decir, luego te marco… –colgó la llamada.

De acuerdo con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el 7 de mayo de 2013, Aguilar Íñiguez volvió a realizar la evaluación en esa entidad. Pero el resultado que mantiene la PGR es el de No Aprobado.

El Gobierno de Sinaloa desacata la ley y los acuerdos federales al mantener a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez como director de la Policía Ministerial del Estado, aun y cuando reprobó el examen de control y confianza, aseguró Raúl Guillermo Benítez Manaut. Además, dijo el presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C., pone bajo sospecha al Gobernador Mario López Valdez por encubrir al mando policiaco.

Noroeste documentó que Aguilar Íñiguez no aprobó el examen de evaluación de Control y Confianza, por lo que está obligado a dejar su cargo e iniciarle un proceso administrativo como lo tienen 3 mil 789 policías ministeriales, estatales y municipales por esa misma razón, luego de que así lo decretó la Presidencia de la República en el Programa de Depuración Policiaca.

En respuesta a la solicitud de información realizada por el medio con folio 0001700302414, a través del sistema Infomex, la PGR contestó que Aguilar Íñiguez no está aprobado en sus exámenes, situación que lo obligaría a iniciar proceso administrativo para darse de baja de la corporación.

“La misma (solicitud) se turnó para su atención al Centro de Evaluación y Control de Confianza, la cual en atención a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, comunicó que en el Proceso de Evaluación de Control de Confianza practicó a la persona mencionada en su solicitud, resultó No Aprobado”, respondió la dependencia.

“El Estado en sí no está en un riesgo mayor o menor si ese señor [Chuy Toño] sigue allí, lo que pasa es que no está en favor esto ni de la profesionalidad ni de los acuerdos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene en las comisiones que plantean el Control y Confianza, ni nada por el estilo”, expresó Benítez Manaut.

Sostuvo que la falta de sanción por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública al Estado pone en evidencia una señal de corrupción, luego de que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad obliga a que los policías reprobados dejen las corporaciones.

No obstante, esta legislación, donde se incluye el decreto de Depuración Policial, no señala sanción alguna a las entidades por caer en desacato, solo que el Secretariado Ejecutivo debe hacer una aclaración correspondiente en abril de este año.

“Es un desacato tremendo de los acuerdos federales, de los acuerdos de la Conago que tiene la Federación, y también pone en duda las políticas que toma el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque muchos gobernadores no acatan las políticas de Control y Confianza”, expresó.

El Gobernador resaltó ayer el trabajo realizado por “Chuy Toño” y anunció que seguirá al frente de la PME a pesar de haber reprobado.

Por su parte, el Procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, desconoció el resultado de No Aprobación en la evaluación de Control y Confianza que tiene Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado, ante PGR.

El funcionario dijo que no está informado sobre el resultado de la evaluación, al asegurar que no pertenece a su cadena de mando. Sin embargo, señaló que los policías que no están aprobados en la evaluación y que iniciaron un proceso administrativo el 31 de octubre, aún se mantienen en funciones y con su pago correspondiente al estar amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Para Benítez Manaut, la declaración de López Valdez es de encubrimiento, que pone incluso bajo sospecha su relación y mando en un contexto donde estados como Guerrero y Michoacán han tenido repercusiones en la seguridad por tener directivos no aptos y no aprobados ante los filtros de la federación.

“El problema es que da mucho a qué sospechar, de que el Gobernador también esté participando en las relaciones que tiene con este señor, pues la contundencia con que él lo defiende abre muchas dudas, nos deja la señal de interrogación”, señaló.